Javier
Garduño/24 Horas.
ESTADO
DE MÉXICO, 15 Mayo 2016.- A casi dos años de la presunta ejecución
extrajudicial de entre 12 y 15 personas en una bodega en la comunidad de San
Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, estado de México, el crimen permanece
impune.
El
Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca ordenó dejar en libertad, por falta
de elementos para procesar, a los tres soldados del 102 Batallón de Infantería
acusados de homicidio, encubrimiento y modificación ilícito de vestigio del
hecho delictivo, por los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014.
Ellos
eran los últimos procesados por el fuero civil en el Caso Tlatlaya; los otros
cuatro acusados fueron liberados en marzo por el Juez Cuarto de Distrito de
Procesos Penales Federales, con sede en Toluca.
Los
soldados estaban presos en la prisión militar del Campo Militar Número 1-A, en
la Ciudad de México, donde enfrentaban un juicio civil y otro militar.
En
respuesta a la decisión del Sexto Tribunal Unitario, la Procuraduría General de
la República informó que aportará pruebas que acrediten la responsabilidad de
Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides
para que se les dicte auto de formal prisión y enfrenten proceso.
El
Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh),
señaló a la PGR las fallas en la investigación ministerial del Caso Tlatlaya y
resaltó que, aunque la indagatoria sigue abierta, aún no queda esclarecido cómo
sucedieron los hechos.
El
30 de abril de 2014, un grupo de soldados ubicó una bodega donde se escondieron
civiles armados y al intervenir se registró un enfrentamiento que dejó como
saldo 22 muertos, presuntamente integrantes del crimen organizado.
La
Sedena dio a conocer que fueron liberadas tres mujeres privadas de su libertad
y fueron aseguradas 25 armas largas.
Sin
embargo, una testigo a la que se llamó Julia, relató que luego del
enfrentamiento los agresores se rindieron, y entre 12 y 15 fueron ejecutados
por los militares quienes les sembraron armas y, con la complacencia de
personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, fue
alterada la escena del crimen, torturaron a las mujeres y no investigaron los
hechos.
Por
este motivo, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014 a la Sedena y al
Gobierno del estado de México.
Y en la procuraduría
militar
En
cuanto al juicio militar, en octubre de 2015, el juzgado sexto militar de la
Secretaría de la Defensa Nacional dictó sentencia absolutoria a favor de
Acevedo López, Samuel Torres López, Fernando Quintero Millán, Leobardo
Hernández Leónidas y Julio César Guerrero Cruz, acusados del delito de
infracciones de deberes militares.
El
séptimo elemento, el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, fue condenado a un
año de prisión por desobediencia, condena que ya cumplió.
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