Revolución
tres punto cero.
CIUDAD
DE MÉXICO, 03 Marzo 2016.- Nestora Salgado García, lleva dos años en prisión, y
apenas en agosto pasado dio inicio la etapa de desahogo de pruebas en las tres
causas que tiene abiertas por secuestro, privación de la libertad y robo, todas
ellas enmarcadas en su actividad como coordinadora de la Policía Comunitaria de
Olinalá.
El
31 de agosto se llevó a cabo el último de los careos sin que se presentara
ninguna de las 54 personas que la acusan, sin embargo nuevamente Salgado ha
sido notificada de dos nuevas órdenes de aprehensión por robo y homicidio, y el
28 de septiembre tendrá el primer careo con seis personas que la acusan de
secuestro, mediante una videoconferencia desde Olinalá, informó su abogado
Leonel Rivero Rodríguez.
Con
estas acusaciones se suman ya cinco órdenes de aprehensión contra la luchadora
social que está en el penal de Tepepan en la ciudad de México, y otra sigue
pendiente de ejecutar, para incluir a una persona que estuvo detenida en la
Casa de Justicia de El Paraíso, liberadas por policías y soldados en agosto de
2013, y que por omisión del juez no se integró a la primera demanda.
Anteriormente
ya se había acusado a los jueces de Tlapa, asegurando que “están obstaculizando
el proceso”. “No han enviado las citaciones a los denunciantes y esto dilatará
la permanencia en prisión de Nestora”.
Sobre
la audiencia del próximo 28 de septiembre los defensores dijeron “es la primera
oportunidad para que Nestora ejerza su derecho a defensa y podamos
interrogarles.
Algunos
de estos ofendidos han declarado ante los medios de comunicación que es una
secuestradora, pero no lo han hecho frente a un juez, por lo que es importante
que les podamos preguntar y que ella les pueda carear para que se reviertan las
acusaciones”.
Fue
apenas este viernes que la jueza segunda de Tlapa remitió la orden de
aprehensión por robo y privación ilegal de la libertad contra Salgado García,
un juez de Huamuxtitlán notificó otra orden de aprehensión por homicidio
calificado. Y se dará inicio a Detallar los casos una vez que revisen los
expedientes.
En
el próximo careo están citados tres menores de edad sometidas a “reeducación”
por la Policía Comunitaria, y sus padres, que acusaron a Salgado García de
secuestro. Ellos pidieron que la audiencia se desahogara mediante una
videoconferencia, bajo el argumento de que no tenían dinero para trasladarse a
la Ciudad México.
Rivero
Rodríguez denunció que la jueza primera de lo penal de Tlapa, Leonor Mojica
Arroyo, sin constatar la falta de recursos de las familias, determinó que las
audiencias se celebraran de forma virtual.
La
defensa interpuso un recurso de revocación de la decisión de la jueza, porque
consideró que debió constatar que efectivamente había un impedimento económico,
y de confirmarlo tuvo que recurrir a la Ley General de Víctimas que tiene un
fondo para cubrir esos gastos.
A
esta denuncia se le sumó que la juez tampoco ponderó los derechos de su clienta
a carearse de viva voz con quienes la acusan, sin dejar de lado que las
presuntas víctimas también tienen derechos y sostuvo que las adolescentes y sus
padres se han trasladado a la Ciudad de México más de una vez para denostar a
luchadora social, junto a la organización Alto al Secuestro, que encabeza la activista de derecha Isabel Miranda de
Wallace.
Asimismo
aseguró que la defensa de las menores son los abogados particulares de Alto al
Secuestro afirmando, “evidentemente ellas están en su derecho de nombrar a sus
representantes, pero esto no le puede quitar el componente político y generar
mayor fricción”.
El
desempeño de la jueza en este caso ha sido severamente cuestionado debido a las
distintas decisiones que afectan la defensa de Nestora, entre éstas, señala el
abogado, que la jueza se negó a dar trámite a una apelación para anular todos
los procesos de la causa número 5/2013, porque salgado García no recibió
asistencia consular como ciudadana estadunidense.
La
juez estimó que Salgado García debió decir al juez que tenía doble nacionalidad
México-Estadunidense, pero “lamentablemente la jueza no está actualizada en el
cuanto a jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh),
que a petición del Estado mexicano emitió una opinión consultiva, en el sentido
de que son las autoridades que tienen
bajo su resguardo a un extranjero, el Estado tiene la obligación de cerciorarse
de que sí es extranjero, y debe darle a conocer sus derechos”, en este caso
denunció que ni siquiera se estableció
la nacionalidad de Salgado en sus datos generales.
También
informó que el 30 de septiembre habrá una audiencia en la primera sala penal de
Chilpancingo, para atender una denegada apelación que interpusieron las
presuntas víctimas contra el traslado de Nestora Salgado del penal de máxima
seguridad de Tepic, Nayarit, al de la Ciudad de México.
Nestora
Salgado fue detenida sin orden de aprehensión el 21 de agosto de 2013 mediante
un gran operativo militar que ella misma narró en directo a través de la radio
de la Universidad Autónoma de Guerrero.
Fue
trasladada a la PGR de Chilpancingo, de ahí en helicóptero a Acapulco, y
momentos después en un avión privado al penal federal de Tepic, en Nayarit. “Se
le envió a mil kilómetros de distancia con una simple orden administrativa
girada entre el secretario de Seguridad Pública de Guerrero y el comisionado
del órgano administrativo de los reclusorios federales; ni siquiera a través
del fiscal estatal”, acusó su abogado.
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