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Drones estadounidenses han matado a unos 116 civiles desde 2009

EFE. 

ESTADOS UNIDOS, 01 Julio 2016.- El Gobierno de Estados Unidos admite que grupos independientes revelan que la cifra de civiles asesinados por los drones es significativamente mayor.
La inteligencia del Gobierno de Estados Unidos informó este viernes los datos oficiales sobre las víctimas de ataques selectivos con aviones no tripulados (drones). Estiman que han matado entre 64 y 116 civiles “no combatientes” en un total de 473 ataques selectivos desde que el presidente Barack Obama llegó al poder en 2009.
Las víctimas se registraron en países que, oficialmente, no están en guerra con EEUU, como Libia, Pakistán, Somalia y Yemen.
El número de víctimas reveladas este viernes por la administración de Obama es inferior a las estimaciones de grupos independientes que han recopilado e investigado durante años sobre las muertes de civiles en ataques selectivos que los sitúan entre 250, 358 y hasta mil muertes.
La abogada Jennifer Gibson, de la Organización No Gubernamental (ONG) Reprieve, estima que la cifra de víctimas mortales ascienden a unas cuatro mil, incluidos cientos de niños.
Un programa clasificado de ataques selectivos contra sospechosos de terrorismo mediante aviones no tripulados, que comenzó en 2002 a iniciativa del entonces presidente, George W. Bush, y que se amplió a gran escala durante el mandato de Obama.
Los datos indican que hubo 473 ataques selectivos “fuera de áreas con hostilidades activas” entre el 20 de enero de 2009, cuando Obama asumió el poder, y el 31 de diciembre de 2015. Los ataques provocaron entre dos mil 372 y dos mil 581 muertes de “combatientes” de grupos terroristas en zonas de guerra, saldo que tampoco es exacto pues se desconoce a ciencia cierta la filiación de los fallecidos.
El informe publicado indica que “el Gobierno de EEUU reconoce que hay diferencias entre nuestras estimaciones y las de organizaciones no gubernamentales”.

Obama ha publicado una orden ejecutiva que prescribe revelar este tipo de datos cada año y establece como prioridad la protección de civiles a la hora de lanzar ataques selectivos contra sospechosos de terrorismo. Sin embargo, la orden no será necesariamente obligatoria para el siguiente presidente del país, que podrá anularla.