CIUDAD
DE MÉXICO, 04 Enero 2017.- Buenos días, compañeros. En esta fecha que es el
aniversario del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, también conocida
como el Día del Periodista, queremos fijar una postura sobre nuestro quehacer
diario.
Las
cifras suelen ser frías, sin embargo duelen. Documentan una realidad aunque no
la maticen ni le den ningún otro valor, más que mostrar el dato.
En
el caso del ejercicio periodístico en Guerrero, esas cifras hablan de un nivel
de impunidad de tal manera grave que ha recorrido de modo transversal la
historia reciente del estado.
En
los últimos seis años, según documenta la organización Artículo 19, en Guerrero
ha habido más de 100 agresiones a periodistas, donde las menores pueden ser verbales
o empujones por parte de agentes de seguridad a la hora de hacer una cobertura
y las más graves el asesinato; y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su
recomendación 24 sobre la libertad de expresión, ubica a Guerrero como una de
las cinco entidades con más casos de agresiones a comunicadores. Los
principales agresores, según las estadísticas, son funcionarios públicos,
aunque el contexto de violencia ha incluido al crimen organizado como nuevo
actor.
La
situación sin embargo viene de lejos. En el interinato de Ángel Aguirre Rivero
fueron asesinados Abel Bueno León, incendiado vivo en su automóvil, y Rafael
Aguilar Villafuerte; en el gobierno de René Juárez Cisneros, fue desaparecido
el director de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas.
Durante
el mandato de Zeferino Torreblanca se registró el mayor nivel de agresiones a
periodistas en toda la historia del estado, con 11 asesinatos de comunicadores,
de los cuales solamente uno concluyó en una sentencia condenatoria; en el
segundo período de Ángel Aguirre Rivero, dos periodistas fueron desaparecidos,
José Antonio López, de Novedades Acapulco, y Emmanuel Salvador Reyes Chávez,
del ABC de Zihuatanejo; uno, Jorge Torres Palacios, fue asesinado; y otro,
Emilio Lugo, tuvo que emigrar del estado por amenazas.
Durante
el interinato de Rogelio Ortega ocurrió la agresión policiaca a camarógrafos
que cubrían la protesta de la Ceteg en el aeropuerto de Acapulco, el 14 de
febrero de 2015.
En
lo que va del período de Héctor Astudillo, solamente en 2016, un periodista ha
sido asesinado y al menos cinco han recibido algún tipo de amenaza o agresión
grave. Comienza 2017 con la acusación judicial contra el fotógrafo Lenin Ocampo
y el intento de levantón de un periodista de la región costera entre Guerrero y
Michoacán.
En
todos los casos, en todas las administraciones, el común denominador ha sido la
apatía de las autoridades ya no se diga para castigar a los responsables, sino
ni siquiera para investigar los hechos.
Por
eso desde aquí seguimos reclamando justicia para los compañeros victimados
desde 1993, cuyos casos no han sido aclarados, pero particularmente pedimos al
gobernador Astudillo, y al gobierno federal, principalmente, su intervención
ante las agresiones ocurridas en 2016 y lo que va de 2017. Los cito: exigimos
castigo para los homicidas de Francisco Pacheco Beltrán en Taxco y que el
fiscal rinda un informe sobre la investigación, que al parecer no avanza en
nada; sanción a los policías federales que intentaron secuestrar a Gamaliel
García Barrera en Chilpancingo en una estación de televisión; coadyuvancia y
apoyo legal al reportero José Nava Mosso, acusado por el magistrado del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Emiliano Lozano Cruz, de
publicar lo que ya todos habían publicado: un video donde la policía lo detiene
por orinarse en la calle; pedimos al presidente Enrique Peña Nieto que se
retire la acusación de la Fiscalía de Jalisco, contra el reportero gráfico
Lenin Ocampo, que pretende vincularlo con un grupo de la delincuencia; que se
dé seguimiento a las amenazas contra Ezequiel Flores, Alejandrino González,
José Molina y José de Jesús López; y que se hagan efectivos los protocolos para
garantizar la seguridad de Arisdahi Romero Rodríguez, jefe de noticias en el
noticiario Radiorama Enlace de la Costa Grande, quien ayer tuvo que abandonar
el estado tras un intento de levantón por individuos armados.
En
general, a las autoridades les demandamos mayores garantías para el ejercicio
de nuestra labor periodística. Todos estamos cansados de trabajar bajo la
zozobra, y de saber que si algo nos sucede, no pasa nada.
Por
otra parte, compañeros, también queremos fijar un posicionamiento sobre el
Fondo de Apoyo a los Periodistas. Como se sabe, esta institución fue creada por
una ley y comienza por una aportación económica de los propios comunicadores.
Al
inicio de la actual administración, la secretaría de Desarrollo Social se
comprometió a depurarlo, pues todos sabemos que hay en él personas que son
ajenas a la actividad periodística, y a hacer público el nuevo padrón. Sin
embargo eso no ocurrió: hasta hoy el padrón sigue siendo tan misterioso como lo
fue siempre (excepto durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, que se subió
a la página del gobierno del estado), y tampoco existe una manifestación
pública sobre el estado de sus finanzas, ni se han otorgado préstamos a los que
por ley se tiene derecho. Vamos, ni siquiera se han entregado las pólizas del
seguro de vida, a pesar de que supuestamente la nueva compañía aseguradora se
contrató en abril del año pasado.
Desde
aquí planteamos la necesidad de reformar la Ley del FAP, adecuándola a los
tiempos y circunstancias actuales. Al gobernador Héctor Astudillo le pedimos de
manera respetuosa que gire instrucciones a la secretaria de Desarrollo Social,
Alicia Zamora Villalba, para que dé cumplimiento a los acuerdos establecidos el
año pasado. La transparencia en la integración del padrón es algo que no
perjudica el funcionamiento del FAP, sino al contrario, que lo legitima.
Finalmente,
no podemos eludir que el ámbito laboral es complicado, pues las grandes
empresas han reducido al mínimo su personal, y sienten que la falta de fuentes
de empleo les permite maltratar a sus reporteros, que no tienen a dónde irse;
en muchas, grandes y pequeñas, los periodistas siguen financiando su propio
traslado hacia cumplimiento de sus órdenes de trabajo, lo que significa que
están financiando un gasto operativo que las empresas eluden.
Así
pues, ejercer el periodismo en Guerrero, es difícil; lo es más en tiempos
violentos. A las presiones naturales de políticos que quisieran controlarlo, se suma la amenaza
de la delincuencia. Sin embargo, aquí estamos, enfrentándolo todo, soportándolo
todo, incluso a veces con riesgo de nuestra propia vida, para seguir en este
que Gabriel García Márquez llamó “el mejor oficio del mundo”.
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