Javier
Garduño.
PLAYA
VICENTE, VERACRUZ., 10 Febrero 2016.- Hoy, hace un mes, cinco jóvenes fueron
detenidos y desaparecidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
de Veracruz. Desde entonces, la gente del pueblo de Playa Vicente, de donde son
todas las víctimas, reza, llora y exige que sean localizados porque en la
entidad ya hay una lista de 675 personas desaparecidas en la total impunidad.
Las
familias desconfían de las autoridades locales porque aseguran que no investigan
y fueron funcionarios estatales quienes cometieron el crimen.
El
lunes 11 de enero Mario Arturo , Susana, Bernando, su primo José y Alfredo
fueron víctimas de un grupo de policías cómplices del crimen organizado que
opera en la entidad.
El
fin de semana fueron en un Jetta, con placas del Distrito Federal, a Boca del
Río para celebrar el cumpleaños de Mario, y cuando iban sobre la carretera
federal fueron “levantados” a plena luz del día.
Tras
los hechos trágicos la Fiscalía General del Estado de Veracruz ha re
victimizado a las víctimas de este caso.
No
cumplió la Ley General de Víctimas ni los protocolos de búsqueda de
desaparecidos que la Fiscalía ha suscrito, al igual que la Procuraduría General
de la República, de acuerdo a los compromisos establecidos por México con
organismos internacionales de derechos humanos y el Comité Internacional de la
Cruz Roja.
En
el caso Tierra Blanca los principios y políticas de actuación no han sido
cumplidos en varias de sus partes por el Gobierno que encabeza el priista
Javier Duarte de Ochoa.
A
los policías detenidos por el secuestro de los jóvenes se les acusa del delito
de desaparición forzada, es una violación grave a los derechos humanos y un delito de lesa humanidad.
Las
autoridades veracruzanas no reconocen cuántos de los 675 casos son de
desaparición forzada.
Según
las estadísticas en la mayoría de los casos denunciados en Veracruz no se
cumplió en su totalidad con los protocolos de búsqueda ni la Ley General de
Víctimas que retoma estándares internacionales, el Gobierno de Veracruz tampoco
ha protegido los derechos de las víctimas en cumplimiento con las medidas
establecidas en la Ley.
Las
víctimas directas del caso Tierra Blanca no han sido localizadas, sólo hay
evidencias de uno de ellos, tampoco han sido detenidos todos los delincuentes,
no es el primer caso y al denunciar los hechos y ante la pasividad de las
autoridades locales, los padres realizaron su propia investigación, además los
funcionarios locales les pidieron comprobar la participación de los elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública y los padres recibieron amenazas para no
continuar con la búsqueda.
La
desaparición forzada es un delito continuo porque persiste en el tiempo y sigue
causando dolor a las víctimas, así lo establecen Human Rigth Watch y Aministía
Internacional, en Veracruz, como en varias regiones del País, muchos casos no
son denunciados por miedo o desconfianza a las autoridades.
El
Protocolo establece respeto al dolor de las víctimas, que tampoco se cumplió en
el caso Tierra Blanca cuando las autoridades de la Fiscalía alertaron a los familiares del hallazgo de restos
orgánicos en un tambo y cuando les informaron que en una barranca localizaron
cuerpos. El primero era de animales y los de la barranca no correspondían; las
autoridades provocaron horas de angustia y dolor innecesario a las familias al
darles a conocer información no confirmada.
Perfiles
Mario
Arturo Orozco Sánchez, de 28 años de edad, dejó la universidad para ayudar a su
mamá quien hace pedicure y arregla ropa., de ocupación comerciante; trabaja en
su negocio de autopartes, está separado de su pareja, pero mantiene a su hija
de 3 años, el 8 de enero fue su cumpleaños y organizó el viaje con cuatro de
sus amigos a Boca del Río para festejar. Todos están desaparecidos.
Susana,
de 16 años de edad, estudió hasta
segundo semestre en el Colegio de Bachilleres, dejó la escuela en agosto por
problemas económicos, no contaba con empleo alguno, su mamá tiene una tienda de
abarrotes y es quien la mantiene, le gusta divertirse y salir con sus amigos;
quiere seguir estudiando para terminar la prepa.
Bernando
Benítez Arroniz, de 25 años, con una licenciatura en administración de empresas,
trabaja en la cervecería de su papá, es primo de Alfredo, desaparecidos con él
el mismo día, en 2009 fue secuestrado su abuelo Manuel Benítez en Playa
Vicente, Veracruz, la familia pagó el rescate, pero sigue desaparecido, la Fiscalía
de Veracruz y la Gendarmería informaron el lunes a la familia que está muerto,
según localizaron un fragmento de 5 centímetros de hueso (tibia) que
corresponde con el ADN de Bernardo, pero la familia rechazó el acta de
defunción para solicitar dos nuevas pruebas genéticas.
José
Alfredo González Díaz, de 25 años, dejó la preparatoria para trabajar, trabaja
en un rancho del Presidente municipal de Playa Vicente, su papá tiene diabetes
y su mamá es ama de casa, Alfredo ayuda a sus hermanos y es primo de Bernardo,
la Fiscalía y la Gendarmería informaron el lunes a la familia que falleció
porque hallaron una prenda con una mancha de sangre que coincide con su ADN,
pero su familia no quiso recibir el acta de defunción porque considera que no
es prueba contundente de su muerte.
José
Benítez de la O, de 24 años, estudiaba una Ingeniería en mecánica automotriz,
se dedicaba a administrar la tortillería de su papá, es primo hermano de
Bernardo, entra a trabajar a las 5 de la madrugada y sale a las 5 de la tarde,
todos los días, busca trabajo en el Puerto de Veracruz porque su deseo es
desempeñar su carrera universitaria.
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