Los inconformes argumentaron que las reducciones salariales y las sanciones generarían un impacto negativo
Asimismo, consideraron que existe una campaña negativa en contra el Poder Judicial de la Federación por parte del Congreso de la Unión
Este lunes sumaron 512 demandas colectivas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones y las iniciativas de Morena que buscan reformar el Poder Judicial de la Federación.
Los recursos legales fueron interpuestas por dos mil 835 personas, de quienes 331 eran jueces; 366 magistrados; mil 37 secretarios; 215 eran actuarios; 514 oficiales y burócratas de diversas dependencias, que temen ser procesados penalmente por ganar más que el presidente de la República.
De acuerdo con información de El Universal, en el amparo los inconformes reclamaron que la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones se acompañó de una reforma al Código Penal federal, que implica la aplicación de sanciones antes de que la primera entre en vigor, lo que sucedería hasta 2019.
En este Código Penal se estableció que quien gane más de 108 mil pesos podría ser encarcelado hasta por 14 años por el delito de remuneración ilícita, misma condena que recibirán los servidores públicos que no denuncien a otros que ganen más de esa cantidad.
Los servidores públicos también argumentaron en la demanda que las reducciones salariales y las sanciones podrían generar un impacto negativo.
Lo anterior, debido a que se correría el “riesgo de apertura a la corrupción, porque una reducción tan tangible a los ingresos de muchos funcionarios que devengaban mayor salario a ese monto, se verán impedidos de mantener su proyección de gastos y quedan comprometidos al impago de obligaciones primarias y otras”.
“Todos estos efectos negativos representan, como se mencionará en los argumentos de la demanda, una injerencia indebida de un Poder sobre otro, afectando la independencia judicial”, agregaron.
“Igual consideramos que hay que hacer un análisis fuerte de la justificación de la ley, que es una falacia absoluta: ningún Presidente de un país, con las dimensiones de México, podrá generar buen y digno desempeño con un salario tan por debajo del mercado laboral para tomar decisiones que garanticen gobernabilidad aceptable. El Presidente tendrá otra partida en el presupuesto que le compensará esa popular decisión”, indica el documento.
Al parecer, la mayoría de los jueces ante quienes se han interpuesto los amparos están concediendo las suspensiones para que de momento no se les haga válida la Ley Federal de Remuneraciones.
En tanto, los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) tienen sólo esta semana para interponer un amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones.
Mientras que el resto de la burocracia en México podrá solicitar su amparo hasta el primer acto de aplicación de esta ley, que será una vez que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019.
Asimismo, los quejosos consideraron que existe una campaña negativa en contra el Poder Judicial de la Federación, ya que, dijeron, los integrantes del actual Congreso de la Unión han lanzado diversos ataques, con los que intentan justificar las iniciativas impulsadas por el senador Ricardo Monreal.
Acusaron que la Ley Federal de Remuneraciones y las iniciativas principalmente de Morena constituyen una destrucción al ordenamiento constitucional y al Estado de derecho.
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