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Sirenio/ La Trinchera
Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) llega a sus
veinte años con varios de sus integrantes en prisión: Nestora Salgado, Gonzalo
Molina, Bernardino García, Arturo Campos y una decena de policías comunitarios
más, producto de la división que le generó la cooptación en la que cayeron con
los dos últimos gobernadores, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez.
La
organización nació en los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec y Azoyú,
hace dos décadas para brindar seguridad a sus comunidades ante la creciente ola
de asaltos, abigeato, robo a mano armada en las carreteras y abuso sexual en
contra de las mujeres, en la región.
Durante
los diez primeros años, la organización cumplió sus objetivos y bajó los índices
delictivos hasta casi hacerlos desaparecer en su zona de influencia. En este
tiempo, incrementó su radio de acción tuvo un incremento notable al pasar de
tres a diez municipios con este sistema –se agregaron Tlacoapa, Atlamajatzingo,
Metlatónoc, Xalpatláhuac, Acatepec y Ayutla–; también se multiplicaron las
casas de justicia. Además de la casa matriz en San Luis Acatlán, se crearon las
de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, y la de Zitlaltepec, municipio de
Metlatónoc.
La
organización que llegó a considerarse un emblema de la autogestión comunitaria
no sólo en México sino en toda América Latina, llega su segunda década en medio
de su peor crisis política, social y cultural.
La
sumisión de la CRAC-PC ante el poder establecido, inició en 2013 cuando la
organización comunitaria se dividió en dos –la de los pueblos fundadores y la
de los aliados de Pablo Guzmán Hernández y Valentín Hernández Chapa– cuando
recibió dinero del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.
A
su vez, la casa matriz de San Luis Acatlán, se dividió un año después, en marzo
de 2014, con la ruptura entre el grupo de Eliseo Villar Castillo y el de Abad
García García, de tal forma que quedaron tres grupos antagónicos que han
dirimido sus inconformidades en los medios de comunicación.
Con
la caída de Ángel Aguirre, en octubre de 2014, por la crisis social por la
desaparición forzada de los 43 normalistas en Iguala el 26 de septiembre,
asumió la gubernatura Rogelio Ortega, quien de inmediato nombró al
excoordinador de la CRAC-PC Pablo Guzmán Hernández como coordinador de asesores
en el gobierno del Estado.
Bajo
el cobijo del entonces gobernador Ángel Aguirre, Bruno Plácido Valerio, ex
comandante de la CRAC, armó un grupo de autodefensas en los municipios de
Ayutla y Tecoanapa, bajo la sigla de la Unión de los Pueblos y Organizaciones
del Estado de Guerrero (UPOEG), y los llamó Policía Comunitaria. El anuncio
molestó a los coordinadores regionales de la casa de Justicia de San Luis
Acatlán, con lo que salió a flote la división entre los pueblos indígenas que
fundaron este proyecto años antes.
El
coordinador regional de la CRAC, Pablo Guzmán Hernández, quien se beneficio de
la entrega de recursos por parte de Aguirre Rivero, impulsó una campaña de odio
en contra de los hermanos Plácido Valerio al acusarlos de traición a la sistema
de justicia comunitaria, con lo que apareció la peor crisis interna que la
CRAC-PC enfrentó ese año.
En
plena preparación de la asamblea regional para nombrar a los nuevos
coordinadores regionales de la CRAC, 23 de febrero de 2013, Pablo Guzmán y
Valentín Hernández Chapa, ambos mestizos, cambiaron las reglas de juego, para
imponer a Eliseo Villar Castillo, con el argumento de que sólo así impedirían
que los simpatizantes de la UPOEG ganaran en la asamblea.
Con
la imposición de Eliseo Villar, los asesores Pablo y Valentín rompieron de tajo
con los usos y costumbres que durante 17 años de lucha los pueblos indígenas
cuidaron para evitar que se generaran desconfianza en su sistema de justicia.
Desde
ese día, los dirigentes de los pueblos fundadores cuestionaron el nombramiento
de los coordinadores. Dijeron que se perpetró en una “asamblea” donde
dirigentes de la CRAC y la UPOEG ya habían pactado las reglas sin consultar a
los pueblos.
