La averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09 fue archivada el pasado 13 de marzo
Todos lo organismo dependientes de Hacienda, cuando Meade era su titular, determinaron que César Duarte estaba limpio
El año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) archivó el caso de presunto lavado de dinero por parte de César Duarte porque uno de los organismos dependientes de Hacienda, cuando José Antonio Meade aún era su titular, decidió no denunciar al exgobernador de Chihuahua ya que concluyó que no cometió ningún delito.
Fue Ángel Salvador Vargas Mitre, director de Procesos Legales “A”, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comunicó el 16 de febrero de 2017 a la PGR que no presentaría una querella contra el exmandario porque no halló indicios de que su dinero fuese de procedencia ilícita.
“A consideración de esta UIF, hasta este momento no se cuenta con elementos suficientes para formular la denuncia a que alude el párrafo IV del artículo 400 Bis del Código penal federal (delito de lavado), pues las constancias que obran en la indagatoria de mérito -a nuestra consideración- no resultan suficientes (…) hasta el momento no se advierte que los recursos a que se hace referencia procedan o representen el producto de una actividad ilícita”, señaló el oficio 110/F/A/621/2017.
La averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, que fue archivada el pasado 13 de marzo, indica que Duarte fue investigado por adquirir con dinero presuntamente ilícito el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto total de 65 millones de pesos.
Esta conclusión de la UIF se sumó a la afirmación de los peritos oficiales de la PGR, la cual sostiene en un dictamen que la compra de acciones del banco no se hizo con dinero sucio, pues 40 millones de pesos salieron de los diversos negocios de Duarte, antes de que se desempeñara como gobernador, y 25 millones corresponden a un préstamo, así lo informó Reforma.
“Es importante mencionar que los 65 millones de pesos aportados (…) los conforman 40 millones que provienen de retiros de otras inversiones realizadas con anterioridad a que César Horacio Duarte Jáquez se desempeñara como servidor público y 25 millones provenientes de la obtención de un préstamo”, indica el oficio PGR/DG/2649/2015.
Durante las indagatorias del caso, el ingreso mensual de Duarte como gobernador de Chihuahua ascendía a 120 mil 245 pesos mensuales, mismo que resultaba insuficiente para justificar dicha inversión; por tanto, el dinero debía ser presumiblemente producto del enriquecimiento ilícito, el delito previo al lavado.
Por lo anterior, la dependencia federal solicitó a la UIF, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todas dependientes de la Secretaría de Hacienda, para que revisaran el patrimonio y las cuentas de Duarte, pero todos los organismos concluyeron que el exmandatario estaba limpio.
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