Asegura que la autoridades universitarias dieron las respuestas
El joven acusado dice que esta acusación tiene tintes políticos
Hace unos días se dio a conocer el caso de 504 estudiantes de primer semestre del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara, que fueron reprobados por copiar en un examen de contabilidad en línea.
La universidad había asegurado que tras una investigación, los ahora reprobados confesaron que un alumno de un semestre superior les había proporcionado las respuestas.
Ante ello, la institución notificó a los alumnos sobre la anulación de su examen y decidió sancionar al joven que proporcionó la respuestas con tres meses y medio de suspensión.
Esta situación obligó al alumno acusado, identificado como Leonardo Castañeda, a publicar un video en el cual explica su versión de los hechos y señala a autoridades universitarias de querer culparlo.
De acuerdo con él, fue el propio jefe de departamento de contabilidad, el doctor Alejandro Campos Sánchez, quien aprobó la distribución de las respuestas a los alumnos, ya que con este examen no sólo se evaluaría a los alumnos, sino también al personas docente.
Dado que la prueba era remota, podrían realizarla en cualquier momento entre los días 11 y 13 de mayo. Incluso comentaron a los alumnos que podían ayudarse entre ellos o pedir la asesoría a algún familiar o conocido con conocimientos de contabilidad sin ningún problema
La supuesta prueba de que las autoridades universitarias fueron quienes proporcionaron los reactivos es un correo electrónico enviado a los docentes, el cual se pidió reenviarlo a sus alumnos.
Castañeda dice que fue culpado y sancionado sin realizar un desahogo de pruebas que sustentaran su culpabilidad, además de que el área jurídica del CUSEA ha intentado intimidarlo.
El alumno asegura que esta acusación tiene tintes políticos, pues el doctor Campos lo acusa a él por pertenecer a una corriente política diferente a la que él milita.
Finalmente Castañeda recalcó que interpondrá un recurso de revisión ante el Consejo General Universitario y no sólo abogará por él, sino por los 504 estudiantes afectados a quienes tachan de tramposos cuando las propias autoridades universitarias les proporcionaron las respuestas.
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