El
periodista guerrerense Kau Sirenio Pioquinto registra la voz valiente de
Gonzalo Medina, ex promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Guerrero,
quien usa la memoria como herramienta contra el olvido y cuenta la dolorosa
lucha de un proyecto de seguridad autogestora combatido por el Estado mexicano.
En este ejercicio de recoger la voz de los de abajo, Sirenio Pioquinto devela
una de las claves de una ecuación crucial en este México de miedo: ¿es legítimo
armarse de manera comunal cuando la corrupción e incompetencia del estado no
permite proveer protección y seguridad a los ciudadanos, sobre todo a aquellos
habitantes de las regiones marginadas del país?
Lleva
horas sentado en la cama. Cuando el cansancio lo somete, apoya los brazos en la
pared para empujarse y ponerse de pie. Camina unos pasos, dos o tres cuando
mucho, y regresa a su asiento. Desde allí cuenta sus vivencia en las cárceles
(Oaxaca, Altiplano y Chilpancingo), sin omitir cómo fue torturado cuando la
policía del Estado lo aprehendió en Tixtla.
Gonzalo
Molina habla y habla con el reportero antes de que su memoria lo traicione y se
olvide de por qué está allí confinado en una celda de dos por tres metros,
donde sólo cabe una cama, una silla, un garrafón de agua y una repisa donde
tiene apilados sus archivos.
Al
volver a su asiento el ex promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo
Molina González, estira su brazo a la mesa para coger la bolsa de cacahuates
que ofrece a sus visitas, con quienes platica de su reclusión.
“Cuando
llegué a Oaxaca fui catalogado como reo de alta peligrosidad; por eso cuando
había diligencia en los juzgados, el Ejército, la Marina y la Policía Federal
montaban operativo especial, no permitían que se me acercaran mis familiares;
además, me sacaban con chaleco antibalas, durante el traslado me hincaban sobre
la carrocería de las patrullas, o tirado bocabajo con las esposas puestas”.
Agrega:
“Como era de alta peligrosidad, me tuvieron aislado durante dos meses; en ese
tiempo estuve incomunicado, no podía hablar por teléfono; tampoco había
comunicación con la población del penal. Después de dos meses me ingresaron con
la población. Sentí que ahí recobré mi libertad, porque la población me trataba
bien, podía hablar por teléfono una vez cada 15 días; además, podía escribir,
aunque era muy limitado porque apenas tenía derecho a dos hojas y cuatro
timbres postales”.
Mientras
platica muestra las muñecas de sus brazos para enseñar las cicatrices que aún
les quedan. De un estirón se levanta para extraer de la repisa una copia del
amparo que sus abogados tramitaron en contra de su traslado al penal de mediana
seguridad de Oaxaca, después a El Altiplano, Almoloya, Estado de México.
Entre
los recuerdos de su encarcelamiento, Gonzalo Molina revive las torturas a que
fue sometido por la policía federal y su huelga de hambre en El Altiplano para
demandar su traslado a Chilpancingo.
–Cuando
decidí entrarle a la huelga de hambre, le pedí a mis compañeros en el penal que
me apoyaran con la huelga. El apoyo que les pedí fue que de ninguna manera
subieran comida, nada de eso porque si me sorprenden comiendo se viene abajo mi
lucha.
–¿Qué
pasó después de que tuvo el apoyo que pidió? –le pregunto.
–Sí.
Ellos me apoyaron mucho, eso fue lo que me animó a seguir con mi demanda.
En
la otra esquina de la celda, su esposa, Ausencia Honorato Vázquez, permanece en
silencio. Ella lo visita desde que él llegó al reclusorio de Chilpancingo el 7
de junio.
Entre
la plática, Molina evoca: “Estando con la población en Oaxaca, podía estar dos
horas en el patio cada cinco días, una hora en la cancha cada 15 días; ahí
estuve seis meses. Luego me trasladan a El Altiplano, donde estuve 14 meses.
Ahí el trato es distinto: me dejan pintar, escribir y hacer ejercicio; además,
la comida está mejor; podía hacer llamada telefónica de diez minutos cada nueve
días”.
La
conversación con Gonzalo cambia de tono, cuando los recuerdos son dolorosos. El
ambiente se llena de silencio. Ni siquiera el zumbido de una mosca se escucha.
Pero cuando hay relatos alegres, todos soltamos las carcajadas.
Cuando
platiqué con Gonzalo en el reclusorio, aún no pasaban 24 horas de la fuga del
capo más buscado en México y Estados Unidos: Joaquín Guzmán Loera (El Chapo
Guzmán). Una semana antes, Molina, a través de un familiar, me hizo llegar una
invitación para platicar con él en el penal. Llegamos con el normalista de
Ayotzinapa José Ángel Sánchez Madero a mediodía. Allí, entre trámite y revisión
en la aduana pudimos entrar, no sin que antes nos decomisaran una revista
Proceso y el libro Operación mascare de Rodolfo Walsh, que le llevaba al preso
político.
