Animal
Político.
CIUDAD
DE MÉXICO, 23 Junio 2016.- Dos empresas constructoras de hijos, sobrinos y
parientes políticos de Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la
República, y una más estrechamente vinculada a ellas, ganaron contratos de obra
por 4,625 millones de pesos (más de 300 millones de dólares), justo durante los
tres años en que él ocupó uno de los puestos más importantes en el gabinete
presidencial.
Las
empresas Alvarga, Kuoro e Itrio multiplicaron, en ese periodo, 714% sus
contratos de obra pública. Y las tres vieron apagarse su estrella cuando
Murillo Karam salió del gabinete presidencial.
Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo copia de 43 contratos asignados a
estas empresas en 17 estados, y tras una revisión encontró aumentos
injustificados en precios, adjudicaciones directas poco claras, obras
entregadas a destiempo, un fraude probado, e incluso un caso, en el estado de
Campeche, en el que se usaron productos piratas en la construcción de un
rompeolas.
El
61% del monto de los contratos (2 mil 837 millones de pesos) los otorgó la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Gerardo Ruiz
Esparza, en obras carreteras y portuarias.
Ruiz
Esparza es el padre que Gerardo Ruiz Dosal, quien fue secretario particular del
mismo Jesús Murillo Karam durante el periodo en que éste fue procurador General
de la República (de diciembre de 2012 a febrero de 2015).
Entrevistado
sobre este último dato, Raúl Murrieta Cummings, sub Secretario de
Infraestructura de la SCT, negó que ese vínculo influyera en los contratos. “Yo
no recibo instrucciones del hijo (de Ruiz Esparza)”, dijo tajante.
Los
contratos -añadió- se dieron a través de licitaciones. “Estamos ante un proceso
muy competido y muy lejos de lo que representó la carrera del hijo del señor
Secretario”, aseguró.
Las
tres firmas manejadas o relacionadas con sus hijos, un cuñado, un sobrino y un
yerno de Murillo Karam, quien se vio envuelto en fuertes críticas por su papel
en la investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotiznapa,
Guerrero, han compartido contratos, domicilios, representantes legales,
teléfonos, socios y empleados.
Algunos
de sus domicilios han sido, por ejemplo, una casa de interés social o una
bodega, algo poco entendible para empresas que, en el periodo 2012-2015,
aumentaron sus ganancias en contratos en más de 700% superando los cálculos de
la Cámara de la Industria de la Construcción cuyos estudios reflejaron que, ese
mismo periodo, el mayor crecimiento a nivel nacional nunca alcanzó el 5%.
La
expansión de estas empresas fue tan atípico, que cuando Murillo Karam dejó la
Procuraduría General de la República (PGR), la firma Kouro, cuyo director es su
hijo Jesús Murillo Ortega, ya había facturado 1,437 millones 351 mil pesos (unos
80 millones de dólares), de acuerdo con los contratos, con un crecimiento
acumulado en tres años de 537%, mientras una de las firmas más grandes de
México, en ese tiempo, la española OHL registró un decrecimiento en sus
ingresos de -71.2%, según sus reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.
A
partir de que Murillo Karam pasó a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) –unos días después de abandonar la PGR-, los
dividendos de esas tres firmas se vinieron abajo en el sector público.
Esta
misma semana se buscó al ex Procurador para solicitar una postura sobre la
investigación y declinó a hacer cualquier comentario. Tampoco su hijo aceptó a
declarar.
Jesús
Murillo Karam fue gobernador del estado de Hidalgo –ubicado a 150 kilómetros de
la Ciudad de México- sitio en el que siempre ha gobernado el Partido
Revolucionario Institucional (PRI). Los tricolores nunca han perdido el control
político en esa zona. Y tampoco lo perderán en los siguientes seis años: en las
recientes elecciones, su candidato Omar Fayad obtuvo una diferencia de 73 mil
589 votos respecto a su más cercano opositor, el panista y cantante Francisco
Xavier Berganza.
