Vamos
a tomar en cuenta las consideraciones” realizadas por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), dijo Tomás Zerón de
Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal -el FBI mexicano-. El
GIEI es el organismo creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
con el visto bueno del Gobierno mexicano, y el domingo divulgó un informe de 560
folios en el que reveló con detalles los errores, omisiones y desvíos de lo que
Jesús Murillo Karam (entonces procurador -fiscal- general de la República)
definió como “la más grande investigación” de la historia: la de la
desaparición de 43 estudiantes en Iguala, hace un año.
En
declaraciones hechas el lunes, Zerón de Lucio asumía así la línea indicada
desde la Presidencia de la República: no confrontar al GIEI y mostrar buena
cara. Pero esa misma orden incluía no ceder terreno: era un acto de diplomacia
que tanto Enrique Peña Nieto como Arely Gómez -sucesora de Murillo Karam como
Procuradora General de la República (PGR)- ejecutaron el mismo domingo sin
renunciar a la versión oficial ni mostrar incomodidad en la delicada postura en
la que quedaron las autoridades. No fue tan sencillo para Zerón, quien al
matizar el anuncio de que valorará las recomendaciones del GIEI, dejó la
impresión de sentirse en el desamparo: “Pero al final, la verdad, estamos sobre
el mismo camino, la verdad que tenemos nosotros es que en el basurero fueron
ejecutados, fueron incinerados y posteriormente trasladados al río un número
importante de estudiantes”.
De
estos tres altos funcionarios, Zerón es el único que ha estado involucrado
directamente en los trabajos que ahora han quedado desacreditados. La cabeza de
Murillo Karam empezó a rodar el 3 de marzo, cuando fue reemplazado por Arely
Gómez, y terminó de caer el 27 de agosto, al perder la posición de segunda
línea (ministro de Desarrollo Agrario) en la que parecían haberle encontrado
cobijo. La de Zerón sigue en su sitio, por el momento, y no se rinde en su
defensa de lo que su exjefe Murillo Karam llamó “verdad histórica”: a
medianoche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de Ayotzinapa
fueron trasladados a un lugar remoto en el municipio de Cocula, asesinados a
balazos, bajados por la pendiente de un amplio hoyo que tiene forma de cráter y
es usado como basurero, apilados como troncos e incinerados durante 12 o 16
horas, utilizando madera, neumáticos y plásticos como combustible.
Algo
ha cambiado: en contraste con el despliegue de firmeza que hacía Murillo Karam,
Zerón ya no asegura que ése fue el destino de la totalidad de los 43, sino tan
solo el de un “número importante”; tampoco pretende sugerir que sabe qué pasó
con los demás. Pero en lo fundamental, son conclusiones que el Gobierno no
abandona, a pesar de que han sido cuestionadas o rechazadas por todo tipo de
instancias, desde la oficial Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el
mencionado grupo de expertos de la Comisión Interamericana, hasta los padres y
compañeros de los 43 desaparecidos.
El hueso de
Alexander
El
informe del GIEI abarcó la totalidad de la investigación de la PGR, que pide
“reorientar”. Descubrió que en los crímenes de Iguala no solo estuvieron
involucrados los dos autobuses de la línea Estrella de Oro cuyos pasajeros
desaparecieron y los dos de la compañía Costa Line que concentraron a los
supervivientes, además del Castro Tours en el que, por confusión, fueron
atacados adolescentes de un equipo de fútbol: había un Estrella Roja que
apareció y desapareció de las averiguaciones oficiales, y que una vez que fue
detectado por los expertos, se quiso hacer pasar por otro. No se conoce aún su
paradero, aunque podría ser la clave que explique esta operación masiva que
involucró al menos a 120 perpetradores y dejó, además de los 43 desaparecidos,
a seis muertos, 40 heridos y un joven con muerte cerebral.
Igualmente,
terminó de derribar la versión sostenida por todo tipo de funcionarios civiles
y militares de que, a lo largo de la noche, solo participaron criminales y
agentes municipales, con plena ignorancia de las autoridades federales:
documentos de diversas autoridades y declaraciones ministeriales revelan que
fuerzas estatales y federales, y el mismo Ejército Mexicano, no solo estuvieron
enterados minuto a minuto de lo que acontecía, sino que hubo vigilancia de
soldados y policías federales e incluso su intervención directa. Lo anterior
implica que no se trató de un asunto limitado a escala municipal, sino que los
actos susceptibles de ser faltas y crímenes, tanto de comisión como de omisión,
alcanzan los niveles superiores, y que todo esto fue marginado de la
investigación.
El
centro del debate, sin embargo, ha seguido siendo el destino de los estudiantes
y, en particular, la pira supuestamente improvisada en el basurero rural de
Cocula. El informe del GIEI señala que la versión oficial está sostenida
principalmente en los testimonios brindados por los presuntos ejecutores de los
crímenes, de quienes se sospecha que pudieron haber sido torturados. Según sus
declaraciones, grabadas en vídeo y hechas públicas, ocho sicarios trasladaron
en una camioneta y un camión a los estudiantes al basurero, donde asesinaron a
los 28 que seguían vivos, pues los demás habrían muerto aplastados por el peso
de sus propios compañeros, apilados sobre ellos en los vehículos. Después los
habrían hecho rodar cuesta abajo hasta el fondo del basurero del Hoyo del
Papayo, 20 metros abajo.
El
Confidencial.
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