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Empresas de la familia del ex procurador Murillo Karam, beneficiadas con contratos millonarios

Animal Político. 

CIUDAD DE MÉXICO, 23 Junio 2016.- Dos empresas constructoras de hijos, sobrinos y parientes políticos de Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, y una más estrechamente vinculada a ellas, ganaron contratos de obra por 4,625 millones de pesos (más de 300 millones de dólares), justo durante los tres años en que él ocupó uno de los puestos más importantes en el gabinete presidencial.
Las empresas Alvarga, Kuoro e Itrio multiplicaron, en ese periodo, 714% sus contratos de obra pública. Y las tres vieron apagarse su estrella cuando Murillo Karam salió del gabinete presidencial.
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo copia de 43 contratos asignados a estas empresas en 17 estados, y tras una revisión encontró aumentos injustificados en precios, adjudicaciones directas poco claras, obras entregadas a destiempo, un fraude probado, e incluso un caso, en el estado de Campeche, en el que se usaron productos piratas en la construcción de un rompeolas.
El 61% del monto de los contratos (2 mil 837 millones de pesos) los otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, en obras carreteras y portuarias.
Ruiz Esparza es el padre que Gerardo Ruiz Dosal, quien fue secretario particular del mismo Jesús Murillo Karam durante el periodo en que éste fue procurador General de la República (de diciembre de 2012 a febrero de 2015).
Entrevistado sobre este último dato, Raúl Murrieta Cummings, sub Secretario de Infraestructura de la SCT, negó que ese vínculo influyera en los contratos. “Yo no recibo instrucciones del hijo (de Ruiz Esparza)”, dijo tajante.
Los contratos -añadió- se dieron a través de licitaciones. “Estamos ante un proceso muy competido y muy lejos de lo que representó la carrera del hijo del señor Secretario”, aseguró.
Las tres firmas manejadas o relacionadas con sus hijos, un cuñado, un sobrino y un yerno de Murillo Karam, quien se vio envuelto en fuertes críticas por su papel en la investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotiznapa, Guerrero, han compartido contratos, domicilios, representantes legales, teléfonos, socios y empleados.
Algunos de sus domicilios han sido, por ejemplo, una casa de interés social o una bodega, algo poco entendible para empresas que, en el periodo 2012-2015, aumentaron sus ganancias en contratos en más de 700% superando los cálculos de la Cámara de la Industria de la Construcción cuyos estudios reflejaron que, ese mismo periodo, el mayor crecimiento a nivel nacional nunca alcanzó el 5%.
La expansión de estas empresas fue tan atípico, que cuando Murillo Karam dejó la Procuraduría General de la República (PGR), la firma Kouro, cuyo director es su hijo Jesús Murillo Ortega, ya había facturado 1,437 millones 351 mil pesos (unos 80 millones de dólares), de acuerdo con los contratos, con un crecimiento acumulado en tres años de 537%, mientras una de las firmas más grandes de México, en ese tiempo, la española OHL registró un decrecimiento en sus ingresos de -71.2%, según sus reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores.
A partir de que Murillo Karam pasó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) –unos días después de abandonar la PGR-, los dividendos de esas tres firmas se vinieron abajo en el sector público.
Esta misma semana se buscó al ex Procurador para solicitar una postura sobre la investigación y declinó a hacer cualquier comentario. Tampoco su hijo aceptó a declarar.
Jesús Murillo Karam fue gobernador del estado de Hidalgo –ubicado a 150 kilómetros de la Ciudad de México- sitio en el que siempre ha gobernado el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los tricolores nunca han perdido el control político en esa zona. Y tampoco lo perderán en los siguientes seis años: en las recientes elecciones, su candidato Omar Fayad obtuvo una diferencia de 73 mil 589 votos respecto a su más cercano opositor, el panista y cantante Francisco Xavier Berganza.
“Grupo Hidalgo”, así se ha llamado en los medios de comunicación a quienes no conocen la derrota cuando de elecciones a gobernador se trata. A él pertenecen el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros.
En Hidalgo fueron registradas Alvarga, Kuoro e Itrio. Según Compranet –el sistema del gobierno federal para informar de las adquisiciones y obras- las tres están perfiladas como compañías “medianas” o “pequeñas”.
Sin embargo, entre los años 2011 y 2015, ampliaron sus ingresos por contratos 2,134% para Alvarga Construcciones, 537% para  Kouro Desarrollos y 387% para Itrio Arquitectos, de acuerdo con datos obtenidos para esta investigación extraídos de registros públicos.
En ese mismo periodo, el mercado de la construcción sufrió los efectos del recorte en el presupuesto para infraestructura, la inestabilidad del peso y el aumento en la tasa de interés, de acuerdo con el último informe del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción publicado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
El documento incluso advirtió que el entorno podría empeorar. “Todos los elementos con que contamos nos indican que probablemente los siguientes años serán de los más complicados”, apuntó el estudio.