“Grupo
Hidalgo”, así se ha llamado en los medios de comunicación a quienes no conocen
la derrota cuando de elecciones a gobernador se trata. A él pertenecen el
actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros.
En
Hidalgo fueron registradas Alvarga, Kuoro e Itrio. Según Compranet –el sistema
del gobierno federal para informar de las adquisiciones y obras- las tres están
perfiladas como compañías “medianas” o “pequeñas”.
Sin
embargo, entre los años 2011 y 2015, ampliaron sus ingresos por contratos
2,134% para Alvarga Construcciones, 537% para
Kouro Desarrollos y 387% para Itrio Arquitectos, de acuerdo con datos
obtenidos para esta investigación extraídos de registros públicos.
En
ese mismo periodo, el mercado de la construcción sufrió los efectos del recorte
en el presupuesto para infraestructura, la inestabilidad del peso y el aumento
en la tasa de interés, de acuerdo con el último informe del Centro de Estudios
Económicos del Sector de la Construcción publicado por la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción.
El
documento incluso advirtió que el entorno podría empeorar. “Todos los elementos
con que contamos nos indican que probablemente los siguientes años serán de los
más complicados”, apuntó el estudio.
Pero
la situación no ha sido adversa para todos. Mientras las grandes constructoras
han salvado con apuros los escollos en su actividad, las pequeñas y medianas
empresas de la familia Murillo aumentaron contratos y ganancias por arriba del
promedio nacional.
El
actual director y fundador de Kouro Desarrollo SA de CV es Jesús Murillo
Ortega, hijo del ex titular de la PGR, pero los accionistas mayoritarios son su
hermana, Sandra Georgette Murillo Ortega así como su esposo, Gerardo Saade
Kuri.
El
otro socio fundador ha sido identificado como su primo, Carlos Castañeda
Murillo. Este grupo amplió sus ganancias mediante contratos para obras públicas
con el Gobierno Federal en 537% %, en el
mismo periodo en que Jesús Murillo Karam fue procurador.
Aunque
Kouro nació en el año 2002, durante una década fue una constructora regional,
con presencia básicamente en el estado de México y en Hidalgo. El despegue
espectacular vino a partir de diciembre de ese mismo año, cuando Murillo Karam
fue designado titular de la PGR.
Mediante
solicitudes de acceso a la información, y el cotejo de contratos reportados por
la plataforma de Compranet, se logró determinar que en los tres últimos años
del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa (2010-2012), Kouro obtuvo
contratos con fondos federales por 225 millones 587 mil pesos.
Con
el retorno del PRI a la Presidencia, las adjudicaciones de obra a Kouro se
dispararon más de 6 veces, hasta sumar 1,437 millones de pesos, en los tres
primeros años del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
Kouro
dejó atrás contratos menores, como la reconstrucción de caminos, para ejecutar
con el actual Gobierno Federal obras de gran magnitud, como la modernización de
los puertos de Altamira y Manzanillo. El 97% del monto de esos contratos se
otorgaron entre 2013 y 2014.
En
julio de 2015, la constructora que ha dirigido Jesús Murrilo Ortega entregó un
puente vehicular en la ciudad de León con siete meses de retraso. Casi de
inmediato, la obra fue cerrada porque presentaba hundimientos.
Pese
a que la responsabilidad de arreglar esas fallas era de Kouro, según establecía
el contrato firmado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),
fue una cuadrilla de 12 trabajadores de Alvarga –otra de las empresas de la
familia- la que realizó las obras de reparación, según constataron los
reporteros.
“Todos
somos Kouro, somos lo mismo”, dijo el jefe de la cuadrilla de Alvarga que
realizó las reparaciones.
El
domicilio fiscal actual de Kouro, en el fraccionamiento industrial Reforma en
Pachuca, Hidalgo, es el mismo de la operadora de Café Madero, una cadena de 12
restaurantes con presencia en los estados de México, el mismo Hidalgo y en el
Distrito Federal, en la cual Murillo Ortega es socio, junto con el
administrador único de Alvarga.
