Jorge
Romero Rendón.
Correo
electrónico: rendon59@gmail.com
CIUDAD
DE MÉXICO, 28 Septiembre 2016.- Hace diez meses, Héctor Astudillo Flores
anunció ante sus pares de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que
todos los integrantes de su gabinete deberían entregar su manifestación de transparencia
“3de3”, que incluyera sus declaraciones públicas de bienes, la fiscal y la de
conflicto de interés, luego de que el propio mandatario la presentó durante su
campaña electoral.
Allí
expresó su voluntad de combatir la corrupción en su gobierno, estableciendo un
régimen de transparencia y rendición de cuentas. Pero el tiempo ha pasado y a
sólo unas semanas de rendir su Primer Informe, nada se sabe sobre las
declaraciones de los funcionarios estatales.
El
tema es fundamental, porque desde julio pasado el propio Astudillo ha
encabezado ya dos reuniones públicas, en las que dio inicio a los trabajos del
Programa Estatal de ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, nombrando a
un comité rector del mismo, difundiendo su Código de Ética, y anunciando que
dicho programa estará funcionando antes de que finalice el año. Es decir, que
el gobernador va en serio en sus intenciones de darle un soporte moral y
operativo efectivo a su promesa de campaña.
En
ese contexto, se supone que sería un requisito para cada secretario,
subsecretario, coordinador o director general de las diversas áreas del
gobierno estatal, presentar su declaración “3de3” al momento de tomar posesión
de esos cargos, luego de recibir sus nombramientos por oficio, y con más razón
aquellos que en su función incluyera la administración directa de recursos
públicos.
Pero
en los hechos ninguno de los secretarios de despacho ha cumplido con ese
requisito, lo que deja en entredicho la voluntad del gobernador de hacer
posible que la sociedad conozca la situación patrimonial de los servidores
públicos que llegaron con el nuevo gobierno; y de que demuestren su solvencia
moral y económica al evidenciar que están al corriente en sus obligaciones
fiscales; y de que no cuentan con empresas o intereses personales o familiares
que los haga sospechosos de obtener beneficios ilegales en la adjudicación de
obras, adquisiciones o alguna otra operación con recursos públicos…
El
caso Argos y la SEG ¿socios o mero negocio…?
Resalta
el hecho que entre los promotores de la iniciativa “3de3” para Guerrero se
encuentre el actual secretario de Educación, José Luis González de la Vega, quien
apenas la semana pasada fue denunciado por los representantes de maestros
jubilados y pensionados de todo el estado, de incurrir en conflicto de interés
como socio de la empresa aseguradora Argos, cuyas pólizas se les ha tratado de
imponer a los 20 mil jubilados de Guerrero.
Dicho
caso enciende los focos rojos para el régimen de transparencia propuesto por
Astudillo, en la medida en que por un lado ubica a un funcionario de primer
nivel bajo sospecha de corrupción como socio efectivo o mediador de negocios en
el tema de los seguros de vida de los maestros, creando además un vacío sobre
la situación patrimonial real de De la Vega, en la medida en que nunca presentó
la declaración “3de3” que él mismo dijo haber promovido al punto que el
entonces candidato Astudillo la aceptó para demostrar que sus ofertas de
campaña iban en serio.
El
tema de los seguros tiene varias aristas porque también podría implicar otras
irregularidades, como la omisión de un concurso público para la selección de la
mejor empresa aseguradora; tampoco se conoció la licitación respectiva y hay
sospechas fundadas de que el contrato con Argos no fue la opción más barata y
de mejores condiciones de cobertura y costo, ya que en los medios financieros
del país se conoce el caso de esa empresa –de posible origen argentino- como
una de las más pequeñas de México –tiene una participación de mercado menor al
1%-, pero es una de las que más denuncias y demandas han registrado, con
sanciones que representan la sexta parte de todas las multas por varios
millones de pesos que ha aplicado la Condusef desde el 2014.
De
tal manera que hay quejas ya en Guerrero de los jubilados, a pesar de que el
contrato lleva sólo unos meses de haberse aplicado. También hay quejas de parte
de los periodistas afiliados al Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP), que
rechazan a la empresa Argos por irregularidades que rebasan ampliamente a otras
empresas internacionales que han tenido contratos en Guerrero, como Metlife y
Mapfre.
Por
lo que el caso Argos parece estarse convirtiendo en la punta de un problema con
mucha cola para cuestionar la solvencia moral de algunos funcionarios, que con
sus intereses y malas prácticas podrían afectar gravemente la implantación del
régimen de transparencia y rendición de cuentas que se ha propuesto el
gobernador Astudillo…
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