SAN
MARCOS, Gro., 20 Julio 2015.- Integrantes de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC), se reunieron con el presidente de la Comisión
de Gobierno del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, para abordar el tema
de la liberación de los presos políticos, mismo que les informó que no todos
los involucrados podrán salir favorecidos con la Ley de Amnistía, por los
delitos que se le imputan.
Informaron
que actualmente son 50 los luchadores sociales a quienes exigen se liberen por
calificarlos de ser presos políticos, por el hecho de realizar una lucha social
justa para los pueblos, mismos que son integrantes de la Coordinadora Regional
de Autoridades Comunitarias (CRAC) y del Consejo de Ejidos y Comunidades
Opositoras a la presa la Parota (CECOP).
Señalo
que el presidente de los Derechos Humanos del Estado, Ramón Navarrete, se
comprometió que a través del equipo jurídico estaría apoyando con la
elaboración de las fichas técnicas y de acuerdo con Roberta Campos Adame, integrante
del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos, dijo que los
detenidos son por delitos del fuero común.
Se
destacó que en el diputado Bernardo Ortega, que en el caso de Samuel Ramírez
Gálvez, quien está acusado de delito federal por portación de arma de uso
exclusivo del Ejército Mexicano, no será beneficiado aunque se apruebe la Ley
de Amnistía, ante esto los padres de Ramírez Gálvez, originario de Zitlaltepec,
municipio de Metlatónoc, solicitaran al síndico del municipio para que asista a
la comparecía que se llevarán a cabo el próximo 4 de agosto, ya que el funcionario
fue quien acusó al ahora preso.
De
igual manera se informó que el caso de Gonzalo Molina, promotor de la CRAC en
Tixtla, en menos de dos meses de que culmine la legislatura, la integrante del
Comité Nacional por la Liberación de los Pesos Políticos, se dijo confiada que
el Congreso cumpla con los compromisos.
El
5 de junio del año en curso Salvador Rogelio Ortega Martínez, gobernador de
Guerrero, envió al Congreso del Estado una iniciativa de ley en beneficio de
las y los ciudadanos que se encuentren privados de su libertad o sean
perseguidos por delitos cometidos con motivo de movimientos que reivindican
derechos sociales o de grupos vulnerables.
La
Amnistía es una figura jurídica decretada cuando existen razones de orden
público para beneficiar a los ciudadanos; extingue las acciones penales y las
sanciones impuestas respecto de delitos comunes e infracciones cometidos con
anterioridad, tipificados como no graves por el derecho penal vigente en el
estado.
Produce
la extinción de todas las consecuencias represivas del delito, sin
individualizar a los destinatarios del beneficio, quienes no pueden renunciarlo
y una vez reconocida por una resolución judicial como cosa juzgada, es
irrevocable, pero subsiste la reparación de daños y perjuicios y la
responsabilidad civil, quedando a salvo los derechos de las víctimas o de
quienes pueden exigirla.
En
días pasados se solicitó públicamente a organizaciones sociales y asociaciones
defensoras de Derechos Humanos, hicieran del conocimiento del Gobierno del
Estado los nombres de personas en proceso o juzgadas, denominados “presos
políticos”, que pudieran alcanzar el beneficio de esta ley, en caso de ser
aprobada por el Congreso local.
El
Gobierno del Estado cuenta con un listado, que con la contribución de los
ciudadanos, puede enriquecerse y beneficiar a un número mayor de personas,
siempre que cumplan con los requisitos que establezca la Ley de Amnistía una
vez aprobada. El listado será enviado de manera formal a las comisiones
correspondientes del Congreso local.
Por
ello invitamos a las mencionadas organizaciones sociales y asociaciones de
Derechos Humanos a seguir enviando los nombres de personas que consideren
pueden beneficiarse de la Ley de Amnistía que puede aprobarse.
Alberto Rodríguez Guzmán.
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