Pueden transcurrir varias semanas o meses antes de que la solicitud de extradición sea aprobada
Los desvíos millonarios no se encuentran entre los delitos por los que México solicita la extradición
Con cuatro órdenes de aprehensión vigentes giradas en contra del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, el gobierno mexicano solicitará formalmente a Guatemala la extradición del político.
Dichas órdenes de aprehensión agrupan un total de ocho delitos, de los cuales sólo el de delincuencia organizada amerita prisión automática. Para el resto de los procesos, la PGR y la Fiscalía de Veracruz tendrán que solicitar a los jueces la prisión preventiva, y argumentar por qué existe riesgo de fuga.
El día de hoy la PGR informó que enviará la solicitud formal en el transcurso del día, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Aunque Duarte fue detenido el 15 de abril, la solicitud de extradición tuvo que retrasarse debido a que la Fiscalía de Veracruz pidió adherirse al procedimiento, pues cuenta con dos órdenes de aprehensión contra el exmandatario, informó el subprocurador de Asuntos Jurídicos de PGR, Alberto Elías Beltrán.
Las órdenes de aprehensión de Veracruz son procedentes, por lo que México pedirá la extradición de Duarte, tanto por los casos federales como los locales.
Sin embargo los desvíos de miles de millones de pesos denunciados por la Auditoría Superior de la Federación, no se encuentran entre los delitos por los que México solicita la extradición.
Ni una de las 53 averiguaciones previas iniciadas por esas presuntas irregularidades ha sido consignada por la PGR.
Los ocho delitos que le imputan a Javier Duarte son:
– Delincuencia organizada:
Lo acusan de encabezar una estructura delictiva que le permitió apropiarse de recursos públicos, a través de una red de empresas fantasma, que recibieron contratos, a través de prestanombres. El delito amerita prisión preventiva de oficio y su pena va de los 20 a 40 años de prisión.
– Operaciones con recursos de procedencia ilícita:
Tanto al ex mandatario como a sus cómplices se les acusa de utilizar recursos públicos, para adquirir propiedades en México y Estados Unidos. La pena para quien resulte culpable va de los 5 a los 15 años de prisión, sin derecho a fianza.
– Abuso de autoridad:
A través de su cargo giró instrucciones para utilizar recursos públicos con otros fines, afectando a los ciudadanos para obtener un beneficio propio. Este delito amerita una sanción de 2 a 8 años de prisión.
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