En
la asamblea de ese día no se permitió la discusión ni la participación de los
ciudadanos. “Algunas comunidades fundadoras hemos mantenido reuniones
regionales en las que hemos analizado, entre otras cosas, esta campaña de
acusaciones y agresiones, así como la actuación violenta del grupo de ‘fuerzas
especiales’ de la CRAC, creado por los anteriores coordinadores y actualmente
operado desde San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres, mismo que ha sido usado
para amedrentar a ciudadanos y autoridades comunitarias, siendo un grupo armado
sin la legitimidad, al no haber sido aprobado y nombrado en la asamblea
regional, que violenta el propio reglamento interno de la CRAC, teniendo
incluso un salario mensual”, dijo el excoordinador de la CRAC Cirino Plácido
Valerio.
Otro
dirigente de los pueblos fundadores dijo en entrevista con Trinchera: “Hoy los
que pretenden dirigir esa CRAC, igual que la UPOEG y su Sistema de Seguridad
Ciudadana, se han sentado en la mesas de la Comisión para el Diálogo con los
Pueblos Indígenas del gobierno federal y reciben dinero del gobierno del
estado. Es con esos recursos que los que hoy dirigen esa CRAC mantienen a su
grupo de ‘fuerzas especiales’ y recorren las comunidades en camionetas nuevas
con esta campaña de agresiones, ofreciendo proyectos y obras públicas a los
Comisarios”.
Tres
meses después, el 26 de mayo de 2013, sin cumplir con los criterios
comunitarios de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias, Eliseo Villar
Castillo expulsó a Cirino Plácido Valerio, Apolonio Cruz Rosas y Jesús Reyes
Bonifacio.
El
19 de junio de ese año, después que en Santa Cruz del Rincón los dirigentes de
los pueblos fundadores se reorganizaron para constituir la nueva CRAC-PC,
nombrando a las nuevas Autoridades Regionales provisionales de la CRAC-PC,
Apolonio Cruz Rosas y Cirino Plácido Valerio fueron citados en la Casa de
Justicia de San Luis Acatlán. Los citatorios fueron entregados por el grupo de
“fuerzas especiales” que resguardan a Eliseo Villar.
Ante
el acoso de Eliseo Villar Castillo, de la casa de Justicia, de San Luis
Acatlán, el 8 de julio, los líderes de los pueblos fundadores denunciaron
acosos mediáticos y amenazas, en una carta dirigida al Congreso Nacional
Indígena (CNI) y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En
el texto, los nuevos coordinadores provisionales de Santa Cruz del Rincón
expusieron que había un escenario de violencia y confrontación, la campaña
mediática en contra de la nueva organización. “Hacemos un llamado a promover el
respeto al derecho de nuestros pueblos Na Savi, Me´phaa y Mestizo de la
Costa-Montaña de Guerrero; a reconstituir nuestro Sistema Comunitario de
Seguridad y Justicia. Llamamos a estar atentos a la palabra de nuestra Asamblea
Regional y a no seguir abonando al cerco mediático que los medios de
comunicación y los que pretenden dirigir a la CRAC nos han impuesto”.
En
la misiva, los dirigentes de la CRAC-PC de los pueblos fundadores revelaron la
amenaza directa en contra de Cirino y Apolonio. “Alertamos que la integridad
física de los compañeros Cirino Plácido Valerio: fundador del Consejo
Guerrerense 500 años de Resistencia; acompañante del Congreso Nacional Indígena
desde 1996 y de la Marcha del Color de la Tierra con el EZLN en 2001; fundador,
ex coordinador y consejero de la CRAC-PC y actual Presidente del Comisariado
Ejidal de Buena Vista, municipio de San Luis Actalán; y Apolonio Cruz Rosas:
fundador del Consejo de Autoridades Indígenas (CAIN), organización pionera en
la formación de la Policía Comunitaria; fundador, ex coordinador y consejero de
la CRAC-PC y actual Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santa
Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec; así como la de otros líderes
comunitarios hoy se encuentra en serio peligro”.
