Fernando
Cristales Andrade.
ACAPULCO,
Gro., 11 Marzo 2016.- Se hace viral la noticia del médico acribillado en la
colonia Progreso y las redes sociales se llenan de comentarios en contra del
sistema de seguridad que han implementado los tres niveles de gobierno, entre
ellos la comunidad médica de Guerrero.
Sin
duda la muerte inesperada del joven y talentoso doctor Ramón Javier Ayerdi jefe
de la unidad de traumatología del IMSS, obliga a los medios exigir a nuestros
gobernantes replantear el esquema de seguridad en la ciudad y puerto de
Acapulco.
Los
operativos que llevan a cabo autoridades de los tres niveles de gobierno no son
las adecuadas, la sola presencia de policías no inhibe la acción de grupos de
la delincuencia, por ello se debe de exigir una nueva estrategia más directa
para el combate directo con dichos grupos… la comunidad médica condena este
atentado al libre ejercicio de cualquier tipo de trabajo, por lo que piden al
presidente Evodio Velázquez, asuma su papel de presidente y garantice la
seguridad de los Acapulqueños, al Gobernador Héctor Astudillo, también en
conjunto con las instituciones se aboquen al esclarecimiento de este delito.
Att
la comunidad médica de Gro., y la sociedad.
Por
otro lado seguidores, de la red social Facebook responde a los hechos violentos
que se han generado en la entidad como el usuario “Nikko Porras”, al enviar su
opinión.
Opinión
de Nikko Porras:
Aunque
algunos insistan en negarlo, los grupos del crimen organizado siguen en
Guerrero y la violencia se mantiene en Acapulco. No son pocas las denuncias de
empresarios del puerto que aseguran que viven acosados por los criminales que
siguen cobrando derecho de piso.
Según
se sabe que en la entidad hay dos gobiernos: el de los “buenos” y el de “los
malos”. Y es que los empresarios de Acapulco tienen que hacer un “doble gasto”.
Por un lado, los hombres y mujeres del negocio tienen que pagar derecho de piso
al crimen organizado. Por el otro lado deben destinar parte de sus ingresos a
pagar los impuestos correspondientes al Gobierno. Ya sean restauranteros,
hoteleros, dueños de centros nocturnos, de servicios turísticos o pequeños
comerciantes, todos tienen que pagar doble.
Sin
embargo, los empresarios acapulqueños parecen cansados de esta “doble
ventanilla”. En consecuencia, piden que las autoridades los exente del pago de
impuestos.
Los
empresarios acapulqueños ya no piden seguridad –porque quedó claro que las
instituciones ya se vieron rebasadas por el crimen organizado–; lo que piden es
no pagar impuestos para poder pagar el derecho de piso que les exigen los
criminales. Y es que, si dejan de pagar impuestos, seguramente serán
amonestados y deberán pagar una multa. Pero si no cubren el derecho de piso,
sus negocios serán incendiados, los comerciantes secuestrados e incluso
asesinados.
A
pesar de que los comerciantes siguen pagando sus impuestos, nadie sabe dónde
están los recursos destinados a la seguridad, nadie entiende por qué siguen
habiendo asesinatos, robos y secuestros. Por eso exhortan a la autoridad para que
deje de cobrar tributos.
Durante
varios años –de forma consecutiva– Acapulco ha sido catalogada como la ciudad
más peligrosa del México. Incluso algunos países pidieron a sus ciudadanos
evitar vacacionar en la entidad. Por eso los acapulqueños ya no quieren pagar
impuestos.
Por
definición, cuando el Estado es incapaz de garantizar la seguridad de los
ciudadanos, pierde sentido su existencia. Por eso, aunque suene descocado,
aunque suene aleado de la realidad, el escenario en Acapulco es tan desolador
que suena lógico el llamado a dejar de pagar impuestos para cumplir con las
cuotas del crimen organizado.
Por
lo pronto, en otro intento para salvar su patrimonio, la Asociación de
Comerciantes Establecidos en la Costera de Acapulco hizo un llamado al gobierno
federal, estatal y municipal para que los ayuden pues los grupos delictivos
piden, a cada negocio, entre 15 y 20 mil pesos al mes de cuota.
Por
eso no sorprende, que alrededor de 200 negocios de la Asociación de
Comerciantes de la Costera han tenido que cerrar y mil 200 personas se han
quedado sin empleo.
Por
eso tampoco sorprende que Laura Caballero Domínguez –presidenta de esta
Asociación de Comerciantes– invite a las 50 bandas delincuenciales que hay en
Guerrero hacer un pacto para determinar en qué zonas van a seguir cobrando
derecho de piso y así no “pagar doble”.
Por
eso no sorprende que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, reconociera
que la violencia “no se va a resolver ni en tres ni en cuatro meses.
Social Plugin