ACAPULCO, Gro., 02 Agosto
2015.- La masacre cometida contra cinco personas en la colonia Narvarte de la
ciudad de México, entre ellas nuestro colega fotoperiodista Rubén Espinosa,
constituye una nueva escalada en la violencia ejercida contra periodistas por
parte de sicarios del crimen organizado o de agentes del estado.
Ayer por la tarde
noche, familiares confirmaron que entre las cinco personas torturadas y
ejecutadas en un departamento de esa populosa colonia del Distrito Federal,
figura el cuerpo de nuestro compañero periodista, quien desde hace semanas se
había refugiado en la capital del país huyendo del acoso de desconocidos
presumiblemente armados que lo seguían a todas partes en su natal Veracruz.
Espinosa, quien laboraba para la revista Proceso y la agencia fotográfica Cuartoscuro, fue torturado con arma
blanca antes de ser ultimado de dos tiros en la cabeza. Como información
preliminar, las autoridades del Distrito Federal indicaron que junto con el
cuerpo del periodista se encontraron también los cuerpos de cuatro mujeres a
quienes los sicarios aplicaron el mismo procedimiento de primero torturarlas
con arma blanca y luego asesinarlas.
Dos cuerpos de
mujeres fueron encontrados en una habitación, el cuerpo del fotoreportero con
otra mujer en otra y, finalmente, el cuerpo de otra dama que al parecer cumplía
con labores domésticas fue encontrado en el baño.
Esta mecánica revela
una dimensión aterradora: quienes perpetraron este crimen repugnante siguieron
al compañero Espinosa hasta la ciudad de México sólo con el fin de asesinarlo
de la manera más bestial que hayamos conocido. Esto evidencia una premeditación
perversa en la mente de los asesinos, a quienes no importó masacrar de manera
despiadada a un grupo de mujeres indefensas con tal de atacar a su blanco
principal, que estamos seguros era el compañero periodista.
Desde septiembre de
2013 nuestro compañero fue agredido por policías de la Secretaría de Seguridad
Pública del gobierno de Javier Duarte, quienes con golpes lo obligaron a borrar
fotos de un desalojo violento. El atentado contra Espinosa, pues, en cierto
sentido estaba anunciado.
Esta escalada, que
se traduce en 88 periodistas asesinados en territorio mexicano -ahora 89, con
la muerte de Rubén Espinosa-, sólo nos muestra que nadie está a salvo, que
ninguno de quienes ejercemos la profesión de informar a la ciudadanía puede
escaparse de la violencia que ejercen los poderes fácticos, si fuera el caso, o
del poder público que se siente violentado cuando la prensa responsable
denuncia procederes indebidos.
En este contexto, no
nos sorprende la forma tan omisa en que han reaccionado las autoridades del
Distrito Federal, tanto el gobierno de Miguel Mancera en lo general como su
Procuraduría de Justicia en lo particular, a pesar de que el Distrito Federal
es la sede del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de
Periodistas.
Esta actitud carente
de preocupación y responsabilidad social, que debiera proteger la vida de los
periodistas como un eslabón clave de nuestra pretendida democracia, sólo
demuestra que la clase política mexicana busca el poder por el poder mismo,
para regodearse en sus beneficios y desatenderse de la ética de servicio a la
nación.
La organización
internacional Artículo 19 señaló en un informe reciente que durante la gestión
de Enrique Peña Nieto crecieron en un 65 por ciento las agresiones contra
periodistas.
Así las cosas, qué
podemos esperar los periodistas de todo el país, especialmente en estados como
Veracruz o Guerrero, que junto con Oaxaca constituyen las zonas más peligrosas
para ejercer la noble profesión de informar.
Con todo, estamos en
la postura de exigir a las autoridades federales, comenzando por el propio
presidente de la República Enrique Peña Nieto, que asuma su responsabilidad de
brindar la más elemental justicia para la familia de estas cinco personas asesinadas
tan vilmente, en especial para la familia de nuestro compañero Rubén Espinosa.
A la Procuraduría General de la República (PGR), exigimos que atraiga el caso
para llevar ante los tribunales a los
responsables materiales e intelectuales.
Toda la comunidad de
la información se cimbró, con justa razón, por este crimen tan horripilante que
estaba anunciado públicamente por el compañero masacrado, pero que ninguna
autoridad atendió.
Desde Guerrero
ofrecemos a la familia del comunicador nuestras condolencias y solidaridad en
lo que esté a nuestro alcance colaborar.
Esta masacre
demuestra que, hoy más que nunca, la integración, cohesión y solidaridad
orgánica es la única forma en que la palabra escrita y la imagen incómoda, podrán
defenderse de las balas.
Sindicato sección XXV.
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