La iniciativa plantea sanciones de uno a tres años de prisión y de 100 a 300 días multa.
Incluidos la padres, tutores, familiares, profesional de la salud o ministro de culto.
El diputado Temístocles Villanueva Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, propuso que se tipifique como delito de tortura cualquier acto, forma o acción que pretenda cambiar la orientación sexual o identidad de género de los menores de edad.
La propuesta hecha en el Congreso de la Ciudad de México establece sanciones de uno a tres años de prisión y de 100 a 300 días multa a quien instigue, autorice o inflija en menores de 18 años dolores físicos o mentales y las terapias encaminadas a “corregir” su orientación sexual, incluidos la padres, tutores, familiares, profesional de la salud o ministro de culto.
Además, establece la prohibición de cualquier contrato, tratamiento, terapia o servicio que cambie, reprima o elimine la personalidad y las manifestaciones de identidad de género y orientación sexual.
El legislador explicó que la reforma al artículo 206 Bis consiste en tipificar este delito y sancionar a quien obligue o aplique sobre una persona métodos tendientes a anular el libre desarrollo de la personalidad, orientación sexual, identidad y expresión de género de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no cause dolor físico o angustia psicológica.
El diputado Temístocles Villanueva dijo que el Congreso de la Ciudad de México tiene el deber de garantizar la progresividad de los derechos humanos en la Ciudad de México, la cual se ha caracterizado por ser una ciudad de avanzada en el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual, no sólo en el país, sino en América Latina.
“Lamentablemente persisten prácticas que atentan contra la dignidad, integridad y seguridad de las personas que no se identifican con la heterosexualidad normada”, criticó.
Al término de su exposición, diputados de Morena y de diversas fracciones parlamentarias se sumaron a esta iniciativa, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Igualdad de Género y de Derechos Humanos, una vez que sean instaladas de manera formal y legalmente.
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