El Alto Comisionado llamó al gobierno de México a investigar e identificar a los responsables de estas violaciones
El estudio reveló que los involucrados en esos abusos serían elementos de la fiscalía, de la policía federal y militares de la Marina
La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) recurrió a actos de tortura y violación de los derechos humanos para obtener confesiones en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, asó lo dio a conocer la Organización de Naciones Unidad (ONU).
En el informe denominado Doble injusticia, que presentó la oficina del Alto Comisionado del organismo en México, se analizaron casos de violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de las investigaciones de las desapariciones de los estudiantes, indica Animal Político.
El documento precisó que, tras los hechos ocurridos en el municipio de Iguala la madrugada del 26 de septiembre, se detuvieron y procesaron a 129 personas y luego de la revisión y análisis de 34 casos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU encontró “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”.
Se reveló que las violaciones ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, cuando la PGR se hizo cargo de la investigación, la cual fue iniciada por la Fiscalía General del estado (FGE) de Guerrero, “en todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos, que son compatibles con lesiones resultado de tortura”, señaló el informe.
De acuerdo con la investigación, los involucrados en esos abusos serían elementos de la fiscalía, de la policía federal y militares de la Marina. Además, enfatizó que para dichas agresiones las autoridades dieron explicaciones “improbables y fácilmente refutables” sobre las lesiones, como alegar estado de ebriedad, autogolpes o caídas.
Luego de presentar la evidencia, el Alto Comisionado llamó a la fiscalía General a investigar e identificar a los responsables de estas violaciones a los derechos humanos y llevarlos ante la justicia.
También exhortó a la fiscalía y al Poder Judicial a desestimar las pruebas obtenidas y a solicitar al Ejecutivo mexicano para que de pie a la creación de un consejo asesor de lucha contra la impunidad que tenga el propósito de impulsar reformas que fortalezcan las capacidades de investigación.
“El informe contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia en dicho caso y, más ampliamente, a la agenda nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México”, destacó el Alto Comisionado.
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