CHILPANCINGO,
Gro., 10 Marzo de 2016.- Ante el cúmulo
de hechos de violencia donde mujeres guerrerenses han perdido la vida en la
entidad durante 2015 y el primer bimestre del 2016, el Comité Ejecutivo Estatal del PRD hace un
firme llamado al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que sin demora, gire
instrucciones a su secretario de gobierno y dé curso a la petición ante la
Secretaría de Gobernación para que sea emitida la alerta de género
correspondiente.
El
Partido de la Revolución Democrática en Guerrero (PRD), en voz de su presidente
Celestino Cesareo, se une a la voz de diversos sectores de la sociedad que
reclaman acciones efectivas para proteger derechos elementales de las mujeres,
el derecho a la vida, libre de violencia, e igualdad de oportunidades, y en el
caso de las víctimas del delito, a una procuración y administración de justicia
expedita.
“Deploramos
la comparación con Ciudad Juárez realizada por el gobernador Héctor Astudillo
Flores en el tema de feminicidios, es cierto que Guerrero no es como esa
ciudad, podría ser peor, porque ahí se aplicaron de manera exitosa diversos
programas para atender las causas sociales del delito, lo cual no vemos que
ocurra en la administración que ofreció la paz y el orden para la entidad”,
señala el comunicado.
Señalan
que la comparación es desafortunada, como desafortunado es que haya expresado
que “si es conveniente se emitirá”, el problema señor gobernador es la
impunidad, es la insensibilidad, mientras usted declara que está analizando si
es conveniente tomar acciones, en 2015 fueron asesinadas 162 mujeres y el día
de ayer aparecieron los restos de una hermana guerrerense”, señalan.
Precisamente
en el Día de Internacional de la Mujer, siguen registrándose casos y la
secretaria de la mujer Iveth Díaz y de derechos humanos Yenedith Barrientos
manifestaron el rechazo del PRD a la postura del gobernador de
"analizar" los motivos por los que fueron privadas de la vida cientos
de mujeres y le hicieron un enérgico llamado para que se de la resolución de
los mismos.
“El
papel de las autoridades es dar resultados y atender el reclamo de justicia,
más allá de protocolos para clasificar estos crímenes como feminicidios o no”,
finaliza el documento.
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