CHILPANCINGO,
Gro. (proceso.com.mx).- El gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez
rechazó que su administración esté solicitando el pago de 35 millones de pesos
para otorgar siete patentes de notario y anunció que demandará por “daño moral”
a este reportero.
No
obstante, evadió explicar por qué aplicaron el examen para aspirantes a patente
notarial de manera extemporánea a dos aspirantes que no cumplieron en tiempo y
forma con los requisitos y cuyo único mérito es ser hijos de exfuncionarios y
familiares del defenestrado exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
Consultado
al término de un acto público realizado ayer en Acapulco, Ortega insistió en
acusar de “mentiroso” al reportero que ha documentado varios casos que exhiben
presuntos actos de corrupción como la entrega de una millonaria bolsa en obra
pública a diputados locales del PRD y PRI, así como la opacidad de esta
administración que se niega a rendir cuentas y transparentar información que
por ley, debe ser pública de oficio.
“A
cheque (Ezequiel), le va a seguir creciendo la nariz por pinochillo y su
hermano Erwin, le va a venir a jalar los pies en la noche y le va a decir
mentirosillo, mentirosillo, ya te pasaste”, expresó con sorna Ortega, quien de
esta forma se mofó del hermano del reportero que falleció en agosto pasado.
Luego,
el gobernador afirmó que habló con el director de la revista Proceso, Rafael
Rodríguez Castañeda, para pedirle que cuiden lo que se publica en este medio,
argumentado que la información sobre el caso de la presunta venta de notarías
en Guerrero “afecta y causa por lo menos daño moral”, indicó.
Luego
dijo que el que acusa tiene la obligación de demostrar y aseguró que por menos
de esto Don Julio Scherer demandó por dos millones de dólares a Pedro Ferriz de
Con y mediante su cuenta personal de Twitter anunció que demandará al
corresponsal de Proceso.
El
miércoles 19, Apro dio a conocer que el gobierno provisional de Rogelio Ortega
Martínez habría solicitado el pago de 35 millones de pesos para otorgar siete
patentes de notario, de las cuales dos están vacantes y cinco se encuentran
concesionadas a jueces de primera instancia que actúan por ministerio de ley.
Además,
fuentes oficiales informaron que a través de su personero Victoriano Sánchez
Carvajal, subsecretario de Asuntos Jurídicos, el secretario de Gobierno, David
Cienfuegos, cobró 20 mil pesos a cada uno de los 30 aspirantes para que de
manera previa e irregular tuvieran acceso a los temas del examen que se realizó
el pasado viernes 7 para obtener la patente.
La
prueba, de la que Apro tiene copia, es uno de los dos filtros para conseguir la
patente definitiva que se otorgará en septiembre próximo, antes de que finalice
esta administración.
Según
las fuentes, de manera extemporánea el gobierno de Ortega aplicó ayer el examen
a dos aspirantes que no cumplieron en tiempo y forma con los requisitos y cuyo
único mérito es ser hijos de exfuncionarios y familiares del defenestrado
exgobernador Ángel Aguirre Rivero.
Se
trata de Francisco Aguirre Gutiérrez, sobrino de Aguirre Rivero e hijo del
expresidente del Colegio de Notarios, Juan Aguirre Utrilla, y hermano de
Ernesto Aguirre, considerado el súper asesor del exmandatario y ejemplo del
nepotismo que éste ejerció durante su gobierno.
El
otro beneficiado es Francisco Salgado Coronel, hijo de Humberto Salgado Gómez,
compadre de Aguirre Rivero, quien se desempeñó como secretario de Gobierno y
coordinador de los proyectos emblemáticos de inversión que el exgobernador dejó
truncos, como el Acabús y el macrotúnel en Acapulco.
Salgado
Coronel fungió como subsecretario de Seguridad Pública, pero renunció tras el
escándalo que exhibió el nepotismo de la administración aguirrista.
Los
dos juniors presentaron el examen, pese a que no cumplieron con los requisitos
de la Ley del Notariado estatal, debido a que no acreditaron el periodo de tres
años de laborar por tiempo completo en una notaría y tampoco presentaron
certificados de especialización en derecho notarial, ni la carta de
antecedentes no penales estatal, ni federal, como tampoco la constancia de no
haber sido servidor público por designación del Ejecutivo o electo por elección
popular durante los últimos tres años antes de presentar el examen.
El
gobierno de Ortega también autorizó que María Antonieta Dávila Montero, esposa
del gerente del periódico local ‘Novedades Acapulco’, Mario Bustos, y Jorge
Ochoa Estrada, hijo del notario número 3 de Acapulco, Jorge Ochoa, presentaran el
examen de manera extemporánea, pero finalmente ninguno de los dos se presentó.
Ezequiel
Flores Contreras, PROCESO
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