Alberto
Rodríguez Guzmán.
FLORENCIO
VILLAREAL, Gro., 08 Noviembre 2016.- Acusan al tribunal colegiado de
enjuiciamiento penal, resolutores del juicio oral en agravio de Ángel Casiano
Ramírez y Jorge Pavón Pérez, pues señalan que el nuevo Sistema Penal Acusatorio
es irregular y corrupto al defender verdaderos delincuentes.
Pues
se las víctimas en mención al omitir la violación de derechos civiles y humanos
de los ya mencionados al ser acusados de secuestro octubre del año pasado, el
documento señala que la fiscalía hizo caso omiso a la orden de aprehensión que
tiene Esteban Ramos Gallardo, comandante del Sistema de Seguridad y Justicia
Ciudadana (SSJC).
Mismo
que opera en el municipio de Cruz Grande, por el delito de homicidio en agravio
de José Eduardo Carmona, en tanto que este hombre se escuda con las siglas que respalda
la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), por ello cusan
de corrupto e irregular el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Pues
solo observan y critican las declaraciones de los señalados quienes justifican
que realizan un trabajo de seguridad en los pueblos, cuando golpean y torturan
a los detenidos según para que estos se declaren culpables, violando sus
garantías humanas por parte de los policías ciudadanos que operan en la región
de la Costa Chica.
El
tribunal colegiado de enjuiciamiento penal, con sede en Ometepec, con
jurisdicción en Ayutla, Florencio Villarreal y San Luis Acatlán, dentro del
juicio oral número 04/2016 violento en perjuicio de los sentenciados, las
garantías de libertad, seguridad y legalidad, establecidas por los artículos 14
y 16 constitucionales porque los privaron de la libertad personal sin que se
haya cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio
seguido en su contra.
Señaló
que simplemente se están violando los artículos 357 y 359 de los relativos y
aplicables del Código Nacional de los Procedimientos Penales en vigor, pues Esteban
Ramos Gallardo y Fernando Nava Pérez, son los que se encargan de los operativos
y al detener a Casiano Ramírez y Pavón Pérez, es un acto ilegal así como
también ser acusados de corruptos y secuestradores.
Según
Ramos Gallardo, aseguró en su parte informativo acepto que mantuvo retenido
seis días a Jorge Pavón Pérez, pero que lo dejo en libertad ya que la familia
que lo denuncio no asistió a la comandancia a levantar de manera formal su
demanda y que si mantuvo retenido al ciudadano es porque se tenían que
desahogar pruebas en contra de estos.
En
ese sentido dijo que los negligentes jueces resolutores no escucharon ni
presenciaron más de lo que les conviene para salir del compromiso de
condenarlos; tal prueba debió ser declarada falsa y nula, por violatoria de los
derechos humanos y garantías individuales, pues perdieron de vista el
testimonio clave de la acusación de la fiscalía que es de Ramos Gallardo, pero
la ignoraron.
Según
los jueces están comprometidos a resolver los delitos de detención arbitraria y
el homicidio que cometió Ramos Gallardo, pues la fiscalía quien con apego a
derecho debió haberlo mandando a detener en cumplimiento de tal orden de
aprehensión y agregarle a su carpeta de investigación la retención violatoria
de dos ciudadanos, por lo que lo declara prófugo de la justicia.
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