CHILPANCINGO,
Gro., 24 Junio 2015.- El esquema de seguridad conocido como “Mando Único” que se aplicaría en
los 81 municipios de Guerrero durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero,
resultó un fracaso.
La
operación se formalizó en 6 municipios de los cuales sólo uno, Chilpancingo, lo
aplicó; esto debido al déficit de policías municipales que tenía tras la
desarticulación de la corporación cuyos elementos, en su mayoría, no aprobaron
los exámenes de evaluación del Gobierno Federal.
Hoy,
el gobierno de Rogelio Ortega Martínez simplemente desechó la posibilidad de la
continuación de ese programa, apostándole a la reintegración de las policías
municipales y, en algunos municipios, a la seguridad que brinda Gendarmería
Nacional, como en Iguala.
Antecedentes
En
marzo del 2014, el entonces gobernador perredista emanado del PRI, Ángel
Aguirre firmó un convenio de colaboración con los 81 municipios del Estado,
acto al que asistieron varios alcaldes y, en algunos casos representantes de
los Ayuntamientos.
El
proyecto había sido anunciado un año dos años antes por el Gobierno Federal,
para lo que se inició una “limpia” en las policías municipales que, en su mayoría,
estaban infiltradas por la delincuencia organizada. Más adelante se sabría que,
incluso, corporaciones enteras estaban “dominadas” por el narco y, hacían el
juego socio como en el caso de Iguala.
Con
el paso de los meses y al no verse la consolidación en Guerrero del Mando Único
Policial encabezado por la federación; el Gobierno Estatal pretendió
implementarlo gradualmente en cada una las municipalidades de esta entidad.
El
21 de marzo del año pasado, los 81 ayuntamientos de Guerrero y el Gobierno del
Estado firmaron el convenio para
construir el nuevo sistema Estatal de Seguridad Pública. El eje central
sería un nuevo modelo policial constituido por un cuerpo estatal de seguridad
ciudadana, con Mando Único desde el Gobierno del Estado.
En
su momento hubo desacuerdo con el nuevo esquema porque el poder ejecutivo
estatal atraería todos los recursos destinados a la seguridad pública de los
municipios; es decir, ninguno ya podría manejar dinero para seguridad. En su
mayoría si no es que todas las corporaciones municipales, tenían fuertes
carencias para combatir a la delincuencia y prevenir el delito.
Días
después los cabildos aceptaron entrar a este nuevo esquema de seguridad, bajo
la promesa de Ángel Aguirre de que seguirían recibiendo y manejando normalmente
sus recursos para seguridad.
En
su momento, el entonces secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, definió
esta estrategia como un “trabajo en equipo”, afirmando que éste generaría el
compromiso de sumar esfuerzos en un propósito común, en materia de Seguridad
Pública.
Aquel
21 de marzo, el funcionario aseguró que el objetivo no era crear un gobierno
estatal concentrador de la función policial, ni cancelar las facultades
municipales, sino “avanzar hacia lo que es medular, fortalecer la seguridad
ciudadana a través de un mando unificado con actuación regionalizada, que
mantenga una fuerte presencia municipal en la dirección, control, operación y
mando, capaz de hacer frente a una creciente virulencia delictiva”.
Destacó
que se configuraría un sistema policial certificado, “integrado con gente
confiable, preparada, respetuosa de los derechos humanos, que no tenga, ningún
nexo ni compromiso con la delincuencia, sino única y exclusivamente con el
pueblo Guerrerense”. Pero de esto nada sucedió.
Pasaron
cuatro meses y del mando único sólo se notaba la polémica que causó por el tema
de los recursos económicos.
En
agosto, el gobernador Ángel Aguirre firmó nuevamente un convenio con los
alcaldes de Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Tixtla, Iguala y Teloloapan;
mediante el cual se formalizaría supuestamente la entrada en vigor del Mando
Único, cuya cabeza era la Fuerza Estatal.
