"Manda a sus monigotes a quitar las herramientas de
trabajo periodístico, el Fiscal de manera prepotente censura la
libertad de expresión".
CHILPANCINGO,
19 Febrero de 2015.- Ante la Presencia del encargado de despacho de la Comisión
de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, el Fiscal General del
Estado, que encabeza el prepotente funcionario, Miguel Ángel Godínez Muñoz, dio
instrucciones a elementos de la policía Ministerial, así como a sus cuerpo de seguridad
personal a que obstaculizarán el trabajo periodístico de investigación a los
reporteros, Adriana Urbina Corona y Pedro Julián Bustamante Arzate.
Estos
hechos se dieron en el patio que alberga las instalaciones de la fiscalía
general, en donde el fiscal, Miguel Ángel Godínez, encaro a la reportera Adriana Urbina, de
forma preponte y altanera de que no podía estar en ese momento cuando la
fiscalía a su cargo entregara a los tres normalistas detenidos por Policías
Estatales por haber robado un camión con
productos de la empresa coca cola, en una “negociación obscura”.
Ahí
estaba el presidente interino de los derechos humanos, Ramón Navarrete, que se
vio rebasado por el abuso de autoridad del fiscal Guerrerense hacia los
reporteros, Adriana Urbina Corona y Pedro Julián Bustamante Arzate, quienes
(los reporteros) le exigieron una
explicación a Godínez Muñoz, del porque estaba coartando “la libertad de
expresión”, si ellos como funcionarios públicos están expuestos de que sean
fotografiados o sujetos a que sean entrevistados, para darlo a conocer a la opinión publica Guerrerense
y a sus alrededores.
Lo
que deben de saber estos funcionarios que la libertad de expresión está
vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía de transmitir información
a través de los medios de comunicación social sin que el Estado pueda ejercer
un control.
Esta
libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de expresarse sin
ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar
investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras.
Pero
simplemente el responsable de aplicar la
justicia, dio “orden” a sus “monigotes agentes” de que quitaran las
herramientas de trabajo a los periodistas. Entre empujones, forcejeo palabras
altisonantes, trataban de despojar los
instrumentos que con ellos se lleva a la información oportuna y veraz a
todos los radio escuchas, a los que nos
ven por televisión y a los que nos leen por medio de la prensa escrita.
Ante
esta represalia, los comunicadores,
reclamaron al Presidente de los Derechos Humanos que porque no hizo nada ante
la amenaza de estos funcionarios que trataron de impedir el trabajo
periodístico. Solamente el Ombudsman dijo que él no podía hacer nada ahí que
solamente se podría que pusiera una queja ante la comisión que encabeza.
De
manera inmediata, se trasladó a las oficinas de este Organismo Público, con
miembros de la Unión de periodista y
fotógrafos independiente de Guerrero que encabeza, Carmelo González Guerrero,
para interponer queja, ya que refirieron haber sido intimidados y violentados
por el fiscal General del estado, Miguel
Ángel Godínez Muñoz, Pablo Alejandro Jasso Barrera, Coordinador General de la
policía ministerial y por elementos de
la Policía Ministerial, durante los lamentables acontecimientos suscitados en
días anteriores los cuales terminaron
en un enfrentamiento entre integrantes
de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y
Policías estatales .
La
queja se interpuso por: Violación al
derecho a la Integridad y seguridad
personal (actos u omisiones contrarios
al derecho a la integridad y seguridad
personal) y a la libertad (acciones y omisiones contrarias al ejercicio del
derecho a la libertad de expresión y al ejercicio del derecho a la libertad de
información.
Y
ahí fueron atendidos en representación del Ombudsman Estatal, la Encargada de
la Dirección de Asesoría, Orientación y Gestión, Cecilia Narciso Gaytán, el
Coordinador de Atención a Grupos Vulnerables, Armando Ramírez Cuevas y el
Visitador Adjunto Adelaido Memije Martínez, quienes aseguraron que ese
organismo dará seguimiento al caso, así como a las investigaciones derivadas
del mismo, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los
comunicadores y garantizar el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos.
De
acuerdo a lo señalado, se radicó la
queja con número de Expediente VG/028/2015-IV, en contra del Fiscal General del
Estado Miguel Ángel Godínez Muñoz, el Coordinador General de la Policía Ministerial
del Estado, Pablo Alejandro Jasso Barrera y elementos de seguridad, por actos
violatorios contra el derecho a la integridad, así como acciones y omisiones
contrarias al ejercicio del derecho a la libertad de información y expresión.
Desde
aquí se le hace un llamado al gobierno que encabeza el gobernador interino,
Rogelio Ortega Martínez a que se
respeten “la libertad de expresión” por parte de sus funcionarios directos y no
directos, hay que recordar que el artículo 6º. De la Constitución Mexicana contiene
la libertad fundamental de expresión de las ideas en los siguientes términos.
La
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, si no en el caso de que ataque a la moral, los derechos a
terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la
información será garantizado por el estado.
La
libertad de expresión está incorporada en varios tratados internacionales de
derechos humanos que son derechos vigentes en México, la obligación debe de entenderse que se extiende también al
poder legislativo.
Cabe
señalar que ante la comisión de derechos humanos fueron presentadas las pruebas
como imágenes de vídeo, fotografías y
audio de las intimidaciones y amenazas que se recibieron en este caso.
Agencias.
Social Plugin