Ex trabajadores de la policía del estado, se quejan al no recibir su liquidación desde que fueron despedidos en el 2018

Alberto Rodríguez Guzmán.

Cruz Grande, Gro., abril 11 de 2019.- Ex trabajadores del Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero, del sector 7 con sede en la cabecera municipal de Cruz Grande, se quejan de que la dependencia no cuenta con recursos para cubrir las liquidaciones de por lo menos once ex policías estatales que trabajaban en la región de la Costa Chica. 

Hacen un llamado a las autoridades del estado y al mismo presidente de la República

Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, al solicitar ayuda para que la institución donde laboraron y en espacial al licenciado Bonifacio Montufar Mendoza, director de la IPAE, haga los pagos correspondientes a la liquidación que les prometieron tras su despido. 

Además, piden una explicación al encargado de Finanzas y Administración del IPAE, Salvador Mojica Gutiérrez, sobre los recursos del pago de primas vacacionales, pues aseguran los policías entrevistados quienes pidieron omitir sus nombres por temor a represalias, que no les pagaron sus vacaciones y varios de estos llegaron a trabajar en sus días de descanso sin pago alguno. 

“Los contratos que se nos dieron solo fue mero trámite, pues nunca se cumplieron con las cláusulas que ahí marca, pues en ocasiones los enviaban a trabajar a empresas privadas en el puerto de Acapulco, cuando estábamos contratados para brindar seguridad en municipios de la Costa Chica, pues luego no podíamos regresarnos a nuestras casas”, dijo uno de los uniformados. 

Entre otras quejas, se supo que a varios policías del IPAE los obligaban a cambiar de categoría para enviarlos como escoltas de funcionarios y estos nunca los dejan salir a ver a sus familiares, no comen a sus horas, no cuentan con un lugar donde asearse y deben de dormir en un estacionamiento dentro del vehículo del “patrón”, por lo que aseguran que no son las formas de tratar a un trabajador. 

Los quejosos, harán una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ya que, desde su despido laboral en el mes de noviembre del 2018, nadie sabe dar información a los ex policías estatales, por lo que aseguran que se están violentando sus derechos laborales y solicitaran al gobierno federal una liquidación justa para todos los ex trabajadores.