CIUDAD
DE MÉXICO, DF., 28 Junio 2015.- A ocho meses de que se destaparon los
escándalos por presunta corrupción en el gabinete del jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a la fecha no hay sanción
administrativa ni penal en contra de los ahora ex funcionarios.
Lo
anterior aun cuando el propio Mancera Espinosa ha presentado instrumentos para
abatir la corrupción gubernamental, como la Política para Prevenir y Sancionar
el Conflicto de Intereses o los Lineamientos para un Gobierno Eficaz.
Destaca
el caso del ex Oficial Mayor del Gobierno capitalino, Édgar Abraham González
Rojas, quien en octubre pasado fue señalado por presuntamente haber comprado
llantas con sobreprecio para beneficio personal.
El
escándalo se destapó a partir de unos audios filtrados en redes sociales en los
que se escuchaba una llamada telefónica entre González Rojas y otra persona en
la que afinaban los detalles para la adquisición amañada.
Tras
la polémica, que llegó incluso a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) donde el PRD frenó en tres ocasiones la creación de una Comisión
Investigadora, González Rojas renunció el 14 de octubre.
No
obstante, como lo dijo el contralor capitalino, Eduardo Rovelo, y como consta
en una respuesta de la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la
Contraloría a una solicitud de información vía transparencia, a ochos meses no
hay una sanción en contra del ex funcionario, aunque sigue bajo investigación.
Otro
caso más reciente es el del ex secretario de Obras y Servicios, Alfredo
Hernández, señalado en marzo pasado de otorgar contratos para la compra de
luminarias a una empresa en la que trabaja su esposa.
El
mismo día en que se reveló el caso de presunta corrupción al interior de la
Secretaría de Obras y Servicios, el jefe de Gobierno solicitó a Alfredo
Hernández separarse del cargo para facilitar las indagatorias de la Contraloría
y la Fiscalía para la Investigación de Delito Cometidos por Servidores
Públicos.
A
decir de la Contraloría, los expedientes se siguen integrando y por tratarse de
“casos muy complejos” la resolución de la investigación se ha demorado, pero de
acuerdo con Rovelo Pico, a más tardar el 15 de julio se estarían emitiendo las
resoluciones correspondientes en ambos casos.
Tanto
González Rojas como Alfredo Hernández son investigados por la Contraloría
General del Distrito Federal por el tema administrativo y por la Fiscalía para
la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para determinar
procede sanción penal.
…y se atoran
sanciones por Línea 12
La
contraloría General del Distrito Federal ya prepara otra tanda de sancionados
por las irregularidades detectadas en la Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo, pero las dictadas en meses anteriores permanecen atoradas en el
Tribunal de lo Contencioso y Administrativo.
Los
nombres serán revelados en julio y se trata de ex funcionarios ya sancionados y
de otros que recibirán su primer castigo por 16 observaciones no solventadas en
el tema de construcción y mantenimiento de la Línea Dorada; todos, confirmó el
contralor Eduardo Rovelo, son de la pasada administración.
Sin
embargo, las sanciones económicas y administrativas impuestas con anterioridad
están en litigio en tribunales, ya que los sancionados impugnaron el castigo;
hasta febrero pasado sumaban 50 sanciones impugnadas, lo cual entorpece el
proceso de ejecución de las mismas.
Por
ello el Tribunal ya promovió recursos de apelación ante la Sala Superior para
buscar validar las sanciones impuestas por la Contraloría, que en algunos casos
van de la inhabilitación por 20 años, como es el caso de Enrique Horcasitas, ex
director del Proyecto Metro.
También
destaca la sanción económica impuesta a Moisés Guerrero Ponce, ex director de
Obras Civiles del Proyecto Metro, multado con cinco mil 598 millones de pesos
cuando de acuerdo con información pública percibía un sueldo de 38 mil pesos
mensuales.
Hasta
el momento la Contraloría ha sancionado a 48 personas con inhabilitaciones,
sanciones económicas que superan los 22 mil millones de pesos y dio vista en
algunos casos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Israel
Zamarrón.
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