Al
visitar ese domicilio, se constató que corresponde a un conjunto de bodegas,
pero no hay maquinaria para la construcción.
Cuando
la SCT otorgó los primeros contratos de obra del sexenio a Kouro, esta
constructora tenía su domicilio fiscal en la calle Veta Arras 111, en Pachuca.
Esta dirección corresponde a una pequeña casa de un piso, en la colonia Real de
Minas.
Ante
Compranet, Kouro registró otra dirección, en la calle Retorno de Bacalar 145,
en el fraccionamiento Rincones del Paraíso del municipio Mineral de la Reforma.
Este segundo domicilio es una austera casa de interés social, también de un
piso, que está deshabitada.
El
administrador de la constructora, Juan Carlos Trejo, se negó a contactar al
hijo del ex procurador y rechazó hablar sobre las obras por un convenio de
confidencialidad con la SCT. Jesús
Murillo Ortega no respondió a llamadas telefóncias para recoger su postura
sobre esta investigación.
Carlos
Castañeda Murillo, otro sobrino de Murillo Karam, fue fundador de Kouro y,
actualmente es director de Tecnología de la Secretaría de Gobernación. En entrevista dijo que desde hace 10 o13 años
dejó de ser socio en la constructora.
En
las actas de la empresa consta que en junio del 2007, Castañeda Murillo cedió
sus acciones en Kouro a Sandra Georgette Murillo, hija del ex procurador.
Actualmente, ella es la accionista mayoritaria. (ACTA CONSTITUTIVA)
Sin
embargo, Castañeda Murillo mantuvo un vínculo con la constructora. En el
domicilio de Kuoro, en Pachuca, llega correspondencia a su nombre.
“Esa
casa es de mi papá, pero no tengo nada que ver”, justificó el funcionario.
-¿La
familia Murillo sigue siendo socia de esa constructora? -se le preguntó.
-No
sabría decirte. La verdad, tengo mucho tiempo que no tengo contacto con esas
personas.
-¿Pero
son sus parientes?
-¿Cómo
que si son mis parientes? Pues sí son.
-¿Sí
son Murillo?
-Mi
mamá es Murillo Karam, claro que sí.
De
los 43 contratos revisados para esta investigación, dos fueron otorgados en
2012 a la constructora de los hijos de Murillo, pero al iniciar el actual
sexenio de Gobierno, les triplicaron el monto.
Pero
además, en ambos contratos incumplieron con los plazos de entrega, lo cual ha
sido una constante de la empresa Kouro.
Un
distribuidor vial en la carretera México-Pachuca debió entregarse el 2 de mayo
del 2013, pero concluyó casi un año después, el 30 de abril del 2014.
El
costo de la obra pasó de 57.2 millones de pesos a 186.3 millones de pesos. El
incremento fue por ampliaciones del contrato. A la asignación original, le
sumaron un puente deprimido por 42.8 millones de pesos y otras vialidades para
el Mexibús.
Una
revisión de la Auditoría Superior de la Federación reveló que hubo violaciones
al marco legal por asignar directamente a Kouro obras adicionales, en vez de
concursarlas.
En
otra obra también se triplicó el costo. Se trató del acceso y ampliación de la
Avenida 5 de Mayo , Puente Grande-Teoloyucan. El presupuesto original fue de 70
millones de pesos, pero se disparó a 197 millones. El plazo de ejecución era de
180 días, pero concluyó en 706 días (un año y medio después).
Kouro
fue la encargada de construir el puente Madrazo, que forma parte de la Vía
Rápida Bicentenario de León.
La
fecha límite de entrega establecida en el contrato fue el 31 de agosto de 2014,
pero el puente fue entregado hasta el 16 de julio de 2015, con once meses de
atraso.
A
los tres meses de inaugurado, el puente ya presentaba hundimientos, desniveles
y desprendimientos, por lo que fue necesario cerrarlo para realizar
reparaciones.
