La dependencia confirmó que esa fue la razón por la cual decidió reclasificar el delito a asociación delictuosa
Luego de que la noche de ayer se diera a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) había reclasificado la acusación contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hoy la dependencia admitió que no contaba con pruebas suficientes para acusarlo del delito de delincuencia organizada.
Esta fue la razón por la que decidió reclasificar el delito a asociación delictuosa, el cual no tiene prevista la prisión preventiva oficiosa, con lo cual Duarte llevaría el proceso en su contra en libertad.
“Al valorar los datos de prueba con que cuenta, la PGR determinó que no son suficientes para acreditar el delito de delincuencia organizada, por lo que decidió reclasificar la acusación sólidamente sustentada, para que el proceso culmine con una sentencia acorde a los preceptos de nuestra Constitución”, dice un comunicado emitido por la PGR.
Según el documento, aunque ahora no haya un delito que oficiosamente lo mantenga en la cárcel, el exgobernador continuará preso en el Reclusorio Norte porque tiene dictada la prisión preventiva justificada por el delito de lavado de dinero.
“Es importante destacar que el probable responsable seguirá su proceso en prisión, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, asegura.
Agregó que aún existen otras acusaciones contra el exmandatario por parte la Fiscalía General de Veracruz, por lo que aún está lejos el fin del proceso.
De acuerdo con una publicación de Reforma, esta es la segunda ocasión en que la PGR retira la acusación de delincuencia organizada contra alguno de los imputados en el Caso Duarte.
El 11 de abril de 2017 reconoció que no tenía elementos para llevar a juicio por ese delito a las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta. Ambas negociaron el retiro de la acusación a cambio de aceptar su responsabilidad en el lavado de dinero, lo cual les trajo el beneficio de la reducción de la pena.
Las mujeres eran acusadas de haber lavado más de 223 millones de pesos en Consorcio Brades, una empresa facturera que fue utilizada para supuestamente desviar recursos de la administración de Duarte.
Por este delito fueron condenadas a 3 años con 4 meses de prisión y una multa 48 mil 644 pesos, sentencia que tuvo lugar el mismo 11 de abril.
En lo que respecta a Duarte, será en los próximos días que un juzgado de control fijará una fecha para celebrar una audiencia intermedia en la que será debatida la legalidad de los datos de prueba de la acusación penal y las pruebas de descargo de la defensa del exmandatario.
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