En
el escrito agregan: “Lo grave es que se ha desatado una campaña mediática en la
que se utilizan recursos y medios de la propia CRAC-PC, como es el caso de las
radiodifusoras de San Luis Acatlán y Espino Blanco, para acusar injustamente a
nuestro movimiento y en especial a estos compañeros de ser traidores,
paramilitares, pistoleros, agentes del gobierno, agentes de empresas mineras,
todo esto sin pruebas ni argumentos. Además recurrir a medios de comunicación
(prensa local, periódicos como El Sur y La Jornada, e incluso, medios
alternativos) se han prestado a esta campaña y al uso que le ha dado el
gobierno estatal y federal y este grupo que pretende dirigir la CRAC y no ha
sido honesto ni transparente con nuestros pueblos. Los medios de comunicación
que se han prestado a esta campaña atentan contra la objetividad, la ética y el
profesionalismo periodístico, al no investigar ni dar voz a nuestras
comunidades, existiendo siempre un sesgo en la información, dejándonos en la
total indefensión y sin que se escuche nuestra palabra”.
El
9 de agosto de 2013, Eliseo Villar anunció que los policías comunitarios de la
Casa de Justicia de El Paraíso y sus autoridades serían expulsados. Argumentó
que los integrantes de la Casa de Justicia de El Paraíso no se apegaban a los
lineamientos de la CRAC. A esta casa pertenecen las policías comunitarias de
Olinalá, Huamuxtitlán, Atlixtac, Ayutla y Tixtla.
En
ese sentido, desconoció a los promotores Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina
y Prócoro Valente. “A partir de hoy son desconocidos; y si quieren trabajar
para Bruno Plácido Valerio y su hermano Cirino, se tendrán que coordinar con
ellos”.
Eliseo
Villar advirtió entonces: “No hay vuelta de hoja, los más de doscientos
policías comunitarios quedan expulsados de manera definitiva y será uno de los
puntos que se van a tratar en la próxima reunión estatal de la CRAC el 31 de
agosto en San Luis Acatlán, además de que se discutirá el futuro de la Casa de
Justicia de El Paraíso”.
El
gobierno del estado aprovechó la coyuntura para ordenar la aprehensión de la
comandanta Nestora Salgado García, el 20 de agosto, en aun aparatoso operativo
policiaco-militar, en Tlapa. Horas más tarde fue detenido en la casa de
justicia de El Paraíso, Ayutla, Bernardino Francisco García.
Dos
meses y medio después de la detención de Nestora, el 6 de noviembre la Policía
Ministerial aprehendió al promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina
González, en Tixtla, un retén de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa;
después fue recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de la
Chilpancingo.
Casi
un mes después, detuvieron al promotor de la CRAC, de la Casa de Justicia de El
Paraíso, Arturo Campos Herrera.
En
los primeros días de 2014, en Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán,
Nicolás de la Cruz Manzano se reeligió como comisario municipal, con el apoyo
de Eliseo Villar. El concejo de señores principales de esa comunidad tomaron la
comisaría en demanda de una elección justa de acuerdo a sus usos y costumbres.
A raíz de esto, vino una persecusión en contra de los consejeros por parte del grupo
de “fuerzas especiales” de Eliseo Villar.
En
medio del conflicto poselectoral de Cuanacaxtitlán, se dio a conocer que Eliseo
Villar Castillo desvió 740 mil pesos, para compra de armas. Pero se descubrió
que no existió tal compra, sino que fue el pretexto para cometer un fraude
entre Eliseo Villar y los supuestos vendedores en contra de la institución
comunitaria.
En
la asamblea del domingo 9 de marzo de ese año, la comisión investigadora creada
al interior de la CRAC-PC, presentó su informe donde revela que los dirigentes
de San Luis Acatlán desviaron 740 mil pesos, y pidió revocación de mandato de
Eliseo Villar, Adelaida Hernández y Tiburcio Lorenzo, y la destitución de la
secretaria Adriana Domínguez, pero la mesa de debates no sometió el punto a votación.
La
comisión desconoció a Eliseo Villar Castillo, Adelaida Hernández Nava y
Tiburcio Lorenzo Regino como autoridades de la organización indígena, y en su
lugar nombraron como coordinador a Abad García García y a los comandantes
regionales Vicente González Lauro y Pedro Valdez Mosso.