Pero la situación no ha sido adversa para todos. Mientras las grandes constructoras han salvado con apuros los escollos en su actividad, las pequeñas y medianas empresas de la familia Murillo aumentaron contratos y ganancias por arriba del promedio nacional.
El actual director y fundador de Kouro Desarrollo SA de CV es Jesús Murillo Ortega, hijo del ex titular de la PGR, pero los accionistas mayoritarios son su hermana, Sandra Georgette Murillo Ortega así como su esposo, Gerardo Saade Kuri.
El otro socio fundador ha sido identificado como su primo, Carlos Castañeda Murillo. Este grupo amplió sus ganancias mediante contratos para obras públicas con el Gobierno Federal  en 537% %, en el mismo periodo en que Jesús Murillo Karam fue procurador.
Aunque Kouro nació en el año 2002, durante una década fue una constructora regional, con presencia básicamente en el estado de México y en Hidalgo. El despegue espectacular vino a partir de diciembre de ese mismo año, cuando Murillo Karam fue designado titular de la PGR.
Mediante solicitudes de acceso a la información, y el cotejo de contratos reportados por la plataforma de Compranet, se logró determinar que en los tres últimos años del sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa (2010-2012), Kouro obtuvo contratos con fondos federales por 225 millones 587 mil pesos.
Con el retorno del PRI a la Presidencia, las adjudicaciones de obra a Kouro se dispararon más de 6 veces, hasta sumar 1,437 millones de pesos, en los tres primeros años del gobierno del priísta Enrique Peña Nieto.
Kouro dejó atrás contratos menores, como la reconstrucción de caminos, para ejecutar con el actual Gobierno Federal obras de gran magnitud, como la modernización de los puertos de Altamira y Manzanillo. El 97% del monto de esos contratos se otorgaron entre 2013 y 2014.
En julio de 2015, la constructora que ha dirigido Jesús Murrilo Ortega entregó un puente vehicular en la ciudad de León con siete meses de retraso. Casi de inmediato, la obra fue cerrada porque presentaba hundimientos.
Pese a que la responsabilidad de arreglar esas fallas era de Kouro, según establecía el contrato firmado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), fue una cuadrilla de 12 trabajadores de Alvarga –otra de las empresas de la familia- la que realizó las obras de reparación, según constataron los reporteros.
“Todos somos Kouro, somos lo mismo”, dijo el jefe de la cuadrilla de Alvarga que realizó las reparaciones.
El domicilio fiscal actual de Kouro, en el fraccionamiento industrial Reforma en Pachuca, Hidalgo, es el mismo de la operadora de Café Madero, una cadena de 12 restaurantes con presencia en los estados de México, el mismo Hidalgo y en el Distrito Federal, en la cual Murillo Ortega es socio, junto con el administrador único de Alvarga.
Al visitar ese domicilio, se constató que corresponde a un conjunto de bodegas, pero no hay maquinaria para la construcción.
Cuando la SCT otorgó los primeros contratos de obra del sexenio a Kouro, esta constructora tenía su domicilio fiscal en la calle Veta Arras 111, en Pachuca. Esta dirección corresponde a una pequeña casa de un piso, en la colonia Real de Minas.
Ante Compranet, Kouro registró otra dirección, en la calle Retorno de Bacalar 145, en el fraccionamiento Rincones del Paraíso del municipio Mineral de la Reforma. Este segundo domicilio es una austera casa de interés social, también de un piso, que está deshabitada.
El administrador de la constructora, Juan Carlos Trejo, se negó a contactar al hijo del ex procurador y rechazó hablar sobre las obras por un convenio de confidencialidad con la SCT.  Jesús Murillo Ortega no respondió a llamadas telefóncias para recoger su postura sobre esta investigación.
Carlos Castañeda Murillo, otro sobrino de Murillo Karam, fue fundador de Kouro y, actualmente es director de Tecnología de la Secretaría de Gobernación.  En entrevista dijo que desde hace 10 o13 años dejó de ser socio en la constructora.
En las actas de la empresa consta que en junio del 2007, Castañeda Murillo cedió sus acciones en Kouro a Sandra Georgette Murillo, hija del ex procurador. Actualmente, ella es la accionista mayoritaria. (ACTA CONSTITUTIVA)
Sin embargo, Castañeda Murillo mantuvo un vínculo con la constructora. En el domicilio de Kuoro, en Pachuca, llega correspondencia a su nombre.
“Esa casa es de mi papá, pero no tengo nada que ver”, justificó el funcionario.
-¿La familia Murillo sigue siendo socia de esa constructora? -se le preguntó.
-No sabría decirte. La verdad, tengo mucho tiempo que no tengo contacto con esas personas.
-¿Pero son sus parientes?
-¿Cómo que si son mis parientes? Pues sí son.
-¿Sí son Murillo?
-Mi mamá es Murillo Karam, claro que sí.
De los 43 contratos revisados para esta investigación, dos fueron otorgados en 2012 a la constructora de los hijos de Murillo, pero al iniciar el actual sexenio de Gobierno, les triplicaron el monto.
Pero además, en ambos contratos incumplieron con los plazos de entrega, lo cual ha sido una constante de la empresa Kouro.
