ESPAÑA,
11 Noviembre 2015.- No hay amanecer para Guerrero. Una ola de sangre inunda el
Estado más violento de México. En menos dos semanas, 50 personas han sido
asesinadas, decenas de cadáveres han aparecido en fosas clandestinas y 25
alcaldes del PRD (izquierda) han denunciado coacciones del narco nada tomar
posesión del cargo. La escalada parece no tener fin.
Ni
la llegada de un nuevo gobernador, el priísta Héctor Astudillo, ni el anuncio
del envío de fuerzas federales han mitigado el terror. La noche del domingo, 10
personas murieron acribilladas por el narco mientras veían una pelea de gallos
(125 balazos en 45 segundos), y este lunes cinco familiares de un exjefe de
policía fueron secuestrados y liquidados. Entre ellos había una niña de siete
años y un bebé.
En
Guerrero reina el caos. O lo que es peor, el narco. Un año después de la
matanza de Iguala, la autoridad estatal sigue desaparecida. Sólo en los nueve
primeros meses, el crimen se ha cobrado casi 2.000 vidas, 750 de ellas en
Acapulco, la antigua perla del Pacífico. No hay límite en esta espiral. Igual
mueren niños y ancianos, que agentes y alcaldes. Hace cuatro semanas cayó el
mismo comandante de la Policía Municipal de Acapulco. Acababa de dejar a su
hija en el colegio, cuando un sicario se acercó a su coche y le descerrajó
cinco tiros en la cabeza. Era el cuarto mando policial asesinado en seis meses.
A
diferencia de Ciudad Juárez o Monterrey, ciudades que han logrado alejarse del
infierno, Acapulco y por extensión Guerrero, siguen en plena descomposición.
Los alcaldes lo saben bien. Como demostró la tragedia de Iguala, el control de
la maquinaria municipal se ha convertido en un objetivo clave del crimen
organizado. Para lograrlo aplican una fórmula sencilla. Plomo o plata. Quien
acepta, pasa a engrosar la nómina, quien se niega, tiene sus días contados.
Las
cambios electorales, como el que recientemente se ha registrado en Guerrero,
apenas afectan. El narco lanza invariablemente su oferta. Y sólo en contadas
ocasiones hay quien lo denuncia. Así ha ocurrido con los alcaldes del PRD, la
fuerza hegemónica de la izquierda en México.
Veintiséis
de ellos, prácticamente un tercio de los munícipes del Estado, aseguran a
través de un portavoz haber recibido en las últimas semanas amenazas y han
solicitado protección. “Guerrero es una catástrofe institucional. Se trata de
un territorio controlado por pequeñas bandas criminales, locales y muy
sanguinarias, fruto de la fragmentación de los grandes carteles. De momento,
nada parece que pueda con ellas”, señala el analista Alejandro Hope.
En
este escenario, el Gobierno ha tomado cartas en el asunto y ha anunciado una
nueva estrategia de seguridad. El Ejército tomará el mando y se espera la
llegada de 1.500 nuevos efectivos federales. Pero el corazón del problema sigue
intacto.
Guerrero
es el mayor productor de opio de América. Una mina de oro en un territorio
paupérrimo (su PIB per cápita es seis veces inferior al español) y secularmente
olvidado por la Administración. Bajo estas condiciones, los cárteles se han
lanzado a una cruenta batalla por el control territorial. Chilapa es el
ejemplo.
El
municipio, de 35.000 habitantes, se sitúa estratégicamente al pie de los grandes
cultivos de amapola. Dos virulentas organizaciones criminales, Los Rojos y Los
Ardillos, se la disputan.
Las
desapariciones se cuentan por centenares, y la población ha sido abandonada a
su suerte hasta el punto de que en mayo pasado el pueblo fue tomado durante
cinco días por Los Ardillos, y 16 personas (30, según los familiares) fueron
secuestradas a plena luz. Nunca más se les vio. Pero nadie duda de qué les
pasó.
Cinco
de los desaparecidos tenían un apellido maldito: eran parientes del exjefe de
policía municipal, Silvestre Carreto, supuestamente vinculado con Los Rojos, la
banda rival.
Este
terror renació el martes 3 de noviembre. El hijo de Silvestre Carreto fue
sacado a la fuerza de su casa y asesinado a un centenar de metros. Tres tiros
en el tórax. El lunes pasado, la venganza prosiguió. Un grupo armado dio caza a
seis vecinos de Chilapa y los liquidó en la comunidad de Tepozcuautla. Cinco
eran familiares de Carreto. Entre ellos, había una niña de siete años y un bebé
de uno. Nadie ha sido detenido. Es Guerrero.
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