El
abogado sostuvo que mientras la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), lo desconozcan como coordinador o miembro no puede estar
usando el nombre, además de que los presos políticos no pueden seguir
encerrados porque no se les comprobó el delito de secuestro como en el caso de
Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y seis
policías comunitarios más.
Señalo
que Tlachinollan y los abogados coinciden en que están en contra del secuestro,
pero el sistema comunitario en este caso la CRAC no secuestro a nadie ya que se
demostró que la gente que tenían bajo su resguardo se encontraba en proceso de
reeducación, además de que son personas luchadores sociales que abanderan
causas.
Vidulfo
Rosales dijo que el gobernador Rogelio Ortega Martínez, “Se deje de ser dama de
caridad y que asuma como jefe de gobierno, hay una sentencia y una resolución
donde se reconoce que no fue un secuestro y por eso no deben seguir presos los
compañeros”, sostuvo.
Agrego
Rosales Sierra, que los abogados de Tlachinollan no acudirán a la reunión
programada para este jueves en la localidad de La Concepción, Acapulco, para
tratar el caso de Marco Antonio Suastegui Muñoz, preso en la Unión, ya que el
gobierno continúa con ambigüedades.
Aseguro
que le han entregado a su asesor personal Pablo Guzmán Hernández, ex
coordinador de la CRAC tres vías para liberar a los presos políticos y solo ha
atendido una, cuando por cualquiera de estas los luchadores sociales no
deberían de continuar presos en los diferentes penales del país.
Alberto Rodríguez Guzmán.
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