El Poder del Consumidor dijo que el gobierno capitalino debe retirar este tipo de vehículos del servicio público
Además, responsabilizó al gobierno mexicano, en particular a la Secretaría de Economía, de permitir la venta de autos inseguros
Las vagonetas que son utilizadas para el transporte público en rutas de la Ciudad de México y su zona conurbada no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, son operados a exceso de velocidad, no reciben el mantenimiento adecuado y circulan en rutas de alta demanda, denunciaron distintas organizaciones.
Según el Poder del Consumidor, Céntrico y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), el problema es más grave porque las vagonetas son conducidas deficientemente y sin aplicación de la ley, ya que estas son avaladas por las autoridades.
El coordinador de Transporte Eficiente del Poder del Consumidor, Víctor Alvarado, indicó que la responsabilidad recae en el gobierno capitalino, el cual debe retirar este tipo de vehículos del servicio público hasta que cumplan con los requisitos de seguridad.
Mientras que en el caso de las unidades que van hasta los municipios conurbados restringir el acceso a vialidades y Centros de Transferencia Modal.
“Se deben retirar bajo una inspección de seguridad, es una de las acciones que debe comenzar la presente administración y continuar el próximo secretario de Movilidad”, explicó.
En un comunicado, retomado por Excélsior, el Poder del Consumidor explicó que dichos modelos de vagonetas, generalmente de marcas asiáticas, no están a la venta en países como Japón, Estados Unidos o Canadá, debido a que su diseño, configuración y capacidad no son aptas para estos servicios y “ponen en peligro la vida de quienes la usan”.
La organización detalló que los modelos Urvan de Nissan y Hiace de Toyota no cuentan con frenos ABS, ni con cinturones de tres puntos en todas las plazas y tampoco con Control Electrónico de Estabilidad (ESC).
Cabe destacar que en la capital mexicana circulan unas cinco mil vagonetas de diferentes marcas y modelos, algunas de las cuales rebasaron por mucho su vida útil que es de diez años.
Mientras que en otras rutas de transporte, como la 66, renovaron la mayoría de su parque vehicular por vagonetas en lugar de autobuses.
Por su parte, Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del ITDP, consideró que, además del tema de falta de seguridad, también tiene que ver la cuestión de cómo se operan estos vehículos.
“Aunque sí hay un tema importante e inaceptable de que algunos modelos en México no tienen los mismos modelos, me parece que también es una cuestión de cómo se operan esas unidades (velocidad, condiciones laborales de los choferes, etcétera), de la mala infraestructura y de la poca aplicación de la ley”.
En tanto, Xavier Treviño, de Céntrico, indicó que la operación debe ser de manera controlada y a bajas velocidades.
“El uso de estos vehículos para transporte colectivo debe hacerse de manera controlada, a bajas velocidades y en corredores de baja demanda que requieren alta frecuencia. Usarlos de manera masiva en corredores de alta demanda, bajo el esquema de persona-camión, con sobrecupo y sin los estándares mínimos de mantenimiento y equipamiento de seguridad pone en alto riesgo tanto a usuarios del servicio como a transeúntes en la calle”, señaló.
Alvarado exhortó a la creación de un manual de configuración de vehículos de transporte público en donde se especifiquen las medidas de seguridad mínimas necesarias para ofrecer dicho servicio.
El Poder del Consumidor también responsabilizó al gobierno mexicano, en particular a la Secretaría de Economía, de permitir la venta de autos inseguros.
“Y a las compañías automotrices que durante décadas han abusado de la falta de autoridad en materia de seguridad vehicular para hacer negocio con autos de muy baja seguridad a costa de la vida y el bolsillo de los consumidores mexicanos”, indicó en un comunicado.
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