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FGR desiste de continuar proceso judicial contra dos implicados en la Estafa Maestra

Un juez determinó no vincular a proceso ninguno de los dos señalados

Sin embargo, la FGR pudo impugnar ambas resoluciones, pero desistió

La Fiscalía General de la República (FGR) desistió de continuar el proceso contra dos presuntos implicados en los desvíos de recursos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la pasada administración federal.

Según información de Reforma, se trata de Francisco Javier Báez Álvarez, exdirector de Programación y Presupuestación en la Sedatu, y de Simón Pedro de León Mojarro, extitular de la Unidad de la Coordinación de Delegaciones en la Sedesol.

En ambos casos, los exfuncionarios estuvieron subordinados al oficial mayor de ambas dependencias, Emilio Zebadúa, y en periodos distintos.

El juez Fernando Payá Ayala fue quien determinó no vincular a proceso ninguno de los dos señalados luego de argumentar que no les encontró responsabilidad en alguna de las redes de estafa que se armaron en las dependencias, y pese a que la FGR pudo impugnar estas resoluciones, desistió.

Payá Ayala no vinculó a proceso a de León Mojarro por uso indebido de atribuciones y facultades, ni a Báez por ejercicio indebido del servicio público, ya que estimó que el Ministerio Público no presentó los datos mínimos suficientes de los hechos acusatorios.

La entonces Procuraduría General de la República y hoy FGR falló en documentar los desvíos y renunció a su derecho de apelación, supuestamente porque revisa las carpetas de investigación para valorar un replanteamiento de las acusaciones.

Los dos exfuncionarios eran, hasta el momento, los únicos imputados en las estafas orquestadas mediante contratos a universidades por servicios que nunca se prestaron, y en los que incluso se encontraron firmas falsificadas.

El caso de Báez Álvarez era el más delicado,ya que también se le señalaba como implicado en la falsificación de firmas de otros funcionarios federales, las cuales habrían sido utilizadas para contratar servicios de manera fraudulenta.