Dichas empresas operaban bajo la protección del Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Exfuncionarios del gobierno de Chihuahua confirmaron que los desvíos serían con fines electorales para las campañas priistas de 2016
Alrededor de 650 millones de pesos fueron desviados por autoridades de siete estados a 12 empresas fantasmas, mismas que estarían vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal en favor de campañas electorales del PRI en 2016.
Según testimonios ministeriales, referidos por el diario Reforma, dichas empresas operaban bajo la protección del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en ese momento era encabezado por Aristóteles Núñez, colaborador de Luis Videgaray.
Del monto total, 250 millones de pesos fueron desviados de las arcas públicas de Chihuahua y 400 millones más, hasta ahora no revelados, de otras seis entidades, presuntamente con el contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y de la Secretaría de Hacienda, en ese momento encabezada por Videgaray.
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) evidenció que en 2016, 12 empresas vinculadas recibieron transferencias equivalentes a 36 millones de dólares, en aquel año, provenientes de los gobiernos de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, todos priistas.
Además, también habrían desviado recursos del Congreso de Morelos y de la Delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México, para la denominada “Operación Safiro”, nombre que los operadores del PRI le asignaron al mecanismo con el que desviaron fondos públicos a campañas electorales de este partido.
Ricardo Yáñez, exsecretario de Educación Pública en Chihuahua y quien paga una sentencia de cuatro años de cárcel por el desvío de recursos, confirmó estas acusaciones.
Ante el Ministerio Público declaró que durante una reunión realizada en 2016 en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido le dijeron que no se preocupara, ya que las empresas fantasmas que utilizaron “estaban blindadas”.
Dicho blindaje fue “por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”.
Incluso, aseguró que el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, dijo que el dinero para los contratos simulados fue autorizado por la Secretaría de Hacienda de la Federación en acuerdo con Manlio Fabio Beltrones para que se operaran campañas electorales del PRI en otros estados.
Los mayores desvíos se habrían realizado en ese año desde las gestiones de los gobiernos de Chihuahua, con César Duarte por un total de 246 millones de pesos; Durango, con Jorge Herrera Caldera por un total de 230 millones de pesos y desde Sonora, con Claudia Pavlovich por 140 millones de pesos.
Además, el Congreso de Morelos habría transferido al menos 16.4 millones de pesos y el gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones de pesos.
También fueron localizadas operaciones de la red fantasma en el Estado de México, mientras el gobierno era encabezado por Eruviel Ávila, y desde la gestión del priista Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, en la Ciudad de México, aunque con montos mínimos.
Los testimonios afirman que el dinero desviado era de origen federal, situación que coincidió con una base de datos elaborada por MCCI, en la que se comprobó que en 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) multiplicó las asignaciones presupuestales a tres de las entidades involucradas en los desvíos.
Karla Arely Jurado Bafidis, también sentenciada por el desvío de recursos públicos en Chihuahua, en su declaración ministerial coincidió en que dos de sus superiores en la Secretaría de Educación le hicieron saber que gobiernos de otros estados participaban en el financiamiento de campañas electorales del PRI.
“Dijeron que urgía que sacara ese dinero (246 millones) que se iba a utilizar para el PRI nacional y que varios estados del país también estaban aportando recursos y que a Chihuahua le tocó aportar esa cantidad”, relató en su testimonio.
Respecto a los accionistas de las empresas involucradas en los desvíos, son en realidad prestanombres, ya que se trata de habitantes de colonias populares y marginales de la capital mexicana, de quienes uno de los principales fue identificado como José Juan Saliano González, un exagente del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM).
Saliano González fue detenido por robo en octubre de 2016, junto con otros dos policías quienes también estarían asignados como beneficiarios de transferencias en la red fantasma. Además, dos hijas del expolicía estarían involucradas como prestanombres, su esposa, otros parientes y vecinos.
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