En
un acto protocolario en la residencia oficial “Casa Guerrero”, Aguirre mencionó
que con el Mando Único se pretendía blindar a esos municipios y generar un
clima de confianza en la población, en el sentido de que los cuerpos policiacos
serían los más certificados, evaluados y capacitados para resguardar esos
sitios.
En
ese entonces, el mandatario adelantaba que aunque la medida se ponía en marcha
para esos seis municipios, se preveía aplicarse en más zonas de la entidad en
los meses siguientes.
En
ese tiempo, los seis alcaldes; de Zihuatanejo Éric Ballesteros; de Acapulco
Luis Walton Aburto; de Teloloapan Ignacio de Jesús Valladares; de Tixtla
Gustavo Alcaraz; de Iguala José Luis Abarca Velázquez y de Chilpancingo Mario
Moreno Arcos, oficializaron con el gobernador ante la presencia de mandos del
Ejército y la Marina, la medida.
Para
esa fecha, la violencia generada por el crimen organizado estaba a todo su
esplendor. En Iguala y Teloloapan los secuestros, levantones, asesinatos,
extorsiones, hallazgo de fosas clandestinas y otros hechos de terror eran de
cada día. En Zihuatanejo y Acapulco abundaban las balaceras y crímenes a
cualquier hora del día y noche, mientras que en Chilpancingo había una policía
desarticulada tras la depuración que aplicó el gobierno federal.
La
capital del Estado no salía de un fuerte problema con las extorsiones y
secuestros hacia los empresarios y comerciantes, desapariciones forzadas, y
ejecuciones a mano armada, así como balaceras.
Y
fue éste el único municipio en el que forzosamente, la operación conocida como
“Mando Único” tuvo que iniciar.
En
los otros cinco municipios no pasó de una firma y el discurso, porque en los
hechos jamás se vio el resultado, o siquiera la aplicación real de la
operación.
Estos
seis municipios había recibido un sinfín de denuncias en el sentido que su
policía municipal estaba a la orden de grupos del narcotráfico, pero nada se
hizo; por ejemplo, en la Tierra Caliente, donde los nueve municipios sufrían y
siguen sufriendo de fuertes problemas de violencia e inseguridad.
En
Chilpancingo donde sí se aplicó realmente el Mando Único, jamás hubo resultados
fehacientes. Las balaceras, extorsiones, secuestros y asesinatos continuaron,
hasta la fecha. El grupo criminal que operaba en ese entonces, sigue con vida y
cometiendo los mismos ilícitos, aunque en su momento el Gobierno Estatal afirmó
que había sido desarticulado.
En
Iguala se reforzó supuestamente la seguridad con el envío de más elementos de
la Policía Estatal al municipio, elementos que solamente llegaron a coordinarse
y, en ocasiones, a ver solamente el actuar de la policía municipal que cometía
ilícitos a nombre de los Guerreros Unidos, durante el día y la noche.
La
noche del 26 de septiembre cuando se registró la persecución, asesinato y
desaparición forzada contra normalistas de Ayotzinapa, en Iguala estaba funcionando
el Mando Único donde, de acuerdo a la firma establecida, la Policía del Estado
estaría a cargo de la seguridad y tendría bajo su mando a la municipal, aunque
en los hechos no era así. En esa ciudad, además, participaban en la seguridad
la Policía Ministerial y el Ejército Mexicano, que tenían representación cada
noche en el centro de vigilancia y operaciones conocido como C-4, que es donde
llegan absolutamente todos los reportes de sucesos fuera de lo ordinario que
suceden en la ciudad, incluido cualquier tipo de delito o detenciones que se
hacen.
Es
decir, todas esas corporaciones tendrían que saber hacia dónde fueron llevados
los normalistas la noche del 26 de septiembre y a qué hora fueron sacados de la
ciudad, si es que los llevaron a Cocula u otro municipio o localidad.
Luego
de esos hechos, el gobernador Aguirre afirmó que en Iguala no funcionaba el
Mando Único porque el alcalde José Luis Abarca Velázquez se había negado, pero
nada hizo al respecto.
