Ezequiel
Flores Contreras/Proceso/Foto: Miguel Dimayuga.
CHILPANCINGO,
Gro., 09 Junio 2016.- El gobernador priista Héctor Astudillo Flores acusó
públicamente a su antecesor de “abandonar totalmente”, el nuevo sistema penal acusatorio que deberá
entrar en funciones el próximo sábado 18.
Ello
a pesar de que durante la administración de Rogelio Ortega Martínez, el
gobierno de Guerrero benefició a una empresa y tres personas físicas con más de
tres millones de pesos a través de 24 contratos para equipar salas de oralidad
del nuevo sistema penal acusatorio en la entidad.
En
un solo día, el 15 de septiembre pasado, la administración del exgobernador
Rogelio Ortega Martínez entregó 23 contratos sin justificar el procedimiento
legal de la adjudicación y entre los principales acaparadores destaca Claudia
Hernández González con un millón 202 mil pesos, así como Víctor Hugo Ríos
Morales, con 777 mil pesos.
El
9 de octubre, Ortega pagó un millón 181 mil pesos a otra persona física
identificada como Julio César Sesma Moreno para elaborar “notas técnicas del
nuevo sistema de justicia penal y sistemas regionales”, indican informes
oficiales de los “contratos y pedidos realizados” de la dirección general de
Adquisiciones y Servicios generales, dependiente de la Secretaría de Finanzas y
Administración (Sefina).
De
esta forma, Ortega destinó en menos de un mes tres millones 283 mil pesos para
beneficiar a cuatro personas físicas y una empresa con el propósito de equipar
las salas de oralidad del nuevo sistema penal en Chilpancingo, Acapulco,
Ometepec y Tecpan, refieren los documentos oficiales a los que Apro tuvo acceso
vía transparencia.
En
contraste, este fin de semana el gobernador priista Héctor Astudillo Flores
aseguró que recibió las instalaciones del nuevo sistema de justicia penal “en
el abandono total” y lo calificó como inexistente a pesar de la inversión
reportada oficialmente por su antecesor.
Durante
un recorrido que realizó en esta capital, Acapulco y La Costa Chica y Grande,
acompañado por la responsable del sistema en el ámbito federal, María de los
Ángeles Fromow, Astudillo declaró públicamente que la desatención de la
administración de Ortega puso en riesgo la operación del sistema penal
acusatorio en Guerrero que deberá entrar en funciones oficialmente el próximo
sábado 18.
“No
había ni un ladrillo, no había tampoco una orientación correcta de la
capacitación, o sea, la capacitación se perdió en pocas palabras, no es que no
la haya hecho, pero se perdió”, indicó Astudillo.
Desde
marzo de este año, Apro ha documentado la opacidad y falta de transparencia en
la adjudicación de contratos que realizaron los exgobernadores Ángel Aguirre
Rivero y Rogelio Ortega Martínez, así como la actual administración de Héctor
Astudillo Flores para beneficiar a empresas y personas físicas con recursos
millonarios destinados en 2014 y 2015 por la federación para capacitación,
certificación y equipamiento de las fuerzas policiacas y la implementación del
nuevo sistema penal acusatorio en esta entidad colapsada por la inseguridad y
violencia.
A
pesar de ello, la red de complicidad que caracteriza a la clase política
advierte que este caso que exhibe opacidad en el uso y aplicación correcta de
los recursos públicos quede impune.
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