Un distribuidor vial en la carretera México-Pachuca debió entregarse el 2 de mayo del 2013, pero concluyó casi un año después, el 30 de abril del 2014.
El costo de la obra pasó de 57.2 millones de pesos a 186.3 millones de pesos. El incremento fue por ampliaciones del contrato. A la asignación original, le sumaron un puente deprimido por 42.8 millones de pesos y otras vialidades para el Mexibús.
Una revisión de la Auditoría Superior de la Federación reveló que hubo violaciones al marco legal por asignar directamente a Kouro obras adicionales, en vez de concursarlas.
En otra obra también se triplicó el costo. Se trató del acceso y ampliación de la Avenida 5 de Mayo , Puente Grande-Teoloyucan. El presupuesto original fue de 70 millones de pesos, pero se disparó a 197 millones. El plazo de ejecución era de 180 días, pero concluyó en 706 días (un año y medio después).
Kouro fue la encargada de construir el puente Madrazo, que forma parte de la Vía Rápida Bicentenario de León.
La fecha límite de entrega establecida en el contrato fue el 31 de agosto de 2014, pero el puente fue entregado hasta el 16 de julio de 2015, con once meses de atraso.
A los tres meses de inaugurado, el puente ya presentaba hundimientos, desniveles y desprendimientos, por lo que fue necesario cerrarlo para realizar reparaciones.
Cuando la SCT otorgó el contrato por 130 millones de pesos a Kouro, ésta constructora tenía su domicilio en la calle Veta Arras 111, en Pachuca.
Ese mismo domicilio lo compartía con Alvarga, constructora que el 21 de abril de 2015 recibió por parte de la SCT la asignación de otro contrato de la Vía Bicentenario de León, consistente en la construcción de la segunda etapa del distribuidor Morelos, por un monto de 85.5 millones de pesos.
De acuerdo con el contrato, la obra de la segunda etapa del distribuidor vial debió comenzar en abril, pero Alvarga la inició hasta julio. El plazo para concluir el tramo venció en diciembre de 2015, y la constructora dejó la obra inconclusa, con el 57% de avance.
Pese a que abandonó la obra, la SCT le aplicó una sanción mínima, de apenas 14 mil 500 pesos.
Itrio Arquitectos SA de CV, que durante los años 2010-2012 multiplicó sus ganancias en contratos con obras públicas hasta en un 457%, tiene como socios fundadores a Gerardo Roqueñí Murillo y Patricia González Murillo, sobrinos del ex procurador.
El otro accionista es su cuñado, Edmundo González González. Como director ha fungido Alejandro González Murillo, actual diputado federal y también sobrino del ex procurador.
En los últimos tres años del anterior sexenio (2010-2012), Itrio ejecutó obras con fondos federales por 254.5 millones de pesos, mientras que en los tres primeros del actual mandatario (2013-2015) sumaron 1,243 millones de pesos.
La obra de mayor monto (por 885 mdp) se la asignaron en forma directa -sin licitación- para edificar y equipar el centro de control de seguridad y vigilancia C5, en el estado de Morelos, con fondos federales.
Esta obra se entregó en dos contratos uno en 2013 y otro en  2014, cuando Murillo Karam era pieza clave del gabinete de seguridad.
Los actuales accionistas de la constructora son Patricia González Murillo y Edmundo González González, hija y esposo respectivamente de Faride Murillo Karam. El domicilio de Itrio es una casa de un piso en la calle Ignacio Mejía, en Pachuca, sede también de Constructora e Inmobiliaria Argos. 
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En su ficha curricular, el diputado federal Alejandro González Murillo (también sobrino del ex Procurador) mencionó que antes de ser coordinador del Partido Encuentro Social, se desempeñó como director de Itrio Arquitectos y colaboró con la PGR de Morelos.
El legislador se abstuvo de hablar de los contratos que recibió la constructora que ahora encabeza su hermana. “Hoy no puedo hablar a nombre de la empresa, porque no soy parte de ella”, atajó.
Otro sobrino, Gerardo Roqueñí Murillo (hijo de Georgette Murillo Karam), fue el fundador de Itrio, y actualmente es socio de Grupo Roqueñí SA de CV y Soluciones Globales G&G, constructoras que han obtenido en este sexenio 80 millones de pesos en contratos sin licitar del IMSS y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En la lista de contratistas también está Gerardo Murillo Karam, quien facturó más de 600 millones de pesos al IMSS entre 2013 y 2015, por servicios de hemodiálisis en su clínica particular de Pachuca.
El ex Procurador es socio fundador de la empresa importadora de calzado deportivo Grabasa SA de CV, que recibió beneficios fiscales por 10 millones al financiar en 2014 y 2015 al cine mexicano. Los títulos de las cintas: Guerra y Los Parecidos.
*INDAGA es la unidad de investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este trabajo fue realizado con la beca Mike O´Connor de Periodismo de Investigación de Centro Internacional de Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés) y también contó con la colaboración de Jesús García López de AM de León y de Cristina Muñoz.