CIUDAD
DE MÉXICO, 04 Febrero 2015.- “Nos queda claro que el Ejecutivo tan sólo
pretende disminuir el impacto en el exterior de los lamentables acontecimientos
de Iguala, pues su disposición a responder ante dicha instancia internacional
contrasta con la actitud que hemos visto en casos como el de Tita Radilla o el
trato hacia las familias de los normalistas de Ayotzinapa hoy desaparecidos”,
reclamaron los legisladores.
Los
diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), integrantes
de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, consideraron que la
presentación de México ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), revela la incapacidad de las
autoridades para hacer frente a ese delito.
Los
congresistas de izquierda lamentaron que los representantes del gobierno
mexicano hayan pretendido minimizar ante
la comunidad internacional, el impacto que ha tenido el caso Ayotzinapa.
Expusieron
que el Estado mexicano ha incumplido su obligación de dar atención prioritaria
a las víctimas de desaparición forzada.
Consideraron
que ese crimen es una práctica sistemática en el territorio nacional, y forma
parte de una política de represión “y exterminio” a integrantes de movimientos
sociales, organizaciones civiles, opositores políticos e incluso, periodistas.
“Nos
queda claro que el Ejecutivo tan sólo pretende disminuir el impacto en el
exterior de los lamentables acontecimientos de Iguala, pues su disposición a
responder ante dicha instancia internacional contrasta con la actitud que hemos
visto en casos como el de Tita Radilla o el trato hacia las familias de los
normalistas de Ayotzinapa hoy desaparecidos”, reclamaron.
Indicaron
que la negativa a investigar la participación de las Fuerzas Armadas en casos
de desaparición forzada, la reticencia a dar seguimiento a los casos en las
primeras horas después de las desapariciones y la permisividad ante la
corrupción en los distintos niveles de gobierno, conforman una ambiente de
omisión y falta de interés por parte de la autoridad frente a las denuncias correspondientes
En
ese contexto, no genera sorpresa que la Procuraduría General de la República
(PGR) haya reconocido la existencia de 9 mil 790 casos de desapariciones en la
actual administración, cuando no se cuenta con una base de datos confiable ni
seria.
Lamentaron
que la autoridad solo actúe frente a las desapariciones forzadas de manera
reactiva y ante la presión social; mientras las principales fuerzas políticas
en el Congreso se rehúsan a procesar las iniciativas de ley presentadas, en
especial por la izquierda.
“Estaremos
pendientes para exigir que el Estado mexicano cumpla estrictamente las
recomendaciones que habrá de emitir del Comité de Desapariciones Forzadas de la
ONU, mismas que confiamos serán sensibles a los testimonios de las familias de
las personas desparecidas y a los planteamientos de las organizaciones de la
sociedad civil”, plantearon las diputadas Elena Tapia Fonllem y Roxana Luna
Porquillo; así como los diputados José Luis Muñoz Soria, Roberto López Suárez y
Vicario Portillo Martínez.
MVS
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