Cuando
la SCT otorgó el contrato por 130 millones de pesos a Kouro, ésta constructora
tenía su domicilio en la calle Veta Arras 111, en Pachuca.
Ese
mismo domicilio lo compartía con Alvarga, constructora que el 21 de abril de
2015 recibió por parte de la SCT la asignación de otro contrato de la Vía
Bicentenario de León, consistente en la construcción de la segunda etapa del
distribuidor Morelos, por un monto de 85.5 millones de pesos.
De
acuerdo con el contrato, la obra de la segunda etapa del distribuidor vial
debió comenzar en abril, pero Alvarga la inició hasta julio. El plazo para
concluir el tramo venció en diciembre de 2015, y la constructora dejó la obra
inconclusa, con el 57% de avance.
Pese
a que abandonó la obra, la SCT le aplicó una sanción mínima, de apenas 14 mil
500 pesos.
Itrio
Arquitectos SA de CV, que durante los años 2010-2012 multiplicó sus ganancias
en contratos con obras públicas hasta en un 457%, tiene como socios fundadores
a Gerardo Roqueñí Murillo y Patricia González Murillo, sobrinos del ex
procurador.
El
otro accionista es su cuñado, Edmundo González González. Como director ha
fungido Alejandro González Murillo, actual diputado federal y también sobrino
del ex procurador.
En
los últimos tres años del anterior sexenio (2010-2012), Itrio ejecutó obras con
fondos federales por 254.5 millones de pesos, mientras que en los tres primeros
del actual mandatario (2013-2015) sumaron 1,243 millones de pesos.
La
obra de mayor monto (por 885 mdp) se la asignaron en forma directa -sin
licitación- para edificar y equipar el centro de control de seguridad y
vigilancia C5, en el estado de Morelos, con fondos federales.
Esta
obra se entregó en dos contratos uno en 2013 y otro en 2014, cuando Murillo Karam era pieza clave
del gabinete de seguridad.
Los
actuales accionistas de la constructora son Patricia González Murillo y Edmundo
González González, hija y esposo respectivamente de Faride Murillo Karam. El
domicilio de Itrio es una casa de un piso en la calle Ignacio Mejía, en
Pachuca, sede también de Constructora e Inmobiliaria Argos.
MK-02
En
su ficha curricular, el diputado federal Alejandro González Murillo (también
sobrino del ex Procurador) mencionó que antes de ser coordinador del Partido
Encuentro Social, se desempeñó como director de Itrio Arquitectos y colaboró
con la PGR de Morelos.
El
legislador se abstuvo de hablar de los contratos que recibió la constructora
que ahora encabeza su hermana. “Hoy no puedo hablar a nombre de la empresa,
porque no soy parte de ella”, atajó.
Otro
sobrino, Gerardo Roqueñí Murillo (hijo de Georgette Murillo Karam), fue el
fundador de Itrio, y actualmente es socio de Grupo Roqueñí SA de CV y
Soluciones Globales G&G, constructoras que han obtenido en este sexenio 80
millones de pesos en contratos sin licitar del IMSS y de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT).
En
la lista de contratistas también está Gerardo Murillo Karam, quien facturó más
de 600 millones de pesos al IMSS entre 2013 y 2015, por servicios de
hemodiálisis en su clínica particular de Pachuca.
El
ex Procurador es socio fundador de la empresa importadora de calzado deportivo
Grabasa SA de CV, que recibió beneficios fiscales por 10 millones al financiar
en 2014 y 2015 al cine mexicano. Los títulos de las cintas: Guerra y Los
Parecidos.
*INDAGA
es la unidad de investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción
y la Impunidad. Este trabajo fue realizado con la beca Mike O´Connor de
Periodismo de Investigación de Centro Internacional de Periodistas (ICFJ por
sus siglas en inglés) y también contó con la colaboración de Jesús García López
de AM de León y de Cristina Muñoz.
Social Plugin