Ezequiel
Flores Contreras/Proceso.
CHILPANCINGO,
Gro., 06 Julio 2016.- Un joven sentenciado a 54 años de prisión por el
homicidio del exfuncionario estatal Morelos Vargas Gómez –registrado en
noviembre de 2008– fue liberado en marzo pasado luego de que un tribunal
federal declaró nulas las actuaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE),
pues el defensor de oficio Juan Francisco Camacho Mancilla ejerció sin cédula
profesional.
La
irregularidad avalada por autoridades ministeriales y el Tribunal Superior de
Justicia estatal (TSJ) dejó abierta la posibilidad de que al menos ocho hombres
que actualmente se encuentran presos y sentenciados por secuestro, robo y
homicidio, obtengan su libertad por la misma vía, es decir a través del amparo,
según indican documentos oficiales consultados por Apro.
Los informes refieren que Juan Francisco,
quien goza de impunidad y no se le ha fincado responsabilidad por ejercer sin
cédula durante al menos tres años, es hermano de Luis Camacho Mancilla, actual
secretario ejecutivo de la Comisión para la Implementación de la Reforma en
Materia de Seguridad y Justicia Penal del gobierno de Héctor Astudillo Flores.
Ambos
son hijos del exmagistrado del TSJ, Luis Camacho Castañón, un clan ligado al
PRI que siempre han vivido del servicio público y miembros del grupo político
del actual secretario de Gobierno en la entidad, Florencio Salazar Adame.
El
exfuncionario estatal Morelos Vargas, asesinado hace ocho años, fue considerado
como uno de los más entrañables amigos de Salazar Adame, quien aparece como
agraviado en este caso porque es propietario del auto que robaron los homicidas
donde se desplazaba la víctima.
El crimen
El
expediente del caso 45/2009 refiere que el 25 de noviembre de 2008, Norberto
Castillo Romero, José Flores Moreno y Bernardo Cabrera Moreno citaron a Morelos
Vargas en un prostíbulo ubicado en la colonia Reforma, al oriente de esta
capital.
Los
tres jóvenes secuestraron a Vargas Gómez, quien en ese entonces se desempeñaba
como presidente de la Fundación Produce, mientras que en la administración del
exgobernador José Francisco Ruiz Massieu fue secretario de Desarrollo Rural y a
la vez como delegado federal en Guerrero de la extinta Secretaría de Agricultura
y Recursos Hidráulicos.
Los
inculpados asesinaron a Vargas Gómez después de robarle dinero y un auto tipo
Bora en el que se desplazaba, propiedad del actual secretario de Gobierno en la
entidad, Florencio Salazar Adame, refiere el expediente judicial.
Enseguida,
la Fiscalía estatal detuvo a los presuntos asesinos y los consignó por los
delitos de homicidio calificado y robo en agravio de Salazar Adame ante un juez
de primera instancia quien, en 2012 y 2014, sentenció a 54 años de prisión y a
reponer la cantidad del auto robado a dos de ellos, Norberto Castillo y
Bernardo Cabrera.
No
obstante, en marzo de este año, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal
del Poder Judicial de la Federación, con sede en el puerto de Acapulco, emitió
el amparo 366/2015, a favor de Norberto Castillo Romero.
La
justicia federal ordenó la liberación del homicida sentenciado porque declaró
nulas las actuaciones de la Fiscalía, debido a que el defensor de oficio que
asistió a los tres inculpados en su declaración ante el Ministerio Público del
fuero común en marzo de 2009, simplemente no tenía cédula profesional.
En
ese entonces, el defensor de oficio Juan Francisco Camacho Mancilla se
identificó legalmente con credencial 21786 de la Dirección de Defensoría de
Oficio del gobierno estatal y dos años después, en 2011 obtuvo su cédula
profesional 6941699 que lo acredita como licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), indica el documento oficial.
La
usurpación de funciones de Camacho Mancilla no sólo permitió la excarcelación
de uno de los tres presuntos homicidas de Morelos Vargas, sino también provocó
que el resto de los inculpados exijan su liberación a través del amparo, con el
argumento de la misma irregularidad jurídica, informaron fuentes oficiales del
Poder Judicial.
En
la misma ruta legal se encuentran otros procesados, entre ellos ocho hombres
sentenciados por el delito de secuestro y que fueron asistidos legalmente por
Camacho Mancilla durante el tiempo que se desempeñó como defensor de oficio del
gobierno estatal a pesar de no tener cédula profesional, señalaron las mismas
fuentes.
El nepotismo
El
caso de la excarcelación de uno de los tres sentenciados por el asesinato de
Morelos Vargas exhibe no sólo las deficiencias del sistema de procuración y
administración de justicia local sino el amiguismo y compadrazgo que ha
caracterizado la administración pública en Guerrero.
A
pesar de la gravedad, la práctica de beneficiar a amigos y familiares con
cargos públicos persiste en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, donde los
hijos de sus compadres, entre ellos el actual senador priista René Juárez
Cisneros y Manuel Añorve Baños, ostentan puestos en su administración.
Incluso,
en el Tribunal Superior de Justicia que administra el notario 19 de Acapulco
Robespierre Robles Hurtado –señalado públicamente por presuntos nexos con el
narco– el nepotismo se ha convertido en práctica común de los magistrados para
emplear a sus familiares sobre todo ahora que se abrieron plazas para el nuevo
sistema penal.
Destaca
el caso del magistrado Jesús Martínez Garnelo, quien metió a trabajar a su
sobrino Ever Rodríguez Martínez como juez del nuevo sistema de justicia para
adolescentes.
Otro
caso es el del magistrado de la Tercera Sala Penal de Iguala, Félix Nava Solís,
quien impuso a sus sobrinos Irving y Ever Fernández Nava, así como Carlos Nava
Tapia como juez de juicios orales, oficial administrativo del juzgado penal en
Chilpancingo y oficial administrativo del
Distrito de Hidalgo, respectivamente.
La
esposa del magistrado Julio Jauregui García, Azucena Pineda, es juez del
sistema de justicia para adolescentes y su hija Berenice Jáuregui ocupa un
cargo de dirección en el TSJ.
Más:
el magistrado Vicente Rodríguez Martínez tiene a sus dos hijos –Cristian y Alberto
Rodríguez– trabajando en áreas del Poder Judicial.
A
pesar de que trabajadores del TSJ han denunciado públicamente el nepotismo y la
corrupción que impera, incluso hasta impulsaron un paro de labores el año
pasado para exigir respeto a la carrera judicial y mejoras salariales, la red
familiar y de complicidades tejidas por los encargados de impartir justicia en
la entidad sigue intacta en el contexto del nuevo sistema de justicia penal.
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