CHILPANCINGO,
Gro., 09 Diciembre 2016.- El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y
Justicia Penal A.C. (CCSPJP) entregó a la Procuraduría General de la República
(PGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una lista con los
nombres de 25 acaldes y exalcaldes de Guerrero presuntamente ligados con el
crimen organizado.
Lo
anterior fue dado a conocer por José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la
organización, quien dijo que en el listado incluye al detenido exalcalde de
Iguala de la Independencia el perredista José Luis Abarca Velázquez, implicado
directamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
También
aparecen Armando Ríos Piter, actual senador de la república por el PRD; Lázaro
Mazón Alonso, ex alcalde Iguala de la Independencia, exsecretario de Salud y
frustrado candidato al gobierno de Guerrero por el partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
También
está en la lista Socorro Sofío Ramírez Hernández, ex alcalde de Tlalixtaquilla,
ex titular de Desarrollo Rural de Guerrero, actual senador de la república del
PRI, hace unos meses del PRD y el actual ex diputado local Bernardo Ortega
Jiménez, ex alcalde Quechultenango y ex presidente de la Comisión de Gobierno
del Congreso de Guerrero.
En
conferencia de prensa, Ortega Sánchez explicó que la lista se integró a partir
de señalamientos y hechos recogidos en un estudio llamado “Guerrero: atrapado
en el círculo de la violencia”, que también fue presentado ante la Procuraduría
General de la República (PGR).
En
la lista figuran priistas, perredistas y panistas, además de los ya mencionados
están, del PRI los ex alcaldes César Miguel Peñaloza Santana, de Cocula;
Salomón Majul González, de Taxco, actual diputado federal; Mario Moreno Arcos,
de Chilpancingo; Francisco García González, de Chilapa de Alvarez; Ignacio
Basilio García, del municipio de Eduardo Neri, actual diputado local y
presidente de la comisión de Hacienda del Congres local; Norberto Figueroa
Almazo, de Huitzuco; Erick Fernández Ballesteros, de Zihuatanejo de Azueta.
Así
como los priistas Eusebio González
Rodríguez, ex alcalde de Olinalá, y actual presidente de la Comisión y Cuenta
Pública del Congreso local; Antonio Navarrete Cortés, Taurino Vázquez Vázquez y
Alejandro Contreras Velazco.
Del
PRD están en la lista Efraín Peña Damacio, de Apaxtla de Castrejón; Gustavo Alcaraz Abarca, de Tixtla;
Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, de Leonardo Bravo; Mario Alberto Chávez
Carbajal, de Heliodoro Castillo (Tlacotepec); Severo Espirito Valenzo, de
Mochitán; Feliciano Álvarez Mecino, de Cuetzala del Progreso; Jesús Valladares
Salgado, de Teloloapan; Crecencio Reyes Torres, ex alcalde y actual Diputado
local de La Unión; Eleuterio Aranda Salgado, ex alcalde de Acapetlahuaya, más
conocido como “El Solitario del Sur” y quien fuera detenido el pasado martes por la noche en Arcelia al traer 400
mil pesos, presuntamente por operaciones ilícitas; Rey Hilario Serrano, ex presidente municipal de Coyuca de Catalán;
Javier Adame Montealbán, ex edil de Ometepec y Juan Carlos Medino González, ex
edil de Huamuxtitlán, del PAN sólo aparece Antonio Galarza Zabaleta, del
municipio de Tepecoacuilco.
Además
de los mencionados en la lista Ortega Sánchez solicitó revisar “cuidadosamente”
a potenciales candidatos a gobernador, porque –dijo– también existen
señalamientos en su contra que los vincula en algún momento con posibles hechos
ilícitos..
“El
gobierno del presidente Peña no comprende la sangrienta disputa entre facciones
políticas que condujo a las atrocidades de Iguala”, acusó el activista quien
además criticó que el presidente tampoco considere el saqueo impuesto a la
sociedad guerrerense por los grupos criminales asociados con los políticos,
“hecho muy similar al de Tamaulipas”.
“En
Guerrero es urgente una intervención del gobierno federal, pero más profunda y
contundente que la de Michoacán, que erradique la colisión de la clase política
con la delincuencia organizada, la violencia política y el expolio criminal”,
reclamó presidente del CCSPJP.
Ortega
Sánchez señaló que toca a la PGR verificar si los señalamientos en contra de
alcaldes son ciertos o no pues ellos son el Ministerio Público.
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