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Revelan que Delfina recibió más de 400 mil pesos de liquidación en Texcoco

La hoy candidata de Morena se autorizó 220,191.43 brutos como “finiquito laboral”

Gómez podría recibir una sanción penal

La candidata de Morena a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, recibió una cuantiosa liquidación cuando deja la Alcaldía de Texcoco.

Esto se descubrió a través de una solicitud de información vía transparencia al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, sobre información contable del ayuntamiento en el periodo 2013-2015.

La investigación, publicada por el diario El Economista, revela que el 16 de enero del 2015 la entonces presidenta municipal se autopagó 217,279.15 pesos brutos como “gratificación extraordinaria”.

Sin embargo este no fue el único monto recibido por la entonces funcionaria de Texcoco. El 31 de marzo se autorizó 220,191.43 brutos como “finiquito laboral”, con lo que suman 437,470.58 pesos.

Los documentos muestran que Delfina Gómez autorizó con su firma los cheques y las pólizas mediante los cuales recibió 300,000 pesos netos, provenientes de las arcas municipales, lo cual, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos, es ilegal, pues “está prohibido que un servidor público cause daño a la hacienda pública municipal por el manejo irregular de fondos municipales o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del municipio”.

Por su parte el Código Administrativo del Estado de México, en su artículo 289, señala que “ningún servidor público podrá percibir remuneración que no haya sido aprobada por el ayuntamiento correspondiente ni compensación extraordinaria que no hay sido incluida en el presupuesto correspondiente”.

El sueldo base mensual integrado de Delfina en ese entonces era de 93,669.41 pesos.

Así, la ahora candidata a gobernadora Delfina Gómez pudo haber incurrido en una responsabilidad administrativa. Al tratarse de un daño patrimonial superior a los 437,000 pesos, Delfina Gómez podría ser sancionada penalmente.

Fuente: El Economista