Sin
Embargo, Agencia IRZA El Siglo/Foto: Transfundo Informativo.
CHILPANCINGO,
Gro., 30 Noviembre 2016.- El periodista José Nava Mosso se defiende contra el
magistrado Emiliano Lozano Cruz, quien lo demandó por la cantidad de 16
Millones de pesos al subir a las redes sociales un acto de inmoralidad por
orinarse el funcionario en la vía pública.
El
comunicador emprenderá un juicio político contra el magistrado Emiliano Lozano
Cruz, para hacer valer el derecho de la Libertad de Expresión consagrado en el
artículo 6to y 7to de la Constitución Política Mexicana.
El
periódico digital Sin Embargo, describe como un presunto magistrado del
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, quien fue detenido por policías
municipales luego de orinar en la vía pública mientras se encontraba en estado
de ebriedad.
El
supuesto funcionario fue identificado como Emiliano Lozano Cruz, miembro
del grupo político de Héctor Apreza
Parrón, actual secretario de Finanzas del gobierno de Héctor Astudillo Flores,
en el video difundido en redes sociales se observa el momento en que el
individuo se rehúsa al arresto y asegura estar siendo tratado como un
delincuente.
“Nadie
lo está tratando como delincuente, señor”, dice uno de los policías
municipales.
“Por
lo que veo sí, me están violando todas mis garantías constitucionales eh, en el
sentido más sano, primero sentido de molestia artículo 16 constitucional”,
responde Lozano Cruz.
El
mismo agente se dirige al infractor, y le pregunta si hay alguna garantía que
le permita orinarse en vía pública, a lo que él responde que “eso se deriva de
otras garantías” pero que el policía lo desconoce porque es un “ignorante del
derecho”.
El
policía le pide Lozano Cruz que modere sus respuestas, a lo que éste contesta
que es magistrado y que él aplica el derecho.
El
agente finalmente le explica que orinarse en la calle es una falta
administrativa penada por la ley e intenta esposarlo para trasladarlo a la
delegación, ante ello, el magistrado les advierte que es “inmune” y les exige
que le indiquen dónde está tipificado como delito la ebriedad.
Un
acompañante del magistrado interrumpe en la discusión y en un aparente intento
de intimidar a los agentes dice que ya está buscando el teléfono del presidente
municipal Marco Leyva Mena.
Sin
embargo, los uniformados no cedieron ante las amenazas y finalmente esposaron
al infractor para luego trasladarlo a las instalaciones de la barandilla a
bordo de la patrulla R014.
De
acuerdo a la información difundida, la detención se registró el pasado 4 de
mayo, pero la difusión de las imágenes se realizó el 2 de septiembre, se
desconoce si la falta quedó asentada en actas.
El
propietario de la Agencia de Noticias Guerrero (ANG), José Nava Mosso, anuncio
en conferencia de prensa que contrademandará y entablará una denuncia de juicio
político en contra del magistrado del Tribunal Estatal Electoral (TEE),
Emiliano Lozano Cruz, en exigencia del respeto a la libertad de expresión y el
ejercicio periodístico.
Lozano
Cruz lo demandó ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil de primera instancia del
Distrito Judicial de Los Bravos, exigiendo una indemnización por 16 millones de
pesos como reparación de daño moral porque el comunicador, a través de su
Agencia de Noticias Guerrero (ANG), exhibió un video (el pasado 2 de
septiembre) en el que el magistrado aparece orinando en la vía pública.
Nava
Mosso, narró que el pasado 27 y 28 de noviembre fue notificado y emplazado a
juicio con una demanda de carácter civil por el magistrado Lozano Cruz, por la
reparación del daño moral que ha causado a su persona, honra, reputación y fama
pública, por la publicación del citado video.
El
denunciante dejó en claro que el magistrado Lozano Cruz atenta contra la
Libertad de Expresión consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución e
instrumentos jurídicos nacionales e internacionales protectores de los derechos
humanos que garantizan la libertad de expresión, el libre ejercicio del
periodismo y el derecho de la sociedad a la información.
También
citó que el artículo 1760 párrafo V y VI del Código Civil del Estado, en el
sentido de que no estará obligado a la reparación de daño moral quien ejerza
sus derechos de opinión, critica, expresión e información, en los términos de
los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Dijo
también se acoge a la declaración de principios sobre la libertad de expresión
aprobada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en
octubre del 2000, en la que se cita que todo comunicador social tiene derecho a
reservarse sus fuentes de información, apuntes, archivos personales y
profesionales.
Sostuvo
que el pago de 16 millones de pesos por daño moral, lo dejaría pobre, además de
que tendría que echarse a pedir limosna, dejaría sin comer a su familia e
incluso sin trabajos a gran número de trabajadores de ANG.
Insistió
en que contrademandará a Lozano Cruz en instancias locales, nacionales e
internacionales, para que se respete la libertad de expresión y el libre
ejercicio de las ideas, y que por su parte entablará una demanda de juicio
político en contra del magistrado del Tribunal Estatal Electoral.
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