Jorge Zepeda Patterson.
En
otro país sería un héroe, en Venezuela ha sido condenado a cuatro años de
prisión. El director del diario Correo del Caroní, David Natera Febres, publicó
una investigación sobre la corrupción en las altas esferas de su país, un caso
de extorsión de un coronel en contra de una paraestatal y sus contratistas; el
delito fue confirmado por los tribunales y varios de los responsables fueron
enviados a prisión.
Uno
de ellos, el empresario Yamal Mustafá, demandó al diario que publicó la
investigación y no porque fuera inocente (estuvo dos años en la cárcel) sino
porque la difusión del caso dañó su reputación. Por absurda que parezca la
argumentación (“lo que me daña no es que haya cometido un delito, sino que lo
hayan publicado”), el gobierno venezolano ha decidido convertir en norma
aq uello de matar al mensajero e ignorar el mensaje.
Resulta
que en aquél país existe una ley que obliga a los medios de comunicación a
esperar la sentencia de un tribunal para poder informar sobre un asunto de
corrupción. Como resultado de lo anterior 22 directores de diarios se
encuentran bajo proceso judicial y están impedidos de salir del país en tanto
no se resuelva su caso. Bajo esa lógica todos los periodistas cuya denuncia de
curas pederastas en Estados Unidos inspiró la película Spotlight habrían ido a
la cárcel.
En
nuestro país tendría un efecto igualmente masivo: todos los comunicadores,
reporteros y columnistas que hicieron referencia al tema de la Casa Blanca, a
los abusos de las constructoras de carreteras, a las corruptelas de los
gobernadores o a los fraudes y delitos electorales. Carmen Aristegui tendría
una condena de por vida por la acumulación de penas. De hecho, bajo esa lógica
cualquier periodista razonablemente decente estaría tras las rejas.
La
ley mordaza venezolana sería el sueño de buena parte de los políticos
mexicanos. Desde luego de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, cuyo proyecto
para criminalizar al delito de “difamación” no andaba muy lejano.
Claro
que si consideramos los setenta profesionales de la información asesinados o
desaparecidos en los últimos años, la “solución mexicana” no es menos
categórica y efectiva. Como bien sabemos, las amenazas en contra de los medios
locales en muchas regiones del país han provocado una censura informativa
virtual sobre temas de corrupción política y asuntos de seguridad pública.
Es
una canallada absurda e inadmisible la condena de cuatro años de cárcel que
sufrirá David Natera Febres, el director del diario venezolano, por documentar
y publicar un desfalco en contra de los intereses del patrimonio común. Aunque
bien mirado, eso es preferible que ser sacado de casa a medianoche para ser
encontrado en una barranca al día siguiente con el tiro de gracia y señales de
tortura, como le ha sucedido a varias docenas de colegas en México.
Con
lo anterior no quiero decir que una violencia sea más inadmisible que la otra.
De hecho, también hay periodistas venezolanos asesinados en el contexto de esa
pesadilla a la libertad de expresión en la que se ha convertido el gobierno de
Maduro.
Lo
que quiero es llamar la atención sobre las muchas formas que tienen los poderes
legales e ilegales para intentar mantener en la opacidad sus fechorías; las mañas
y estrategias que ponen en juego para impedir que los periodistas se metan en
esos rincones oscuros donde tienen lugar las infamias, prebendas y
apropiaciones indebidas.
Son
malos tiempos para el periodismo crítico e independiente. En los países en los que
no experimentan un manotazo político, los profesionales de la información
padecen un manotazo económico.
Justamente
el tipo de periodismo que dio lugar a la investigación de la película Spotlight
antes citada, hoy se está convirtiendo en una actividad en vías de extinción
por la crisis del modelo de negocio de la información.
La
mayor parte de los diarios y noticieros operan con números rojos. En Estados
Unidos 55 mil periodistas trabajaban de tiempo completo en la prensa en 2007;
la cifra ha disminuido a 39 mil.
Pero
el efecto cuantitativo no es lo más grave; el contingente empleado ha cambiado.
Los reporteros capaces de dedicarse a un tema de investigación profundo y
detallado han sido reemplazados por chicos que ganan menos de la mitad y deben
entregar dos notas diarias.
Es
una vía menos cruel que la “mexicana” o la “venezolana”, pero igualmente
efectiva para impedir que los periodistas documenten los excesos de los
poderosos o las malas prácticas del soberano.
En
última instancia no se trata únicamente de la crisis de un oficio constreñido
por embates de distinto origen; se trata del daño sustancial al derecho que una
sociedad tiene para estar informada sobre los abusos de sus élites. El
silenciamiento de los periodistas, por distintas vías, entraña un daño
incalculable para la sociedad en su conjunto.
@jorgezepedap
www.jorgezepeda.net
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