En el país, al menos siete estados cuentan con alerta de género
Mientras ocurren estas agresiones, continúan las peticiones de diferentes grupos civiles que exigen que varias de las entidades sean evaluadas, al presumir que existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres
En los dos primeros meses de este año los delitos sexuales aumentaron 8.19 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, pasando de 4 mil 62 a 4 mil 395 casos en este 2017.
Sobre las violaciones sexuales, los casos casi se mantienen en el mismo número: mil 868 en 2016 y mil 855 en 2017, esto de acuerdo con los casos denunciados en las fiscalías y procuradurías estatales, cuyos datos son compilados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (SG), por lo que lamentablemente no se tienen registro de los que no se denuncian.
Mientras esto ocurre, siguen las peticiones de diferentes grupos civiles que exigen que varias de las entidades sean evaluadas, al presumir que existe una situación grave de violencia en contra de las mujeres.
Cabe señalar que la mitad del país no cuenta con elementos sobre prevención y procuración de justicia, mientras que en al menos siete estados se ha emitido la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM): Chiapas, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Veracruz y Sinaloa, cada uno de estos con su determinado número de municipios implicados.
Según el último diagnóstico sobre Sinaloa, el cual fue aplicado por un grupo de expertos, determinó que la entidad atendió de mala forma las recomendaciones que se le hicieron hace poco más de un año, por lo que el sistema nacional que atiende el problema, coordinado por la SG, decidió emitir ahí también la AVGM.
Debido a esta situación, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió con funcionarias y representantes de grupos no gubernamentales dedicados a la prevención y atención de violencia contra las mujeres con la intención de realizar un análisis de las tareas pendientes en los tres niveles de gobierno, poniendo especial atención en las sanciones contra los agresores y en el acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso.
En la reunión, las asistentes aprovecharon para advertir de la persistencia de la problemática, especialmente la violencia de etnia, agresiones contra la población transgénero y deficiencias en el acceso al aborto legal por violación sexual.
Para María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, los tres niveles de gobierno aún presentan desafíos para poder cumplir eficazmente con las recomendaciones hechas.
“Necesitamos tener, de cara a la nación, (información) de cuáles son esos avances, cuáles son desafíos de los estados en materia de violencia contra las mujeres”, indicó.
Por su parte, Ana Pecova, de Equis Justicia para las Mujeres, hizo un planteamiento: generar mecanismos novedosos con la finalidad de que las alertas de género tengan algún impacto, que no se quede sólo en su declaración como un objetivo, sino que cese la violencia. Lo mismo para el acceso a la justicia con perspectiva de género, en especial con mujeres encarceladas por delitos contra la salud (drogas).
Para finalizar, Chong comentó que hizo una revisión de cada una de las alertas, señalando que su sistema no está politizado. El objetivo de esto es darle seguimiento a las acciones que han implementado los gobiernos locales ante las alertas de género. Por ello, dijo que los avances en este tema se darán conforme los gobiernos sancionen estas agresiones.
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