En
respuesta, dos de los integrantes de la comisión, Valentín Hernández Chapa e
Ignacio Navarro Mosso, fueron aprehendidos el 18 de marzo por la Policía
Comunitaria afín a Eliseo Villar.
Por
la noche de ese día, policías comunitarios de los “grupos especiales” de Villar
Castillo dispararon en contra de unos trescientos integrantes de la CRAC
desarmados que pretendían ocupar la Casa de Justicia de San Luis Acatlán. En la
agresión resultó herido el comandante regional Vicente González y detuvieron a
Fulgencio Díaz y a Armando Zavala.
Tras
la crisis en el interior de la CRAC-PC, el entonces gobernador Ángel Aguirre
Rivero reconoció a Eliseo Villar como líder de la Casa de Justicia de San Luis
Acatlán. “Nosotros nos apegamos a lo que la propia CRAC establece; en este
caso, quien ha acreditado hasta el día de ayer ser uno de los coordinadores ha
sido Eliseo Villar”, justificó Aguirre ante la prensa.
El
29 de marzo, fueron presentados en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec,
los nuevos coordinadores, Abad García García, Alberto Margarito Porfirio,
Martín Encarnación de la Cruz y Jesús Carranza Rojas, quienes rindieron
protesta ante el consejero Lorenzo García Dolores, en presencia de diez
comisarios municipales y ejidales, así como más de un centenar de seguidores.
El
depuesto coordinador Eliseo Villar huyó de San Luis Acatlán el 31 de marzo, y
se llevó los reos que había en las instalaciones de la corporación, así como
sus expedientes, armamento y dinero en efectivo, al conocer que el grupo
contrario las tomaría, tras asumir el control los cuatro nuevos coordinadores.
En
un operativo inesperado de la policía comunitaria para detener al excomisario
Nicolás de la Cruz Manzano el 21 de junio, el guardaespaldas de éste se
enfrentó a balazos con comunitarios de la Casa de Justicia matriz de San Luis
Acatlán, y cayó abatido.Más tarde, Eliseo Villar y sus efectivos detuvieron a
once integrantes de la CRAC afines a Abad, tres de ellos, coordinadores de la
casa matriz: Jesús Carranza Rojas, Martín Encarnación Cruz, Alberto Margarito
Porfirio, y el consejero Armando Zavaleta Felipe, junto a otros siete policías
comunitarios.
A
las 5:00 de la tarde llegaron unos 18 soldados del Ejército y unos ocho
policías de Fuerza Estatal, que desee la noche anterior estaban afuera de la
Casa de Justicia matriz de San Luis Acatlán y tomaron el control de ésta,
mientras se deslindan responsabilidades.
El
12 de noviembre de 2014, por fin los pueblos afines a la casa matriz de San
Luis Acatlán se apoderaron de las instalaciones que utilizó Eliseo Villar
Castillo desde mediados de abril. Un día antes, en las inmediaciones de San
Luis, se enfrentaron los policías de Eliseo y Abad. El primero huyó a Juchitan,
en donde reagrupó sus huestes para tratar de tomar el control, pero le fue
imposible, porque sus seguidores de Cuanacaxtitlán fueron detenidos en un retén
en Yoloxóchilt.
Así
terminó el conflicto de dos años al interior de la CRAC-PC, con tres grupos de
policías comunitaria que pelean la membresía: la policía de los pueblos
fundadores, la de Abad García García y la de Eliseo Villar Castillo que operan
en Juchitán, Ometepec y parte de El Paraíso.
En
el aniversario número veinte de la policía comunitaria, en medio de una disputa
a muerte por el control de la institución, Eliseo Villar se encuentra procesado
en el penal de Acapulco acusado de secuestro equiparado, mientras su mentor
Pablo Guzmán Hernández, quien se desempeña como asesor del gobernador Rogelio
Ortega, mantiene el control de la casa matriz, a través de Valentín Hernández.
Este
grupo atrajo los reflectores de los medios, al organizar el festejo de
aniversario, en el que se programó la visita del mandatario estatal, que nunca
llegó.
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