Así
que la pregunta obligada en el conyugal 1 –donde se encuentra a fin de que su
esposa pueda ir diario a cuidarlo de las secuelas de su huelga de hambre– fue
la fuga del Chapo Guzmán. El Chapo no se fugó, él se salió con el apoyo
desde adentro y fuera del penal, porque
no es tan fácil escapar, por la seguridad que hay”, supone Molina.
–Gonzalo, estuviste
con los narcos más buscados en México, ¿cómo fue el trato con ellos? –lanzo otra
pregunta.
–Por
mi forma de pensar, siempre me respetaron, a pesar de que estuve con los
cabecillas de los cárteles más peligrosos del país. Cuando platiqué con ellos
les expliqué cómo es nuestro sistema de justicia comunitaria y que en el
territorio comunitario queremos paz y tranquilidad. Eso lo vieron bien ellos.
Después
de hablar de los narcos y de la violencia en Guerrero, volvimos a la plática
sobre el sistema de readaptación social que el Estado ha implementado para
contener la delincuencia organizada, pero que no ha resuelto nada.
Gonzalo
dice: “No hay readaptación; el sistema de readaptación nunca se comparará con
el de reeducación de los pueblos. Los que han sido encarcelado salen con más
odio hacia la sociedad porque nunca interactuaron, cada quien en lo suyo; así
no se puede”.
De
ahí, Molina saltó a su reclusión. “Mi reclusión es una estrategia del gobierno
para desaparecer la casa de justicia de El Paraíso; vieron que estaban en
riesgo sus intereses, por eso vino la aprehensión. El gobierno se dio cuenta de
que sus intereses estaba en peligro, por eso nos inventaron delitos federales
para aislarnos de nuestra familia”.
Agrega:
“La verdad no hay ni un delito, porque nos regimos conforme a nuestros derechos
que reconoce la libre determinación de los pueblos en la Ley 701, el artículo 2
constitucional, el convenio 169 de la OIT; a pesar de eso, ellos nos mantendrán
aquí porque aún tienen miedo”.
–Gonzalo, ¿confías
en el sistema acusatorio penal mexicano?
–No.
Por eso estamos exhibiendo a los jueces y magistrados, y no les quedará de otra
que soltarnos porque todo el mundo sabe que en México se encarcela, asesina,
persigue y desaparece, como el caso de los compañeros normalistas de
Ayotzinapa. Con este hecho se deja en claro que el gobierno es el que mata.
Luego
explica el valor documental como institución comunitaria indígena. “Nuestra
pruebas son: las actas constitutivas de las asambleas, los nombramientos y
acuerdos de la asamblea. El poder judicial no puede justificar nuestro
encarcelamiento. Ellos creen que la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitaria (CRAC) es una Asociación Civil (AC), cuando es una institución.
Todo lo que me acusan no es probatorio, no hay delito que perseguir; lo que
queremos es que el gobierno respete nuestra institución. Sólo queremos respeto
del gobierno”.
Antes
de que Gonzalo fuera encarcelado sabía de la existencia de varias órdenes de
aprehensión en su contra, pero no se paró porque dijo que hacerlo era darle la
razón al gobierno y se autoacusaría de haber cometidos los cargos que se le
imputan.
“Sabía
que había orden de aprehensión en mi contra, por eso no me escondí, porque
queríamos desmontar al gobierno que no estamos fuera del marco legal. De hecho
un día antes de mi detención estuve en un acto en el palacio de gobierno, para
recibir a un compañero comunitario que fue liberado”, agregó.
Gonzalo
reveló que se cartea con sus compañeros presos: “Tenemos derechos que nos
amparan, por eso estamos luchando para que se respete nuestra institución
comunitaria. Estamos firmes con los compañeros Nestora y Arturo, porque con
ellos nos carteamos por el amor a nuestro pueblo. Estar en la cárcel no nos
dobló, al contrario confirmó nuestra convicción, porque estamos seguro que la
reeducación es seguridad y justicia”.
–¿Le
tienes rencor al exgobernador Ángel Aguirre? –aprieto a Gonzalo con otra
pregunta.
–No.
Porque la lucha no es con Aguirre. Él es parte de este sistema; ni siquiera
contra quienes me acusaron.
“Los
que me acusaron son los mismos que tienen relación con el poder de más alta de
sistema corrompida. El sistema judicial del Estado está podrido, hay una clase
dominante que lo mantiene controlado”, complementa.
–¿Reeducarías
al exgobernador Aguirre?
–Sí.
Es más, si el pueblo se queja ante la justicia comunitaria en contra de Ángel
Aguirre, claro que sí se reeducaría conforme a nuestro sistema de justicia
indígena, para que el día de mañana sea buena persona y no cometa los mismos
daños.
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