CHILPANCINGO,
Gro., 12 Septiembre 2016.- El desmantelamiento de la estación de radio Digital
106.3 –acción ejecutada por la Procuraduría General de la República (PGR) hace
tres días– exhibió irregularidades relacionadas con el acaparamiento de las
concesiones del espectro radioeléctrico en la entidad, y el otorgamiento
discrecional de publicidad oficial.
La
mezcla de intereses políticos y empresariales en la entidad ha provocado que la
radio sea considerada un botín comercial donde prevalece la violación
sistemática de la legalidad, aunado a la corrupción y el descontrol, en lugar
de garantizar la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado
sin mecanismos de cooptación económica.
Reportes
oficiales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) indican que en esta
capital sólo están autorizadas para transmitir en Frecuencia Modulada (FM) tres
estaciones radiofónicas: XELI, 94.7; XHEZUM, 105.1 y XHCHG, 107.1.
No
obstante, en esta misma frecuencia transmiten cuatro estaciones más, por lo que
suman siete hasta el momento, descontando la recién desmantelada 106.3.
Del
total de estaciones que transmiten en la entidad vía FM, dos no tienen permiso
de la autoridad federal: Radio Universidad (en el 90.7) y la 102.9, de la que
sólo se conoce como un espacio radiofónico que promueve la santería.
Las
otras dos, Capital Máxima (97.1) y Audiorama (99. 7), tienen permiso para
transmitir en FM, pero no en Chilpancingo, sino en los municipios de Eduardo
Neri y Tixtla, respectivamente, según el informe del IFT solicitado vía
transparencia.
En
el caso de Capital Máxima –una de las dos radiodifusoras afincadas de manera
ilegal en esta ciudad y promotora, junto con Audiorama, del desmantelamiento de
Digital 106.3–, el gobierno estatal le asigna de manera discrecional un
promedio mensual de 100 mil a 300 mil pesos por concepto de publicidad oficial.
El
pasado viernes 9, bajo el argumento de que no tiene permiso federal para
transmitir, agentes federales irrumpieron en un edificio del centro de la
capital y decomisaron la antena y el transmisor, así como equipo de cómputo y
radiocomunicación de la estación Digital 106.3.
Los
uniformados también mantuvieron incomunicados a los trabajadores e intentaron
llevarse detenido al periodista Gamaliel García Barrera, pero un grupo de
reporteros, profesores y ciudadanos lo impidió, y prácticamente rescató a
golpes y empujones al comunicador y conductor del espacio de noticias matutino
de la estación.
Las
autoridades federales justificaron el cateo, decomiso e intento de detención de
García Barrera al afirmar que la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y
Televisión habría presentado una denuncia formal ante la PGR contra los
promotores de la estación Digital 106.3.
Por
su parte, García Barrera calificó el hecho como un atentado a la libertad de
expresión y al derecho de la ciudadanía a estar informada, así como una
maniobra de los grupos radiofónicos que tienen acaparado el espectro
radioeléctrico en la entidad, ya que no permiten la participación de ciudadanos
en la subasta de concesiones y mucho menos que existan radios comunitarias en
la entidad.
Por
ello, anunció que seguirán buscando los mecanismos legales para obtener una
concesión comercial o de servicio social que otorga el gobierno federal.
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