Ezequiel
Flores Contreras/Proceso.
CHILPANCINGO,
Gro.- A pesar de los excesos, nepotismo y opacidad que han caracterizado su administración,
el gobernador Héctor Astudillo instaló esta mañana en el puerto de Acapulco, el
comité del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción.
El
comité lo encabeza el propio mandatario, así como el secretario de Gobierno
Florencio Salazar y cuatro funcionarios más, quienes serán juez y parte en el
esquema que pretenden implementar para “terminar con las prácticas deshonestas”
al interior de la administración pública.
En
el acto realizado en el consorcio hotelero del Grupo Autofin, ubicado en la
exclusiva Zona Diamante del puerto, el mandatario dijo que de esta forma espera
que Guerrero sea la primera entidad en impulsar “gobiernos íntegros y que
promuevan la honestidad”, indicó.
Astudillo
dijo que la corrupción se ha convertido en el principal problema del país
México y representa un lastre que impide el funcionamiento adecuado de la
estructura social.
También
recordó que Guerrero a nivel nacional tiene el mayor índice de atraso en
cuestión de transparencia y señalamientos de actos de corrupción en la
administración pública.
Por
ello, se comprometió a ejecutar programas para promover la transparencia en
todos los niveles del gobierno, con el propósito de regresar la integridad y la
ética, sostuvo, a pesar de que es una obligación legal de los servidores
públicos.
Luego
consideró necesario armonizar el marco jurídico local a la ley secundaria del
Sistema Nacional Anticorrupción, promulgada recientemente por el presidente
Enrique Peña, y exhortó al Congreso local a iniciar la discusión de lo que será
el Sistema Estatal Anticorrupción.
Astudillo
anunció la creación de un programa para reordenar las finanzas públicas a
través de la bancarización de todas las operaciones de la administración, así
como transparentar los procedimientos de adjudicación de obras públicas y
adquisición de bienes y servicios.
También
depurar y publicar padrones de beneficiarios de programas sociales y cumplir
con la ley general de transparencia que obliga a los sujetos obligados a
difundir información pública de oficio.
Este
hecho ocurre luego de que la administración de Astudillo ha sido exhibida
públicamente por sus constantes excesos y los señalamientos de nepotismo y
presuntos actos de corrupción.
Estela de nepotismo
y excesos con Astudillo
En
febrero pasado, Apro dio a conocer que a pesar de la pobreza, marginación,
inseguridad y violencia que azota a la entidad, aunado a la grave crisis
financiera en la administración central, el gobernador Astudillo andaba
presumiendo en actos públicos un reloj de la exclusiva marca suiza Omega, con
un valor comercial de aproximadamente 88 mil pesos.
En
junio también esta agencia dio a conocer que el mandatario, su familia y
decenas de colaboradores utilizaron aeronaves y vehículos oficiales para viajar
al estado de Oaxaca con el propósito de asistir a la boda del secretario de
Obra Pública de Guerrero, Rafael Navarrete Quezada, personaje señalado por
presuntos actos de corrupción.
Astudillo
y miembros de su gabinete abandonaron la entidad sumida en la crisis de
impunidad, inseguridad y violencia para divertirse en un festejo particular en
el estado de Oaxaca, donde el conflicto político social generado por la reforma
educativa se agudizó en los últimos días.
El
pasado 11 de marzo, Apro dio a conocer que, a finales de noviembre anterior, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte
de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante
2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que
gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, el
priista Héctor Astudillo.
Esos
casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP) destinado a las entidades federativas.
La
revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas,
la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la
adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del
Estado (FGE), entre otras irregularidades.
En
tanto, en junio la zona conurbada del puerto de Acapulco fue tapizada con
mantas donde acusan al diputado federal priista Ricardo Taja Ramírez de
presuntos actos de corrupción, mismos en los que involucran a los hijos del
gobernador Héctor Astudillo Flores y su secretario privado Pedro Ocampo Solís.
A
principios de julio, esta agencia publicó una nota titulada Red de
complicidades y nepotismo corrompen la justicia en Guerrero, donde se señala
que a pesar de la gravedad, la práctica de beneficiar a amigos y familiares con
cargos públicos persiste en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, donde los
hijos de sus compadres, entre ellos el actual senador priista René Juárez
Cisneros y Manuel Añorve Baños, ostentan puestos en su administración.
Incluso,
en el Tribunal Superior de Justicia que administra el notario 19 de Acapulco,
Robespierre Robles Hurtado –señalado públicamente por presuntos nexos con el
narco–, el nepotismo se ha convertido en práctica común de los magistrados para
emplear a sus familiares, sobre todo ahora que se abrieron plazas para el nuevo
sistema penal.
A
pesar de que trabajadores del TSJ han denunciado públicamente el nepotismo y la
corrupción que imperan, incluso hasta impulsaron un paro de labores el año
pasado para exigir respeto a la carrera judicial y mejoras salariales, la red
familiar y de complicidades tejidas por los encargados de impartir justicia en
la entidad sigue intacta en el contexto del nuevo sistema de justicia penal.
Y
apenas este jueves 14 el gobernador Astudillo Flores y Federico Figueroa,
empresario vinculado con el narco, presentaron un libro biográfico sobre el
hermano de este último, el fallecido cantautor Joan Sebastian, titulado:
Lanzando un sueño; retrato íntimo.
El
evento realizado en la ciudad platera de Taxco fue encabezado por el mandatario
y colaboradores del área turística, así como por el empresario Federico
Figueroa, quien es investigado desde 2014 por sus presuntos nexos con el
narcotráfico.
Incluso,
de acuerdo con reportes oficiales de la FGE, Federico Figueroa es considerado
como uno de los líderes de la estructura del grupo criminal Guerreros Unidos,
responsable de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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