Alfredo
Pérez Zárate.
ACAPULCO,
Gro., 07 Julio 2016.- En una actitud de absoluta cobardía y falta de respeto a
las familias, el Fiscal General del Estado, Xavier Olea Peláez, anunció a los
cuatro vientos que los agentes viales asesinados en últimas fechas en los
linderos del Mercado Central se dedicaban al halconeo.
Según
sus palabras, vertidas en una conferencia de prensa que contó con la presencia
del vocero autorizado en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, eran
policías que trabajaban para el crimen organizado.
En
ningún momento el vocero oficial del gobernador Héctor Astudillo objetó o
intentó corregir el exabrupto cometido por el sujeto que despacha como fiscal.
Como
es del dominio público, en menos de una semana tres agentes viales fueron
asesinados en los momentos en que dirigían el tráfico vehicular en las
transitadas calles aledañas al Mercado Central de este puerto.
El
primer caso se produjo el 27 de junio
cuando uno de los policías viales fue atacado desde un auto en movimiento, al
filo del mediodía, sobre la avenida 16 de Septiembre casi frente a la caseta de
policías ubicada junto a la estación de Bomberos, en la confluencia con la
avenida Constituyentes, en los momentos en que muchísimas personas y
estudiantes de primaria caminaban por la citada arteria. El uniformado no tuvo
la menor oportunidad de defenderse.
El
caso más reciente se produjo cuatro días después, el 1 de julio a las 13:00
horas, cuando dos agentes viales fueron atacados por sicarios que les
dispararon sin motivo alguno causándoles la muerte. El atentado ocurrió casi a
la misma hora que el anterior, la una de la tarde, en la confluencia de las
avenidas Constituyentes, Diego Hurtado de Mendoza y la Vía Rápida, en los
momentos en que los policías viales agilizaban el intenso tráfico de mediodía.
En
este caso, los disparos hirieron a dos personas que transitaban casualmente por
el lugar, lo que causó pánico en esa esquina que colinda con el Mercado
Central, por la que a diario circulan miles de personas.
Como
citamos líneas arriba, en una conferencia de prensa oficial el funcionario
imputó una conducta delincuencial a los agentes viales que, en cumplimiento de
su deber, dirigían el tráfico vehicular cuando fueron atacados por criminales
que les dispararon por encima de la gente.
Cuando
fue cuestionado por la prensa local, el funcionario dijo que hay “indicios” de
que los policías atacados se dedicaban al “halconeo” (espionaje para grupos
criminales), razón por la que habrían sido agredidos por una banda
delincuencial contraria.
¿Indicios?
¿Sólo por indicios el fiscal decide que los tres agentes viales asesinados eran
halcones del crimen organizado?
El
funcionario responsable de la procuración de justicia criminalizó a tres policías rasos al tratarlos como
delincuentes cuando ni siquiera había investigación formal de por medio ni,
mucho menos, la sentencia de un juez.
Lo
peor del caso es que estigmatizó a personas que tampoco se pueden defender,
porque ya están muertas. Qué actuación tan deleznable y abyecta la que
protagoniza Olea Peláez.
Esto
es, además de que esos servidores públicos están muertos, el sujeto que
despacha como fiscal los difama, los desacredita y, de este modo, los sentencia
a ser vistos como delincuentes, lo que se traduce como un estigma para las
familias de los difuntos a quienes causa un profundo daño moral dado que estas
imputaciones fueron vertidas ante los medios de comunicación.
El
halconeo o vigilancia que se ejerce a favor del crimen organizado efectivamente
está tipificado como delito en el Código Penal del Estado de Guerrero, pero en
este caso Olea Peláez está muy lejos de probar que los asesinados trabajaban
para la delincuencia, lo que viola flagrantemente el principio de presunción de
inocencia asentado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
En
todo caso, le Fiscalía General del Estado está obligada a pasar de la etapa
presuncional a la etapa probatoria, lo que a estas alturas resulta poco menos
que imposible porque los aludidos ¡están muertos!
Tanto
el gobernador Héctor Astudillo como los diputados del Congreso local debieran
repensar si Olea Peláez continúa en el cargo atropellando derechos y poniendo
en ridículo a la administración pública estatal.
En
el caso en comento, las familias de los fallecidos están en condiciones de
interponer una denuncia de corte penal en contra del infame funcionario para
hacerlo pagar por estas imputaciones cobardes contra quien ya no se puede
defender.
Recordemos
que hace algunos meses este sujeto provocó la furia de los mandos de las
Fuerzas Federales al decir que en lugar de patrullar la Costera se subieran a
las colonias, donde de verdad estaba la delincuencia. La respuesta de los
federales, especialmente del mando de la Novena Región Militar, fue vetarlo de
actividades y conferencias públicas.
Como
colofón de la ineptitud del fiscal ante la ola de violencia en el puerto, hoy a
través de sus voceros, comunica de manera oficial insinuando, que el atentado a
la familia en la colonia ciudad
renacimiento , en donde perdiera la vida un menor de 6 años, se implica
conductas delictivas provocadas y consentidas al interior de la propia familia
y que el ataque fue directo y en contra del menor tratando de justificar de
manera cobarde el asesinato, afirmando que es , el más claro ejemplo de la
descomposición social, ignorando olímpicamente que esta familia es o fue
víctima de la delincuencia. Ahora resulta que estos voceros oficialistas
pretenden mostrar a una fiscalía científica y hacer alarde y mostrar como
experto investigador con conocimientos en criminología, sociología , psicología al fiscal general del estado, quien en
realidad no ve más allá de sus narices
Esperemos
que el gobernador y el congreso estatal reconsidere la permanencia de Olea en
un cargo tan delicado y de alta responsabilidad, como lo es la procuración de
justicia.
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