México
debería no sólo detener a los delincuentes, sino implementar, como en Colombia,
una ley de cooperación con los grandes capos de la droga, a fin de que puedan
entregar rutas, bienes y ayuden a la desarticulación total de sus
organizaciones delictivas y de narcotráfico, sugirió Álvaro Eduardo Sarmiento
García, director nacional especializado contra el Crimen Organizado de la
Fiscalía de Colombia.
Entrevistado
por El Economista, destacó que en Colombia se analiza una ley de sometimiento
de criminales, por la que se nombra a un fiscal para la negociación legal con
los delincuentes, a fin de que puedan entregar bienes, rutas y la operación de
las organizaciones, acción que podría también implementarse en México, sugirió.
Destacó
que el combate al narcotráfico no puede entenderse si, como en Colombia, se
combate la corrupción y se detiene a elementos policiacos, judiciales y hasta
mandos militares que cooperan con la delincuencia.
¿Cuáles son los
grupos del narcotráfico mexicanos con asociaciones en Colombia?
“Hay
mucha información de inteligencia sobre presencia de carteles mexicanos en
Colombia, pero de crimen organizado, por ejemplo (el cártel) del Pacífico, sí
hay”.
¿Les funcionó lo que
hace México: detener a líderes, pero sin golpear su estructura?
“Frente
a eso, hay un proyecto de sometimiento de integrantes de organizaciones
criminales, donde existe se nombra a un fiscal negociador para que hable con
los representantes de los grupos o los líderes de las organizaciones criminales
y lograr su sometimiento. Ese proyecto es muy importante porque en muchas
regiones del país hay voluntad de las partes o de las organizaciones criminales
de entregarse al Estado”.
¿En México, según la
experiencia de Colombia, podríamos implementarlo?
“Sí,
si hay voluntad política, voluntad de la rama judicial, y de los jueces, sería
buenísimo implementar eso. Nosotros estamos pendientes de aprobación en el
Congreso para que empiece a funcionar y las organizaciones criminales se
entreguen; además, existen en el proyecto algunos beneficios a cabecillas
capturados, para que obtengan una rebaja después de la condena. Ese beneficio
no lo tienen. Esto es para que entreguen bienes, entreguen rutas, entreguen organizaciones,
todo lo que tiene que ver para que tengas una recompensa de rebaja de la pena
(de 30 a 20 años, por ejemplo). Hay mucho condenado que quiere hablar, pero a
cambio de qué”.
¿Qué recomendaciones
haría, según lo que vivió Colombia, para no llegar a los niveles de
narcoterrorismo en Colombia?
“Yo
creo que aquí lo importante es atacar la corrupción. Siempre que hacemos
operaciones, capturamos policías, del Ejército, gente de nosotros mismos de la
Fiscalía que están trabajando para ellos. El tema de corrupción es muy
importante hacerle contrainteligencia de policía o los grupos especiales que se
dedican a estudiar a la misma policía. Es muy importante mantener ese control
sobre las policías judiciales, inclusive frente a políticos y a concejales. Nosotros
hemos capturado desde un patrullero hasta a coroneles del Ejército que están
metidos con bandas criminales”.
¿Cómo le hicieron en
el caso de niños sicarios?
“Ese
problema no es sólo de México, nosotros los tenemos. Los delincuentes utilizan
a los menores. Y cuando hay menores dentro de la organización, nosotros les
imputamos los delitos a ellos, por el delito de utilización de menores para
cometer actividades ilícitas; eso es un delito en Colombia. Para los menores se
aplica la ley de adolescentes; entonces ahí es que van a un centro de
recuperación, o se le quita la patria potestad para que entreguen al menor”.
En
nuestro país se acusa la vinculación de autodefensas en Michoacán y Guerrero
con el narcotráfico.
¿Puede haber autodefensas sin dinero ilícito?
“Se
detectaron 33 autodefensas en el 2006 que hoy hemos logrado reducir a tres
grandes y otras más regionales, hacen narcotráfico, homicidio, pero no se han
expandido”.
jmonroy@eleconomista.com.mx
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