CIUDAD
DE MÉXICO, 12 Septiembre 2016.- La visita (¿ilegal?) de Trump. El conflicto
surgido por la visita de Donald Trump a México no acaba. La semana pasada el
PRD abrió una ruta peligrosa para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto
y el candidato presidencial, por sus potenciales consecuencias legales y
políticas, al solicitar al Instituto Nacional de Migración el estatus en que
entró al país.
¿Lo
hizo de manera documentada? No sólo sería una paradoja que hubiera hecho lo que
tanto denuncia, sino que toca vertientes que
tienen que atañen a la Ley Electoral en Estados Unidos. ¿Quién pagó por
el viaje de Trump? ¿Lo hizo el gobierno mexicano al sufragar el viaje de un
ciudadano con nuestros impuestos? ¿Fue la campaña de Trump la que pagó por el
viaje? ¿Financió el gobierno a un candidato presidencial?
En
el caso del estatus migratorio, la Secretaría de Gobernación no ha dado a
conocer detalles de cuáles fueron los documentos que presentó Trump. De acuerdo
con la Ley General de Población y Ley de Migración, si no existen, Trump y las
autoridades migratorias habrán violado al menos tres artículos.
El
118, que se refiere a la internación al país sin la documentación requerida. El
113 y el 115, que significaría una irregularidad de los funcionarios de la
Secretaría de Gobernación, por haber avalado la evasión de disposiciones y
trámites migratorios, y por encubrir a Trump, en caso de que no haya presentado
su pasaporte o visa para ingresar a México.
El
Instituto Nacional de Migración ha hecho mutis sobre esa petición legislativa,
y la Secretaría de Gobernación no ha dado a conocer esa información vital. De
haber existido irregularidades, el escándalo para el presidente Peña Nieto y
Trump por haber violado la ley de manera conjunta, sería, pese a sus
consecuencias políticas, lo de menos.
La
información va a salir, de cualquier forma, cuando la Comisión Federal
Electoral de Estados Unidos emita su reporte mensual sobre el financiamiento de
campañas, donde Trump está obligado a informar. La ley es muy clara al
establecer los límites en aportaciones, donaciones y contribuciones aportadas
por individuos o empresas a un candidato en particular, que tienen que
reportarse a la autoridad electoral.
Uno
de los temas que saldrán es sobre el Boeing 737 registrado a nombre de su
empresa Town and Country Food Markets Inc., en el que viajó Trump a México.
Esa
empresa es parte del corporativo Susser de Corpus Christie, que a su vez es
propiedad de la compañía petrolera Sunoco, que vende gas natural a México y
tiene cientos de tiendas en el sur del país donde venden comida mexicana.
También
deberán informar quién pagó por la turbosina empleada, el salario de la tripulación,
así como el costo y los impuestos al aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de
México, utilizar el Hangar Presidencial y volar a Los Pinos en un helicóptero
de la Fuerza Aérea Mexicana.
Esa
documentación permitirá conocer si estos costos fueron sufragados por la
campaña de Trump con dinero de quienes han aportado recursos en Estados Unidos,
o si fue el gobierno mexicano quien los cubrió. De ser así, los mexicanos que
pagan impuestos habrían financiado la visita.
Está
confuso, por falta de información, qué categoría le dio legalmente el gobierno
mexicano a Trump, porque al no ser presidente electo o en funciones,
probablemente no tiene la representatividad para se puedan utilizar impuestos
para pagarle el viaje cuyo viaje fue dentro de la campaña.
Como
tal, hasta este momento lo único claro es que al ser candidato, recibe el
respaldo federal de su gobierno en materia de seguridad –los salarios, viáticos
y bonificaciones de los agentes del Servicio Secreto que lo están protegiendo,
como en el caso de su viaje a México, fueron cubiertos por esa dependencia, que
por ley es responsable de cuidarlo.
Si
los registros de Trump a la Comisión Federal Electoral muestran que el gobierno
mexicano cubrió los gastos durante la visita, existe margen adicional para otro
conflicto, que sería haberse involucrado ilegalmente en una campaña en Estados
Unidos.
El
Acta Federal de Campañas Electorales prohíbe a “cualquier extranjero
contribuir, donar o gastar fondos en conexión con cualquier elección federal,
estatal o local en Estados Unidos, ya sea directa o indirectamente. También es
ilegal ayudar a extranjeros a que violen esta prohibición o soliciten, reciban
o acepten contribuciones o donaciones de ellos”.
De
esta ley proviene la relevancia para conocer el tipo de representatividad de
Trump en México y los detalles de quién pagó los costos del viaje. Durante la
campaña electoral Trump hizo una visita a Escocia, que le ha generado una
demanda por haber utilizado el viaje para promover a sus empresas y solicitar
explícitamente el respaldo de parlamentarios de la Mancomunidad Británica.
En
aquél viaje, la campaña de Trump, de los fondos recolectados, pagó los gastos
de esa gira, como lo reportó a las autoridades, según el informe de
financiamiento dado a conocer en julio.
El
viaje de Trump a Escocia fue visto en Estados Unidos como parte de su campaña
electoral, que es como se vio también la visita a Peña Nieto. Nadie en Escocia
pagó por aquella visita salvo la campaña, mientras que lo que sucedió en México
es un hoyo negro que, hasta que se aclare públicamente, permanecerá como un
potencial conflicto legal y político para el gobierno mexicano y para la
campaña de Trump, además de una ventana a otro escándalo.
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