Roberto
Camps/Prensa Libre.
robertocampscortes@gmail.com
ACAPULCO,
Gro., 24 Julio 2016.- “Sr presidente, tengo a bien avisarle que han dado la
orden de matarlo, en este tiempo de clausuras y aprovechando q usted no trae
mucha seguridad, tenga cuidado xq ya pueden tener días siguiéndolo”.
Éste
fue el último mensaje que hizo público el presidente municipal de Pungarabato,
Ambrosio Soto Duarte, compartido por la periodista Urisa García a través de las
redes sociales.
No
obstante que el alcalde contaba con la protección de policías federales, pidió
ayuda adicional 14 días antes de que fuera asesinato al presidente, Enrique
Peña Nieto. No fue escuchado. Pudo haber librado el atentado de contar con un
vehículo blindado.
El
llamado de auxilio se dio luego de que fuera asesinado su primo y ante las
constantes amenazas de muerte que recibía por parte de integrantes de la
delincuencia organizada, pero no obtuvo respuesta.
La
omisión del gobierno federal ha sido advertida por la Asociación Nacional de
Alcaldes (ANAC), quien solicitó al gobierno federal que a través de la
Secretaría de Gobernación, se implemente urgentemente un protocolo de
protección para los alcaldes del país, a fin de garantizar la seguridad de los
ediles en riesgo.
Dieron
a conocer que de 2003 a la fecha, han sido victimados 40 alcaldes en funciones,
siete electos y 32 ex alcaldes, dando un total de 79, cifras en las que se
contemplan los recientes atentados contra el presidente municipal de
Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, y del de San Juan Chamula,
Chiapas, Domingo López González.
Luego
de la lamentable muerte física del edil, se promueve desde los círculos de
poder del gobierno federal, su muerte política: con rapidez filtraron a los
medios de comunicación un presunto documento oficial donde se le acusa de haber
mantenido vínculos con grupos de la delincuencia organizada.
Esta
perversidad es todo un contrasentido, ya que contando con una escolta de
policías federales, de ser ciertas estas relaciones perniciosas, bien pudo y
debió ejercerse acción en su contra.
Nada
de ello ocurrió, lo cual convierte la citada filtración, en una actitud sucia y
ofensiva, que muestra la rudeza del gobierno federal hacia quienes gobiernan
con otra sigla, en tanto que cobija a los de su propio partido. Guerrero es
ejemplo de ello.
La
entidad está a la deriva; los guerrerenses en la incertidumbre y lo peor de
todo es que este estado de cosas no se ve cómo pueda cambiar ya no en el corto
plazo, ni siquiera a mediano y largo plazo porque no asoman los procesos de
corrección por parte de los órdenes de gobierno.
Pensar
que la investigación del crimen que se exige a la federación puede esclarecer
el atentado, es una ingenuidad. El manipuleo desesperado de la justicia ha sido
una constante por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahí están para
muestra el Caso Iguala y los recientes
asesinatos de Nochixtlán. ¿Por qué habría de ser distinto ahora?
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