“Nunca
asumimos nosotros el mando en la ciudad de Iguala y evidentemente ahora
entendemos las razones por las que se mantuvo esa actitud negativa para que
pudiera participar el gobierno del estado”, se quejó al finalizar su mandato de
manera forzada tras los sucesos en Iguala, evadiendo en todo momento su
responsabilidad.
En
su primer Informe de Gobierno, el entonces presidente municipal José Luis
Abarca, afirmó: “El municipio de Iguala es uno de los dos municipios del estado
que firmó el convenio para que entrara en operación el Mando Único, cuya finalidad
es concatenar esfuerzos con las policías estatal y municipal para lograr mejor
efectividad. Dicho convenio se firmó el 17 de junio del 2013”.
Con
esto, queda en evidencia que tanto el alcalde y el gobernador tendrían
responsabilidad en los hechos de Iguala por no haber hecho nada en torno a la
fuerte crisis de violencia que azotaba a Iguala, aunque en el discurso parecía
ser uno de los municipios más pacíficos.
No existe el Mando
Único
En
resumen, el método cantado oficialmente más de tres veces a los ciudadanos,
jamás se aplicó más que en Chilpancingo y de forma forzada por falta de
elementos de seguridad municipales. Ángel Aguirre presumía como un logro esta
operación especial sin que al menos haya empezado a funcionar, pues en
Chilpancingo se aplicó, pero jamás brindó una mejor seguridad a los ciudadanos.
El
gobierno de Rogelio Ortega Martínez decidió entonces no retomar la estrategia
y, simplemente esperan que el próximo gobierno llegue a decidir si continuará o
no.
El
actual secretario general de Gobierno, David Cienfuegos, afirmó que hoy los
índices de inseguridad han ido a la baja sin la necesidad de darle continuación
al modelo implementado por Ángel Aguirre. El funcionario asume que la presencia
de fuerzas federales en varios municipios de esta entidad, ha logrado mermar a
la delincuencia, aunque en los hechos la ciudadanía sigue sufriendo los embates
del narcotráfico, grupos de secuestradores y hasta delincuentes comunes.
“Las
estrategias cambian, sobre todo porque si vamos a entenderlo desde la
perspectiva primero de atención a la población y después de ataque a la
delincuencia, ay que ver que no podemos mantener siempre el mismo esquema. Se
requiere cambiar la estrategia y es lo que han hecho las instituciones de
seguridad pública estatales y federales”; dijo desde la ciudad de Iguala.
Explicó
que los programas de seguridad implementados por la federación y donde es
coadyuvante el Estado, siguen presentes principalmente en Tierra Caliente,
Chilapa y Tlapa.
Se
le preguntó al encargado de la política interna del Gobierno del Estado que si
Iguala era considerada un foco rojo en materia de inseguridad y violencia, a lo
que respondió que no, aunque dijo que forma parte del esquema de seguridad
denominado “Tierra Caliente”, impulsado desde el Gobierno Federal.
Pero,
en realidad, la percepción ciudadana de acuerdo a testimonios recabados por
este medio informativo, es que ni siquiera esta operación tan anunciada por el
Gobierno de la República, ha dado golpes cruciales al narcotráfico, y tampoco
ha logrado disminuir en gran manera los ilícitos de cualquier índole.
Cienfuegos
afirmó que hay coordinación entre el Estado y la Federación, presumiendo que se
tienen que aplicar nuevos esquemas de prevención del delito.
“Desafortunadamente estamos empezando ahorita y esto rinde frutos en años”;
aclaró.
Sobre
el Mando Único, destacó: “Hay que recordar que este esquema llevaba ya varios
meses parado y lo que se busca en estos meses es retomarse, en aras de que
quien va a estar en el próximo periodo, pueda culminarlo. Hasta el momento no
hay ningún municipio que esté en el Mando Único. Todos, de acuerdo con la
instrucción del gobierno federal, empezaron a hacer todos los trabajos para que
se pudieran generar las condiciones para acceder a ese esquema”, concluyó, tras
agregar que el gobierno de Rogelio Ortega le apuesta a la prevención del delito
con las propias policías municipales reunificadas, y ataque a la delincuencia
con las fuerzas federales.
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