CHILPANCINGO,
GRO., 15 Enero 2015.- El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña,
Vidulfo Rosales Sierra, entrevistado dijo que existen elementos que implican
responsabilidad penal del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, por los hechos
ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala.
Señalo
que existe una complicidad con el gobierno federal, motivo por el que no se ha
iniciado una investigación en contra del ex mandatario estatal, después de que
se diera a conocer que Ángel Aguirre Rivero, pretende regresar a Guerrero, para
continuar con su vida política.
El
abogado de Tlachinollan, destacó que antes de promoverse públicamente debería
responder por la desaparición de los 43 normalistas, “Nosotros ignoramos porque
no lo ha llamado la PGR, entendemos que hay complicidad, hay convivencia de que
la clase política pretende protegerse, tenemos una clase política que solapa y
protege a la clase privilegiada, pero sí le dirige sus baterías a la
criminalización de los luchadores sociales y los padres de familia”, detalló.
Rosales
Sierra, recalcó en que el ex mandatario estatal debe responder ante la
Procuraduría General de la República (PGR), porque se sabe que recibió dinero
del grupo delincuencial “Guerreros Unidos” para su campaña a gobernador, además
de que sabía de los nexos con el crimen organizado el ex alcalde, José Luis
Abarca Velásquez, de Iguala.
Sobre
Ángel Aguirre Rivero, insistió que se debe de abrir una línea de investigación,
“seguimos en lo mismo, en la exigencia de justicia y castigo a los culpables
intelectuales, materiales y creo que él (gobernador), forma parte de esa
lista”.
El Siglo.
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