Rogelio
Hernández López.
CIUDAD
DE MÉXICO, 15 Agosto 2016.- Cómo dijera un clásico, dos fantasmas recorren las
pláticas privadas de periodistas de tiempo completo en México: la precarización
acelerada de quienes son empleados, free lance o microempresarios y la
tendencia creciente en varias entidades de la república de solicitar fondos y
políticas públicas para apoyar a los más débiles. Es en serio.
Dos
casos que vienen; El 4 de agosto se realizó un encuentro insólito en
instalaciones del gobierno de la CDMX. Patricia Mercado y Juan José García
Ochoa, secretaria y subsecretario de Gobierno, recibieron a 19 reporteros, pero
no era conferencia de prensa.
La
reunión fue para que los informadores plantearan preocupaciones sobre su
profesión y lo que esperan de la ley de protección para defensores de derechos
humanos y periodistas, cuya aplicación está varada por una controversia de la
CNDH. Estaban dos diputados locales como invitados.
El
miércoles 10 de agosto en la biblioteca del Poder Legislativo del Estado de
México se realizó un foro público, también un tanto extraño porque era de
consulta sobre la iniciativa de ley para proteger periodistas. Al frente
estuvieron los diputados Raymundo Guzmán (PAN), Aquiles Cortés (Panal), los
periodistas Andrés Solís, Edmundo Cancino y Luis Eduardo Knapp, del Programa de
Protección y Defensa de la organización Artículo 19.
En
ambos casos saltó el tema de la utilización de recursos públicos para
periodistas, más allá de crear mecanismos de protección ante riesgos.
En
la CDMX un acuerdo fue crear una mesa de pláticas entre el gobierno con
periodistas para elaborar políticas públicas para quienes carezcan de recursos
para salud, vivienda propia, capacitación continua. Tendrían también apoyo por
desempleo y jurídico ante conflictos laborales o profesionales.
Esto
aplicaría preferentemente a empleados maltratados laboralmente, independientes
o pequeños empresarios. La discusión aquí apenas comienza.
En
Toluca las conclusiones formales fueron trabajar más en la definición del
periodista para no limitar el derecho a la libertad de expresión de quienes no
informen profesionalmente, pero a la vez acercarse mejor a los perfiles
académicos de esta profesión; reconocer que esta sea una actividad del interés
público y que por tanto debe ser protegida, auspiciada y tutelada.
Y
tutelar al periodista fue aquí el tema de fondo en otro debate que se armó en
los pasillos, dentro y fuera del foro. Ese tema lo estimula, desde 2010, un
sector de periodistas toluqueños. Ellos refieren como necesidad ingente la
creación de un fideicomiso que atienda necesidades sociales (salud, educación,
vivienda, etcétera). Otro sector se resiste aduciendo pautas éticas.
Los
foros por la ley de protección proseguirán en el Estado de México, igual que la
mesa entre periodistas y gobierno en la CDMX y con ellos el tema de cómo
institucionalizar y transparentar el uso de los recursos públicos para ciertos
sectores de periodistas.
Hay
antecedentes;
De
las leyes con relación al periodismo aprobadas por congresos locales tres se
conocen como de “fomento” porque pretenden ayudar y transparentar los “apoyos”
sobre todo a reporteras y reporteros. En su origen parecieron bien intencionadas.
Por
ejemplo la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del
Estado de Guerrero, publicada en 2002 y reformada en 2013. Cuenta con un fondo
de 7 millones de pesos para 2015, repartible entre agremiados de organizaciones
registradas y periodistas en lo individual. Pero, cada año aparecen más
organizaciones en la entidad (en 2015 se registraron 44) y también son más
recurrentes las quejas de que se beneficia a quienes no son periodistas.
Otro
caso similar de “fomento” es la Ley para
el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de Baja
California, que entró en vigor antes de la guerrerense. Cuando fue reformada el
13 de septiembre de 2013, organizaciones serias de periodistas demandaron que
ya no se aplicara por fomentar la corrupción y porque su definición de
periodista estimuló a que se anotaran como beneficiarios a funcionarios
públicos en áreas oficiales de difusión.
La
tercera de ese tipo se aprobó en 2012. Se llama Ley para el Desarrollo y
Protección de los Periodistas del Estado de Morelos. Tiene casi los mismos
contenidos e intenciones que las de Guerrero y Baja California. No ha sido
promulgada por varias razones: periodistas jóvenes se oponen a que sea otra
“ley del chayo”, porque “fomenta dependencia” y porque, dicen con razón, se
necesita otro tipo de ley. La causa fundamental es que el gobierno de Graco
Ramírez hizo cuentas y no le alcanzarían los recursos para conceder
prestaciones sociales “que corresponden a las empresas donde trabajan los
periodistas”, dicen que dijo.
¿Blasfemia?;Pareciera
blasfémico razonar públicamente sobre el uso de los recursos públicos en el
periodismo más allá del gasto publicitario. Son pocas personas las que, con
seriedad exponen detalles de otros usos, menos legales y morales, del dinero
público y privado; recursos que se utilizan también para tener buenas
relaciones con reporteros, directivos o dueños de medios no incómodos para el
poder, aparte son los dineros que no se documentan.
Hablar
de eso, que sí ocurre en la mayoría aplastante de municipios, estados y en la
federación, parece prohibitivo en un país como este, donde los políticos y
demasiados civiles usan un discurso formal para lo público y otro en círculos
privados con lenguaje directo, llano y más verdadero. Es lo que llaman el doble
lenguaje. Y también se practica entre periodistas.
Como
quiera, ese otro debate seguirá, aunque sea en formas soterradas, porque es
parte de un dilema permanente entre una buena cantidad de periodistas. “Si el
chayo no te corrompe agárralo”, se simplificaba hace años.
Pero
hoy nuevas formulaciones han introducido ese tema a los debates entre
informadores profesionales. Si el periodismo es asunto de interés público por
sus aportes a la sociedad y la democracia, el Estado debiera protegerlo de
amenazas (como ya se hace federalmente y en 13 entidades), financiarlo (como se
hace con medios públicos y mediante convenios de publicidad legales en todo el
país y todos los niveles de gobierno).
Y,
lo que pareciera una tendencia creciente es la demanda a que el Estado también
tutele jurídica y económicamente a medios pequeños y periodistas con
vulnerabilidades extremas por la precarización producida por un mercado aún
dominado por corporativos de medios. Frente a esto hay alternativas jurídicas,
económicas y de políticas públicas. Pero esa debe ser otra mirada de reportero.
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