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Policías Federales torturon a tres niñas y a sus padres en Tabasco

Familia fue torturada en Tabasco durante detención arbitraria

Las menores y su madre fueron obligadas a escuchar los gritos de su padre mientras era torturado

El día de hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que en 2015 elementos de la Policía Federal cometieron actos de tortura contra tres niñas y sus padres, a quienes detuvieron de manera arbitraria en Tabasco.

Ante los hechos, la Comisión emitió una recomendación a la Procuraduría General de la República (PGR) y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, en la cual se especifica que la CNDH acreditó que los elementos federales incurrieron en privación ilegal de la libertad, violaciones a los derechos humanos y actos de tortura contra la familia.

Los hechos ocurrieron el 6 de noviembre de 2015, a las 13:30 horas, cuando policías federales detuvieron a la familia al momento que estos llegaban a su domicilio, ubicado en el municipio Centro, de Tabasco. La indagatoria a cargo de la CNDH detalla que los uniformados también ingresaron a la casa y sustrajeron diversos artículos.

La familia fue ingresada a dos vehículos distintos, el padre fue subido a un vehículo oficial, mientras la madre y las niñas fueron obligadas a subir a su propio automóvil, les cubrieron el rostro con “gorras” y las amenazaron con dispararles.

Durante el tiempo que la familia permaneció privada de la libertad, a las menores, – que entonces tenían uno, seis y ocho años de edad– no se les proporcionó ningún alimento y tampoco se les permitió acudir al sanitario, por lo que realizaron sus necesidades fisiológicas en su ropa.

De acuerdo con una publicación de SinEmbargo, la madre relató a la CNDH que después de permanecer en el auto fueron trasladadas a un lugar donde su esposo fue torturado mientras ella escuchaban sus gritos.

Tanto la madre como las menores fueron liberadas al día siguiente cerca de las 13:00 horas en una carretera del estado, no sin antes amenazarlas con hacerles daño si denunciaban lo ocurrido. Sin embargo su esposo, quien entonces trabajaba en la Fiscalía General del Estado (FGE), no corrió con la misma suerte y fue puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) junto con un compañero de trabajo; ambos enfrentan un proceso penal por su probable responsabilidad en delitos del orden federal.

La CNDH acreditó que la mujer y las niñas fueron privadas ilegalmente de la libertad, toda vez que no se les atribuía la comisión de delito alguno. Mientras que en el caso del padre de familia, la Comisión refirió que existen evidencias suficientes que permiten acreditar que fue detenido de manera arbitraria.

Aunque al hombre se le imputaba la comisión de un ilícito, su aseguramiento no se dio con los requisitos constitucionales establecidos, además de que pasaron 27 horas antes de que fuera puesto a disposición del Ministerio Público federal.

Las amenazas en contra de la madre y las niñas, además de las privaciones a las que fueron sometidas y la exposición a escuchar la tortura en contra de su familiar, construyen a su vez actos de tortura en contra de ellas.

En el caso del padre de familia, se determinó que fue agredido física y psicológicamente para que aceptara los delitos que se le estaban imputando.

Pese a haber una denuncia oficial, la PGR no ha realizado las acciones necesarias para investigar diligentemente los actos cometidos en contra de las víctimas, además de que un funcionario de la dependencia proporcionó a la CNDH información errónea sobre el caso.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR instruir para que se continúe con la investigación de los hechos y colaborar en la presentación y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno y la Visitaduría General de la dependencia.

En tanto, al Comisionado Nacional de Seguridad se le pide reparar de forma integral los daños ocasionados a las personas afectadas, que incluyan una compensación, atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas.